El Secretario de Organización seccional del SUONTRAJ seccional Mérida fijó posición en relación a la situación que viven los empleados judiciales, al respecto expresó "Denunciamos que el Poder Judicial presenta un déficit presupuestario por el orden del 47 % debido a la continua negativa que mantiene la ONAPRE de no aprobar el crédito adicional de 1,5 millardos de bolívares solicitado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en marzo del presente año, esto hace que se dificulte cumplir con el artículo 26 del texto constitucional pues se pone en riesgo la administración de justicia en Venezuela"
Explicó el directivo sindical que para poder cumplir con principios contenidos en la carta magna debe aprobarse este crédito adicional a los fines de que la justicia no se paralice "...por falta de papel ya que los jueces no tendrían donde imprimir sus sentencias u otros insumos necesarios que coadyuvan a la prestación del servicio...": Esta situación es grave pues la Dirección Ejecutiva de la Magistratura mantiene una deuda social con los trabajadores de nuestro sector debido a que se anuncian aumentos salariales pero a estas alturas no lo vemos por ningún lado" denunció Cermeño.
En este mismo orden de ideas, señaló Cermeño "Denunciamos que la Dirección de Inspectoría Nacional del Trabajo y Otros Asuntos Colectivos Sector Público del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social, no ha dado el correspondiente curso legal en cuanto a su tramitación al PROYECTO UNIFICADO DE LA TERCERA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL PODER JUDICIAL, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Y SUS DIRECCIONES REGIONALES, INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA Y DEFENSA PÚBLICA, presentado por ante la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo Sector Público, en fecha 08 de Junio de 2.007, por las Organizaciones Sindicales que hacemos vida dentro del poder judicial venezolano al ente Empleador (Dirección Ejecutiva de la Magistratura) y Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo, solicitando la remisión del Estudio Económico Comparativo, con base en las normas fijadas por el mencionado Ministerio, que evidencie los costos de las condiciones de trabajo vigentes y de las previstas en el referido proyecto; todo de conformidad con lo estipulado en el artículo 517 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta situación de no tramitar nuestra Convención Colectiva violenta los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos ratificados por la República y lo previsto en el artículo 96 de la Constitución Nacional" Continuó Cermeño resaltando que "Esta situación es grave debido a que se violentan los derechos de los trabajadores a discutir sus condiciones de trabajo en el sector judicial" y al respecto se preguntó ¿Será que tendremos que seguir el ejemplo de los trabajadores de PDVSA y paralizar las actividades?
En este sentido el dirigente gremial señaló que están agotando las vías que concede el mismo Contrato Colectivo como lo fue el haber introducido el pliego conciliatorio pero que si persiste la negativa de discutir su Convenio Colectivo tendrán que buscar salidas radicales a los fines de que se les atienda en sus peticiones.
Por otra parte puntualizó el directivo seccional que "además de no haber pronunciamiento en relación a la violación que hicieron en el Tribunal de Protección de las vacaciones de los trabajadores en el Estado Mérida; se viola la seguridad industrial contenida en a LOPCYMAT por parte de algunos Tribunales merideños; no hay anuncios serios de aumento salarial; no llega nunca el FIDEICOMISO, ahora se suma la no discusión del Contrato Colectivo"
Para finalizar indicó Cermeño que "Estamos cansados de estar asumiendo una actitud pasiva, es el momento entonces de convocar las respectivas Asambleas a los fines de decidir las acciones pertinentes para el cumplimiento de nuestros derechos"
Explicó el directivo sindical que para poder cumplir con principios contenidos en la carta magna debe aprobarse este crédito adicional a los fines de que la justicia no se paralice "...por falta de papel ya que los jueces no tendrían donde imprimir sus sentencias u otros insumos necesarios que coadyuvan a la prestación del servicio...": Esta situación es grave pues la Dirección Ejecutiva de la Magistratura mantiene una deuda social con los trabajadores de nuestro sector debido a que se anuncian aumentos salariales pero a estas alturas no lo vemos por ningún lado" denunció Cermeño.
En este mismo orden de ideas, señaló Cermeño "Denunciamos que la Dirección de Inspectoría Nacional del Trabajo y Otros Asuntos Colectivos Sector Público del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social, no ha dado el correspondiente curso legal en cuanto a su tramitación al PROYECTO UNIFICADO DE LA TERCERA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL PODER JUDICIAL, TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA Y SUS DIRECCIONES REGIONALES, INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA Y DEFENSA PÚBLICA, presentado por ante la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo Sector Público, en fecha 08 de Junio de 2.007, por las Organizaciones Sindicales que hacemos vida dentro del poder judicial venezolano al ente Empleador (Dirección Ejecutiva de la Magistratura) y Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo, solicitando la remisión del Estudio Económico Comparativo, con base en las normas fijadas por el mencionado Ministerio, que evidencie los costos de las condiciones de trabajo vigentes y de las previstas en el referido proyecto; todo de conformidad con lo estipulado en el artículo 517 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta situación de no tramitar nuestra Convención Colectiva violenta los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos ratificados por la República y lo previsto en el artículo 96 de la Constitución Nacional" Continuó Cermeño resaltando que "Esta situación es grave debido a que se violentan los derechos de los trabajadores a discutir sus condiciones de trabajo en el sector judicial" y al respecto se preguntó ¿Será que tendremos que seguir el ejemplo de los trabajadores de PDVSA y paralizar las actividades?
En este sentido el dirigente gremial señaló que están agotando las vías que concede el mismo Contrato Colectivo como lo fue el haber introducido el pliego conciliatorio pero que si persiste la negativa de discutir su Convenio Colectivo tendrán que buscar salidas radicales a los fines de que se les atienda en sus peticiones.
Por otra parte puntualizó el directivo seccional que "además de no haber pronunciamiento en relación a la violación que hicieron en el Tribunal de Protección de las vacaciones de los trabajadores en el Estado Mérida; se viola la seguridad industrial contenida en a LOPCYMAT por parte de algunos Tribunales merideños; no hay anuncios serios de aumento salarial; no llega nunca el FIDEICOMISO, ahora se suma la no discusión del Contrato Colectivo"
Para finalizar indicó Cermeño que "Estamos cansados de estar asumiendo una actitud pasiva, es el momento entonces de convocar las respectivas Asambleas a los fines de decidir las acciones pertinentes para el cumplimiento de nuestros derechos"
