Un informe elaborado por cinco ONG señala la falta de independencia en las Justicias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Neuquén y Tierra del Fuego: Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamientos con mayoría política o nombramiento de ex funcionarios de gobierno en los Superiores Tribunales de Justicia. Como ejemplo de eso, y otras falencias, el trabajo destaca el insólito caso del ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, destituido por una ley
Gobiernos hegemónicos, dirigentes caudillistas, jueces socios de los gobernantes, falta de transparencia en la selección de magistrados, persecuciones a funcionarios judiciales que investigan lo que el poder político no quiere. Este conjunto de situaciones caracteriza a la Justicia de seis provincias del país y que acarrean una lógica falta de independencia judicial.
A través de un detallado análisis, cinco organizaciones civiles concluyeron que en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Neuquén y Tierra del Fuego la independencia judicial está severamente afectada. “Estos informes demuestran que nuestro país atraviesa por una crisis de independencia judicial en sus estados provinciales que se ha transformado no solo en problemas locales sino en un problema nacional”, señala el trabajo presentado este martes y elaborado por la Fundación Crecer San Luis, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Participación Ciudadana, y Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad de Expresión, con la coordinación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
La falta de independencia se da en gran medida en gobiernos casi unipersonales: en Jujuy, Eduardo Fellner está desde 1999, en Neuquén, Jorge Sobich atraviesa su tercer mandato y en San Luis la familia Rodríguez Saá gobierna desde 1983. El informe también ejemplifica como un caso paradigmático de la falta de independencia la destitución por ley del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, en 1995 cuando Néstor Kirchner era gobernador.
Aquí una síntesis de la situación de cada provincia del extenso informe que puede leerse en el archivo adjunto de esta nota y que le fue presentado a la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay.
JUJUY
La mayoría de los integrantes del STJ fueron elegidos por el gobernador Fellner quien designará al quinto integrante del cuerpo por el fallecimiento en 2006 de uno de sus integrantes. La mayoría de los jueces del Máximo Tribunal tuvieron cargos públicos que los unen al oficialismo o relaciones privadas: José Manuel Del Campo, fue socio del estudio jurídico de Fellner; María Silvia Bernal fue Fiscal de Estado; y Sergio Ricardo González, fue presidente del Tribunal de Cuentas de la gobernación. El trabajo destaca que “a lo largo de la historia de la selección de los jueces de la provincia, no han existido convocatorias abiertas ni han sido publicadas, por ningún medio, las vacancias disponibles para ocupar cargos de jueces. Tampoco la nómina de los candidatos a jueces antes de ser designados, y menos aún, los antecedentes de los postulantes”. Actualmente hay 14 cargos de magistrados vacantes, lo que representa el 20 por ciento de todos los tribunales.
En Jujuy no hay Consejo de la Magistratura, sino que el STJ envía ternas de candidatos al Poder Ejecutivo que pide el nombramiento a la Legislatura.
TUCUMAN
En esta provincia, gobernada por un aliado del kirchnerismo, Jorge Alperovich, el funcionamiento del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y el Jurado de Enjuiciamiento están impugnados por la Justicia. Esos organismos tienen una integración con preponderancia política. La CAM está integrada por el ministro de Gobierno, el fiscal de Estado y el secretario General de la Gobernación (tres representantes políticos del PE); un representante del Poder Judicial, un Legislador de la mayoría y un abogado letrado elegido por sorteo. Mientras que el Jurado lo componen cinco representantes de la Legislatura, uno del Poder Ejecutivo, un miembro de la Corte Suprema y un representante de los abogados. “Esta abrumadora mayoría política significa una amenaza permanente a los jueces que no respondan al poder de turno, que persigan penalmente a alguno de sus funcionarios, o que fallen en contra de sus intereses”, critica el informe.
Y eso le sucedió al Colegio de Abogados de Tucumán que inició la causa contra la CAM y el Jurado y a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo. El Gobierno amenazó con quitarle al Colegio la matricula de los abogados y envió a la Legislatura un proyecto para crear una instancia superior a la Cámara en lo Contencioso-Administrativo que finalmente fue aprobado con el voto mayoritario del oficialista y la oposición del resto de los partidos.
SANTIAGO DEL ESTERO
La Constitución le garantiza a los jueces la estabilidad en los cargos. Pero luego de la intervención federal en 2004, los 74 magistrados están puestos en comisión y su permanencia es provisoria. El actual gobernador, el radical K Gerardo Zamora, nombró por decreto a los cinco integrantes del STJ el 24 de marzo de 2005, lo que después fue ratificado por la Cámara de Diputados. El informe resalta que los antecedentes de los jueces nunca fueron dados a publicidad ni tampoco existió un período de opiniones de la ciudadanía sobre los elegidos.
En este caso también hay vinculaciones políticas entre el Gobierno y los jueces.: Lionel Suárez fue diputado nacional por la UCR y Sebastián Argibay perteneció a la Procuración del Tesoro Municipal. El Fiscal del STJ, Luis de la Rúa, fue funcionario en la Municipalidad en distintas gestiones radicales e integró entre 2004 y 2008 la lista de Convencionales Nacionales del radicalismo.
SAN LUIS
La renuncia en 1996 de cuatro de los cinco integrantes del STJ le permitió al entonces gobernador, Adolfo Rodríguez Saá, designar a personas vinculadas a su Gobierno. “Todos los nuevos magistrados designados tenían antecedentes de haber ocupado cargos políticos en los otros poderes públicos”, señala el trabajo. Dos hecho de trascendencia nacional pusieron a la Justicia puntana en el tacho de basura de la independencia. Uno fue el aval que el STJ le dio a las dos elecciones que dieron para ocupar el mismo cargo de intendente de la ciudad de San Luis. Hubo dos administraciones paralelas durante más de un año y medio hasta que la Corte Suprema nacional puso punto final al conflicto y avaló la elección apoyada por la intendencia, opositora al gobierno de los Saá, y criticó duramente el papel del STJ.
El otro hecho fue la firma de renuncia anticipadas por parte de magistrados y funcionarios antes de asumir el cargo que denunció la fiscal Gretel Diamante en abril de 2005 ante la Procuración General de la Nación. Todos los jueces sospechados de haber firmado las renuncias continúan ejerciendo sus cargos, pese a que también se encuentran denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento, estando prácticamente paralizados los expedientes en cuestión. En otros casos, a menos de dos años de la denuncia, han sido nuevamente nombrados en el Poder Judicial a pesar de haber renunciado”, revela el informe.
El actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá, es candidato a Presidente de la Nación.
NEUQUEN
Otro candidato a Presidente es el gobernador Jorge Sobich quien en 2005 concluyó la renovación de todos los jueces del STJ. Dos de los nuevos magistrados eran camaristas penales (Roberto Fernández y Jorge Sommariva) que sobreseyeron al Gobierno en una causa donde se lo investigó por querer sobornar a un legislador de la oposición para que de quórum en una sesión y así poder nombrar en 2001 a tres abogados cercanos, entre ellos su letrado persona, en el STJ, lo que finalmente no logró.
El fiscal que impulsó la investigación contra Sobich, Ricardo Mendaña, fue destituido por el delito de “apropiación ilegal de tierras” (en la causa penal fue sobreseído) con los votos de los integrantes del Jurado que responde al Gobierno. Luego el STJ anuló la destitución y repuso a Mendaña en su cargo pero éste se negó a volver a sus funciones.
TIERRA DEL FUEGO
En 2000, el ex gobernador peronista Carlos Manfredotti impulsó una ley de jubilación obligatoria y anticipada con sólo cinco años de aporte y 55 de edad que produjo la remoción de, por ejemplo, el 100 por ciento de los miembros STJ y del 83 por ciento de los jueces de Cámaras. Respecto al STJ, “desde 1994 pasó por diecisiete conformaciones diferentes, lo que equivale a decir que el máximo organismo judicial de la Provincia varía, en promedio, una vez cada ocho meses”, releva el trabajo lo que demuestra una total inestabilidad del Máximo Tribunal de la provincia.
No es mejor la situación del Consejo de la Magistratura. “Carece de mecanismos objetivos selección y opera en base a la decisión discrecional” de sus miembros. “El sistema consiste, básicamente, en la autopostulación de candidatos para aspirar a los cargos vacantes y la selección arbitraría por la falta de necesidad de fundamentar los motivos por los cuales es nombrado el nuevo magistrado. Las dificultades que presenta el mecanismo de selección fueguino se debe, en primer lugar, a su baja calidad técnica”, analiza el trabajo.
EL CASO SOSA EN SANTA CRUZ
El caso del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, es tal vez el mejor ejemplo de los últimos tiempos de la falta de independencia en la Justicia. En 1995, durante la segunda gobernación de Néstor Kirchner, la Legislatura sancionó una ley desdobló el cargo de Procurador en dos: un Agente Fiscal y un Defensor de Pobres. Ninguno de los nuevos cargos era Sosa quien fue destituido sin un juicio político, como obliga a realizar la Constitución provincial, Sosa recurrió a la Corte Suprema de la Nación que dispuso que se le restituya su cargo. La Fiscalía de Estado pidió que en vez de de volverle el cargo se lo indemnizar con 1.200.000 pesos pero Sosa no lo aceptó.
