Desde 2008 Estados Unidos investiga a más de
60 civiles y militares. Sobre los señalados se ciernen procesos
administrativos y penales
En los últimos 7 años organismos
del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de
60 funcionarios venezolanos. La lista incluye a civiles y militares
señalados en 2008, 2011, 2013 y 2014 de violar los derechos humanos,
cooperar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y grupos
terroristas y estar involucrados en el tráfico de drogas.
En
2008 Estados Unidos acusó a Ghazi Nasr al Din, ex representante
diplomático de Venezuela en Damasco y ex presidente del Centro Islámico
Chiita, de asistir financieramente al grupo Hezbolá. Es el mismo
funcionario que la semana pasada apareció solicitado en la lista de
terroristas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus
siglas en inglés).
Ese año el
Departamento del Tesoro incorporó en la OCFA, también conocida como la
lista negra, por presunto narcotráfico y nexos con las FARC, a los
generales Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, junto al capitán de navío
Ramón Rodríguez Chacín. Los dos últimos son los actuales gobernadores de
Trujillo y Guárico, respectivamente.
En
2011 aparecieron en esa lista el general Clíver Alcalá Cordones por la
“creación de una ruta de armas por droga”, los diputados Freddy Bernal,
por intermediación en la venta de armas a irregulares, y Amílcar
Figueroa, acusado de proveer armas y contactar a las FARC, y el
comisario Ramón Madriz (inteligencia) por supuestamente coordinar la
seguridad de la guerrilla. Fueron congelados en suelo estadounidenses
los activos de estos funcionarios.
En
2013, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones
contra el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly
Kotosky Villarroel Ramírez, por presuntos vínculos internacionales con
el narcotráfico. Villarroel fue identificado como un “capo de la
droga”.
La Ley para la Defensa de los
Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, firmada por Barack
Obama en diciembre de 2014, involucra a 56 funcionarios venezolanos,
según la lista difundida por el senador republicano Marco Rubio,
señalados de violar los derechos humanos durante las protestas que
comenzaron en febrero de ese mismo año.
En
este grupo figurarían la fiscal Luisa Ortega, la ex defensora del
Pueblo Gabriela Ramírez, el ex ministro del Interior Mguel Rodríguez
Torres; el ministro Elías Jaua, los gobernadores José Vielma Mora, Henry
Rangel Silva, Francisco Rangel Gómez y Alexis Ramírez; los generales
Justo Noguera, Aref Richany, Sergio Rivero, Antonio Benavides, Miguel
Vivas, Franklin García Duque, Hugo Carvajal, Iván Hernández Dala, Manuel
Quevedo, Manuel Bernal, Julio Morales y Marcos Rojas Figueroa, entre
otros.
A inicios de la semana pasada el diario ABC
de España aseguró tener información según la cual el capitán de corbeta
Leamsy Salazar Villafaña, antiguo escolta del presidente de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello, lo habría acusado ante la DEA de liderar el
Cartel de los Soles. El militar también formó parte del anillo de
seguridad del presidente Hugo Chávez.
En
2011 Pdvsa apareció en el grupo de siete empresas sancionadas por el
Departamento de Estado por mantener relaciones comerciales con Irán. Ese
año también fue señalada la Compañía Anónima Venezolana de Industrias
Militares, cuya sanción se extendió en 2013 por un lapso de dos años que
vence este mes de febrero. El cuestionamiento estadounidense hacia
Cavim fue el intercambio de equipos o tecnología con Irán, Corea del
Norte y Siria.
Investigaciones prioritarias.
“No hay que singularizar una ofensiva contra Venezuela. El tema del
narcotráfico es de alta prioridad para el gobierno de Estados Unidos y
su política de seguridad”, sostuvo Carlos Bivero, ex funcionario del
servicio exterior. Señaló que en varias fiscalías de ese país hay causas
sobre drogas, e indicó que los derechos humanos forman parte
fundamental de su política exterior.
Añadió
que la legislación estadounidense exige hacer pronunciamientos y
sancionar de acuerdo con los procesos de investigación. “A veces hay un
tratamiento un poco escandaloso de la información sobre el narcotráfico
en Venezuela, la cual solo conocemos por terceros. El gobierno de
Nicolás Maduro maneja la versión del ataque al pueblo porque no hay
manera de contrastar la información que llega”, señaló Bivero.
Destacó
que “en un país donde los poderes públicos funcionaran adecuadamente,
se abrirían investigaciones imparciales ante los señalamientos”. Indicó
que la calificación de un Estado forajido es subjetiva y se determina
en la medida en que un país se aleja de la normativa internacional.
“Es
importante diferenciar los procesos penales de los actos
administrativos”, advirtió Angelina Jaffé, directora de la Escuela de
Derecho de la Universidad Metropolitana.
La
abogada explicó que las acusaciones de narcotráfico se dirimen en los
tribunales y pueden originar órdenes internacionales de captura,
congelación de bienes y la prohibición de establecer nexos comerciales
con Estados Unidos. En el caso de violación de derechos humanos, las
sanciones son administrativas y rigen solo en el territorio
estadounidense con la suspensión de visas y el congelamiento de bienes y
propiedades.
Aislamiento.
“El objetivo del expediente venezolano es colocar en la palestra
mundial la trascendencia de los derechos humanos. La piedra angular está
en establecer precedentes, mecanismos y procedimientos, porque el brazo
largo de la justicia tarda pero llega”, aseveró José Antonio Rivas
Leone, investigador de la ULA.
Rivas
señaló que los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia
son esenciales. De allí que su violación por particulares, funcionarios
públicos o por el Estado acarrean responsabilidades civiles,
administrativas y penales. Llamó la atención sobre la ausencia de
investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y corrupción en el
país.
La autonomía de los poderes
públicos en Estados Unidos se refleja en las investigaciones que
realizan, consideró Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de
Internacionalistas de Venezuela. Señaló que el expediente contra
funcionarios venezolanos también se alimenta con los señalamientos que
ha hecho la Unión Europea, por lo que cree que no puede subestimarse.
Un
día después de la firma de sanciones americanas, la alta representante
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Federica Mogherini, dijo que está “seriamente preocupada por el cada vez
más deteriorado clima de confrontación en Venezuela y las continuas
detenciones arbitrarias de líderes de la oposición y de estudiantes”.
Contreras
cree improbable que Estados Unidos aplique sanciones con efectos
nacionales, como el embargo hacia Cuba, pero destacó el aislamiento de
los presuntos involucrados en delitos, pues no pueden salir del país
ante la posibilidad de ser detenidos.
Los cooperantes “apátridas”
El
capitán de corbeta Leamsy Salazar Villafaña es la última de las voces
que han hecho señalamientos sobre supuestos ilícitos de funcionarios
venezolanos. En este grupo de cooperantes considerados por el
oficialismo como “apátridas” está el militar retirado y exmagistrado
Eladio Aponte Aponte.
Aponte declaró
desde Estados Unidos, en 2012, tras su destitución del TSJ. Dio detalles
sobre la manipulación de la justicia desde el Ejecutivo y acusó a jefes
militares de la FANB de fungir como zares de la droga.
La
AN investigó a Aponte por expedir una credencial que identificaba al
presunto narcotraficante Walid Makled como su asistente cuando era el
fiscal general militar. En 2014 la Fiscalía anunció la orden de captura
internacional contra Rafael Isea, ex gobernador de Aragua, por la
adquisición de “dólares en acciones delictivas”. Según medios
internacionales, en 2013 Isea llegó a Estados Unidos como colaborador de
la DEA.
