Tribunalicios de Mérida hacen un llamado al Ministerio del Trabajo

Ni siquiera han disfrutado del aumento salarial del 2007 porque la Oficina Nacional de Presupuesto no ha aprobado mil 591 millardos. En Mérida hay cerca de mil trabajadores tribunalicios

Ingrid Castellanos

icastellanoscambio@hotmail.com

Richard Dávila como presidente del Sindicato de Empleados Tribunalicios del estado Mérida manifestó que cerca de 25 mil trabajadores del sector están en espera de un pronunciamiento por parte del Ministerio del Trabajo acerca del Proyecto Unificado de la Tercera Convención Colectiva del Trabajo del Poder Judicial, el cual involucra a trabajadores no solo de todos los tribunales del país, incluyendo el TSJ, sino a los que laboran en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura y Defensa Pública.

El proyecto fue presentado el 8 de junio de este año ante la Dirección de Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público, y hasta la fecha este grupo de trabajadores representados a través de tres sindicatos: Suontraj, Sintrat y Sunep-Judicatura, no ha recibido respuesta alguna por parte del patrono.

“Le suplicamos al ministro Ramón Rivero que se pronuncie con respecto a este proyecto por cuanto tenemos paralizado un aumento de sueldos y salarios, el pago de beneficios adicionales y aún no nos han dado el aumento salarial de este año, por el estancamiento de esta convención”.

Dijo que en la entidad merideña existen entre 800 a mil trabajadores y a este dirigente sindical le preocupa que el proyecto de convención colectiva este engavetado.

Por otra parte, los sindicatos están denunciando que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), dependiente del ministerio del poder popular para las finanzas, ha puesto trabas burocráticas en la tramitación del crédito adicional por mil 591 millardos que fueron solicitados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y que serían destinados al pago del aumento salarial 2007, la diferencia de aguinaldos, la prima de antigüedad, el bono vacacional, el bono de asistenta recreativa para jubilados y pensionados, los pasivos laborales, las prestaciones sociales desde el 2004 al 2006, la dotación de los insumos para los tribunales y para la remodelación de las sedes.

“Nosotros estamos totalmente preocupados por esta situación y además el único estado que no tiene sede judicial es nuestra entidad merideña”, enfatizó finalmente Richard Dávila.