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28 febrero 2008

Realizada reunión en el TSJ entre los actores que integran el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente

Una reunión, en la que participaron representantes de todos los actores que integran el Sistema de Protección, se realizó en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y sobre la cual el magistrado Juan Rafael Perdomo, vicepresidente de la Sala de Casación Social y coordinador de la Comisión para la reforma e implantación de la Lopna, informó que se creó una Comisión multi institucional, con el objetivo, entre otros, de realizar un estudio total de la recién reformada Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna), con miras a fortalecer los órganos de protección y de derecho.

Luego de finalizada la reunión, desarrollada en el salón de usos múltiples del Máximo Tribunal, el Magistrado informó que la Comisión está integrada por representantes del Alto Juzgado, Unicef, Minpades, la Defensa Pública, el Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, jueces de protección, es decir, están involucrados los actores del Sistema de Protección y del Sistema de Responsabilidad Penal, “para que desarrollemos una estrategia, unas líneas de acción, unas tareas, que le den vida a este propósito de la reunión de hoy”, aseguró Perdomo.

Explicó también que la Lopna es una Ley que requiere “un desarrollo para su implementación, para lo cual el Ministerio de Poder Popular para la Participación Popular y el Desarrollo Social (Minpades) está asumiendo el control de la parte administrativa, mientras que nosotros como Tribunal Supremo el control de la parte jurisdiccional”.

El magistrado Juan Rafael Perdomo agregó que la idea de la reunión también fue fortalecer al mencionado Ministerio para que lleve a cabo con el alto Tribunal y los demás órganos presentes en el encuentro, la misión de fortalecer, desarrollar y dar respuesta a temas tan importantes como el de adopciones, colocación familiar, unidades de atención, la Misión Infancia y todo lo que sea necesario para fortalecer los órganos de protección y de derecho.

TODOS AL SERVICIO DE UNA MISMA CAUSA

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, precisó que con la reunión se persigue coadyuvar en la instrumentación de la Lopna. Informó que en el encuentro todos los participantes “estuvimos viendo todos los bastiones que podemos desarrollar y que por supuesto serían ejecutados a través del Ministerio de Poder Popular para la Participación Popular y el Desarrollo Social, pero que todos tenemos un protagonismo en materia de infancia, una materia que es transversal, que ocupa a todos los actores de los cinco Poderes y este encuentro es precisamente una reunión de articulación, de coordinación y es sumamente necesaria porque nos permite avanzar sobre una visión compartida en materia de niñez y adolescencia y avanzar en el sistema de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

En relación con el trabajo que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo, Ramírez expresó que en materia de protección tienen una tarea bien específica, la cual es la vigilancia y supervisión de todas las entidades de atención en el país, “de tal forma que a nosotros nos correspondería desarrollar un instrumento que nos permita darle seguimiento, que permita elevar un informe y que le permita al Ejecutivo, a partir de los aspectos que nosotros recabemos, diseñar políticas para estas entidades y que estén contestes, que estén de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.

ARTICULACIÓN DE TODOS LOS ACTORES

Por su parte Delia Martínez, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) vio con beneplácito el desarrollo de esta actividad ya que en su criterio es el espacio ideal “para comenzar a mirar lo que son los primeros pasos para la implementación de la reforma de la Lopna y comenzar a atender algunos nudos críticos que pueden estarse presentando en este momento dentro del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente”, agregó que con este espacio en el que participan y trabajan de manera mancomunada todos los entes involucrados en el Sistema de Protección se espera que los frutos en ese sentido comiencen a verse de manera pronta.

Finalmente Litbell Díaz, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional del Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes (Iacndna), manifestó que la reunión realizada en la sede del TSJ es un paso bien importante, “en un tema que hemos venido posponiendo por varias razones, pero que en este momento creo que existen las condiciones y toda la voluntad política para sacarlo adelante como es el tema de la articulación entre todos los actores del Sistema de Protección.”

Aseguró que el Iacndna tiene toda la disposición de desarrollar las acciones que sean necesarias en función de articular a todos los actores del Sistema de Protección, “porque creemos que es un paso fundamental para nosotros poder garantizar el objetivo estratégico que en este momento es dotar al Estado revolucionario de una política integral y coherente en materia de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

En este encuentro participaron también, entre otros, representantes de la Defensa Pública, el Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral y Marcela García Curcho, integrante de la Comisión para la Reforma e Implementación de la Lopna.


Autor:
PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
28/02/2008

27 febrero 2008

TERRORISMO LABORAL II : SE AGRAVA SITUACIÓN DE TRIBUNALES LABORALES EN MÉRIDA

Mérida (CDS) En días pasados denunciábamos la actitud asumida por la Coordinadora Laboral del Estado Mérida, abogada Glasbel Belandria Pernía, quien en un oficio dirigido al Presidente Seccional, Richard Dávila, le solicitaba explicaciones en relación con que "en el messenger del sindicato, en el espacio de un servicio público de dominio internacional dedicado a mantener un mensaje personal se podía leer: (según el dicho de esa jefe de despacho) "Jueces laborales de El Vigía abusan de Funcionario", por cuanto esa Coordinación busca la verdad de la situación y si fuera así seguir ofreciendo, según dice la Coordinadora Laboral, "un ambiente de trabajo caracterizado por la armonía, solidaridad, colaboración, tranquilidad, seguridad, trabajo en equipo, como lo han venido haciendo desde la creación de los Tribunales del Trabajo en esta entidad federal y que merecen esos trabajadores en pro de la majestad del poder judicial"

Nos preocupa enormemente esta situación pues al parecer este requerimiento se deriva por una situación acaecida con ocho (08) funcionarios al servicio de la Coordinación Laboral extensión El Vigía y dos juezas de esa dependencia judicial. El caso es que, al parecer al más Alto Tribunal de la República llegó un oficio suscrito por estos ocho (08) funcionarios por medio del cual se hacía una serie de denuncias en contra de estas dos juezas. Denuncias de maltrato laboral, acoso sexual, amenazas de destitución y prácticas anti-sindicales al prohibir a los funcionarios el derecho a la sindicalización, en síntesis practicaban presuntamente "mobbing laboral". Al parecer al ser interpelados los ocho (08) funcionarios que suscribieron el oficio, los mismos negaron rotundamente que esas fueran sus firmas y que estuvieran denunciando esos presuntos hechos acaecidos en esos tribunales laborales, es decir, al parecer existe una "falsificación de firma".

La presión se ha tornado tan grave y profunda que han encerrado varias veces a los trabajadores para someterlos a interrogatorios del tipo "DISIP CUARTA REPUBLICANA" durante horas a los fines de que los funcionarios "canten", es decir, digan una verdad que no se sabe cual es; hasta el mismisimo Magistrado Luis Franceschi (Coordinador de los Tribunales Laborales designado por la Sala Plena del TSJ) vendrá a Mérida a solventar dicha situación para esclarecer la verdad de tales hechos.

Ahora bien, ante esta violación de derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en contra de trabajadores de los Tribunales laborales del Estado Mérida, este sindicato, muy responsablemente, alerta a los trabajadores de Venezuela que se está violando flagrantemente el artículo 49 Constitucional debido a que en ningún momento se les ha dichos las razones por las cuales se les somete a esos interrogatorios y son objeto de persecuciones de otros funcionarios que gozan de la confianza de la Coordinadora Laboral o si se les está investigando en el marco de un procedimiento disciplinario. No entendemos la razón por la cual si esto constituye un delito que está tipificado en el Código Penal venezolano no se ha denunciado ante el órgano competente a los fines de que se abra una investigación para determinar si las firmas que aparecen en el oficio pertenecen o no a los ocho (08) funcionarios cuyos nombres aparecen en el mismo. Este delito está claramente establecido en el Código Penal venezolano y se encuentra tipificado en el artículo 321 ejusdem.

Ante estos hechos no entendemos las razones por las cuales no se hace la denuncia a los fines que el Ministerio Público haga las respectivas investigaciones para determinar, en el caso de existir delito, los hechos que suscitaron el tantas veces mencionado oficio. Recordemos que los Tribunales Laborales del estado Mérida son los que poseen el mas alto número de trabajadores CONTRATADOS.

Hacemos un llamado para que cese la persecución desatada en esos Tribunales en contra de los trabajadores contratados.




EL SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (SUONTRAJ), se une al duelo que embarga a los familiares de:

ADRIANA MARTINEZ MORENO


CONSIDERANDO:

Que ADRIANA MARTÍNEZ MORENO, fallecida en el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 21 de febrero de 2008, era hermana de la Dra. ILEANA MARTÍNEZ MORENO, quien se desempeña como abogada asistente en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y trabajadora afiliada a este sindicato Sindicato.

CONSIDERANDO:

Que la Dra. ILEANA MARTÍNEZ MORENO, agremiada a este sindicato y quien goza del aprecio y respeto de las personas afiliadas al miso.

CONSIDERANDO:


Que la desaparición física de
ADRIANA MARTÍNEZ MORENO, deja un profundo vacío en el seno de su familia y enluta honorables hogares de la ciudad de Mérida Estado Mérida.

ACUERDA:


1) Unirse al duelo que aflige a la familia de tan distinguida ciudadana.

2) Publicar el presente acuerdo en el blog del sindicato.

3) Entregar copia del presente acuerdo a sus familiares.

Dado, firmado y sellado en el Salón donde celebra sus Sesiones el Sindicato Unitario Organizado Nacional de los Trabajadores de la Administración de Justicia a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil ocho.


COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL



El Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia

(SUONTRAJ)

COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL

Expresa las más sentidas palabras de condolencias y se une al duelo que embarga a los familiares de las 46 personas que fallecieron en el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 21 de febrero del 2008:

Al Aissami Samer, Hernández Elizabeth, Aldino Garavito, Hernández Eloy, Arredondo Katiuska, Infante Francis, Bustamante Jhon, Landaeta Rangel, Perez Gustavo, Ciarlet Linett, Lenis Ferreira, Perez Orlando, Cira MaríaCorina, León Belén , Quintero Eisberth, Coirrea Edith, León Benigno, Quintero Alexander, Díaz Juan Carlos, Lucentini Oscar, Rodríguez Gabriela, Díaz Edmundo, Luongo Italo, Ruíz Juan Pablo, El Aissami Nauras, Macías Inés, Salami Xiomar, Farfán Hugo , Martínez Adriana, Salazar Rubén, Gil Carmen, Moreno José, Schebis María, Gil Giobely Ocando Iris, Silva Susana, Giovenco Johan, Ortega Eduardo, Torres Mario, González Francisca Parra Ricardo, Vargas Luis, Guarch Viviana, Pazo Yurimia, Vezga Yasmín, Vivas Viviana.


Ante la irreparable perdida nos unimos al indescriptible dolor de sus familiares y amigos, ofreciendo las más sentidas palabras de solidaridad.


PAZ A SUS ALMAS
COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL ESTADO MÉRIDA

Mérida 27 de febrero de 2008

Falla humana: Hipótesis que cobra fuerza

Identificados 19 fallecidos y trasladados 9 a sitios de origen

Erika Polanco

Un error del piloto. Lamentablemente, ésta es la hipótesis que hasta los momentos ha venido cobrando mayor fuerza para explicar el siniestro del vuelo 518, en el que fallecieron el pasado jueves, 46 personas.

José Morales, fiscal nacional Aeronáutico, designado por el Ministerio Público para investigar las causas de este letal accidente, señaló que hasta los momentos, esta hipótesis tiene bastante fuerza, por cuanto según los expertos de la nave siniestrada, aparentemente el avión no habría sufrido desperfecto alguno, lo que se desprendió de un chequeo inicial realizado ayer en el lugar del accidente.

Sin embargo, Morales fue enfático y claro al referir que no es más que una hipótesis y que habrá que esperar los resultados del análisis de la caja negra de la aeronave para dar por sentada la causa de este accidente.

“Sí podría tratarse de una falla humana, pero lo que nos va a dar la veracidad de un cien por ciento de si el avión sufrió o no sufrió desperfectos son las experticias de la caja”, refirió de manera tajante.

Señaló que por los momentos y en el marco de las investigaciones, se citarán a las personas involucradas en el vuelo, “la controladora aérea, la persona que realizó el plan de vuelo, el peso y balance, representantes de la aerolínea, el inspector del INAC que supervisa la línea aérea, al gerente de mantenimiento de la línea y se solicitaron los récord de los pilotos”. Hay que esperar.

Identificadas 19 personas

Por otra parte, Vicente Alamo, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informó que hasta la hora de reunirse con los medios de comunicación, habían sido identificadas 19 de las víctimas de este accidente.

Ellos son:

Identificados por necrodactilia

-John Alberto Giovenco Torres

-Francis Infante Ledezma

-Italo Armando Luongo Blont

- Iris Leonor Ocando Barrios

- Eisberth Alexander Quintero Pereira

- Xiomar Jose Salami Barreto

- Susana Silva Mayorca

- Francisca Maria González de Gil

-Nauras El Aissami

- Yuraima Josefina Pazo García

Identificados por antropología

-Adriana Martínez Morán

-Viviana Vivas Rodríguez

-Juan Carlos Díaz Oviedo

-Oscar Albert Lucentini

Identificados por odontología

-Orlando José Pérez Carreño

-Benigno León Araujo

-Gustavo Pérez

-Eloy José Hernández Ramírez

-Inés Macías Guillot


fuente: Diario Cambio de Siglo

26 febrero 2008

Sólo está autorizado ingreso por El Vigía

Texto: L Suárez

“La circulación de los vuelos hacia o desde el aeropuerto Alberto Carnevalli de Mérida se realizará a través del corredor VFR Río Chama de acuerdo con lo siguiente: Espacio aéreo comprendido entre Mérida, Ejido, Lagunillas, Estanques, El Vigía. Todos los vuelos se realizarán de acuerdo con las reglas del vuelo visual. Todas las aeronaves entrando notificarán a la Torre de Mérida a través de la Torre de control Santa Bárbara o Estación de Comunicaciones de la empresa, por lo menos 5 minutos antes de entrar al corredor VFR Río Chama. Todos los vuelos establecerán contacto de radio y mantendrán enlace permanente en ambos sentidos con la Torre de control en Mérida con anterioridad al entrar al Corredor FVR, tanto para operar en dicho espacio, como para recibir cualquier autorización o información de control”. Así establece el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) que la condición de operatividad para las aeronaves sólo reconoce el ingreso y salida por la zona de El Vigía. Varias fuentes aeronáuticas consultadas aseguraron que la empresa Santa Bárbara Airlines tiene una carta de aproximación visual para ingresar por la ruta del observatorio, pero ésta “no está autorizada por la autoridad aeronáutica”. Sobre las operaciones de sus aviones, este diario llamó al presidente de la empresa Santa Bárbara Airlines, Jorge Álvarez, pero su buzón de mensajería estaba inactivo. Como se observa en la imagen de al lado —izquierda— la Carta de aproximación visual del Inac, marca una especie de L invertida sobre el valle de la capital andina y permite un vuelo hacia el suroeste para luego tomar el camino hacia el centro y cumplir el itinerario en Maiquetía. Pero la aerolínea Santa Bárbara ha manejado su propia carta de aproximación visual vía observatorio (ver facsímil a la derecha) . Las autoridades aeronáuticas tienen en sus manos un caso de cuya solución dependen miles de vidas.

fuente: Panorama

El 518 trazó una ruta con la que se ahorraba 15 minutos

Texto: Lolimar Suárez

El piloto Denis Tancredy, que operó en la aerolínea bandera de Venezuela Viasa y quien laboró hasta el 2002 para Santa Bárbara Airlines, explicó:...“Tienen que parar las operaciones comerciales en Mérida y establecer con urgencia una revisión de qué está pasando. Yo tuve discrepancias sobre el ingreso instrumental por la zona del observatorio porque es ilegal, incluso ha habido conatos de colisión con aviones de Avior, porque no existen condiciones técnicas para controlar la entrada y salida de aeronaves por esa zona”.

Tancredy precisa que la ruta más segura para operar sería desde el aeropuerto de El Vigía, pero sostiene que existen intereses de tipo económico que hay que investigar.

“Si sales de Mérida por El Vigía son unos 15 minutos — promedio— más de vuelo. Multipliquemos ésto por las frecuencias de vuelo y por las horas de vuelo y eso arroja un gasto... no voy a culpar a mis colegas, lo que ocurrió es mucho más complejo, amerita una revisión.

Tengo rabia porque todo el mundo sabía que ésto podía pasar en cualquier momento. Mérida no perdona”.

La aeronave cumplía una de las dos rutas que se utilizan frecuentemente para entrar a la ciudad. Pilotos aseguran que el Inac sólo reconoce una sola entrada, otros afirman que se puede volar sobre otro lugar. Ellos llegan o despegan de manera visual.“Paren las operaciones en Mérida” reclaman.

Un vuelo controlado a la tierra o Cefit (control fly in to terrain) es el primer escenario que manejan los expertos para explicar qué pudo ocurrir con el vuelo SB 518 que se estrelló en la tarde el pasado jueves en la llamada cara del indio, una pared rocosa de la cordillera andina.

Ésto quiere decir que el avión, estando a control pleno del piloto, no pudo evitar la enorme montaña que tenía al frente. Lo que ocurrió, en aparentes buenas condiciones visuales, es ahora un tema de análisis, mientras se halla la llamada “caja negra” con la memoria del fatídico vuelo en el que murieron 46 personas.

“Hay dos caminos para entrar o salir de Mérida, un aeropuerto de operación especial por la altura y por la topografía circundante del área. No tiene equipos de radio ayuda, sólo radiotransmisores en la torre de control.

Por lo tanto los pilotos no cuentan con sistemas de aproximación instrumental, todo es visual, y se tiene el apoyo del equipo satelital GPS que viene incorporado en el avión.

Pese a las limitaciones técnicas, se puede operar siempre y cuando se cumplan con todas las normas”, precisa un capitán e instructor de vuelos que pidió no ser identificado.

Mérida posee el segundo aeropuerto más alto del país con 5.000 pies de altura, sólo seguido del aeródromo de Boconó (a 5.200 pies).

Los dos caminos están rodeados de páramos, montañas escarpadas y picos nevados, donde el clima es cambiante y un día de perfecta visibilidad puede pasar a un paisaje de neblinas y lluvia. Para llevar un avión al corazón de Los Andes venezolanos, se requiere tener conocimiento pleno de la ruta, y pasar pruebas trimestrales, semestrales y anuales.

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En la ruta A, de una hora 25 minutos hasta Maiquetía (aproximadamente), el avión despega de Mérida con rumbo hacia el occidente del estado, toma un corredor entre las montañas de Mesa Bolívar y Chiguará, sigue hacia El Vigía y sobrevuela poco después Carora, Barquisimeto y toma el rumbo hacia el centro del país.

Es el camino más largo. Esta vía, para un avión ATR 42 300, representa un gasto total promedio de unas 1.500 libras de combustible.

En la ruta B, de una hora 10 minutos —promedio— el avión despega hacia el este de la ciudad, sobrevuela Ejidos, Lagunillas, gira a la izquierda y atraviesa el valle de Mérida subiendo sostenidamente hasta los 17 mil pies, cuando remonta sobre los observatorios, páramos y los picos, como El Águila.

Luego, lo siguiente es hacer el primer contacto con Valera y tomar rumbo hacia Puerto Cabello y finalmente a Maiquetía.

El vuelo 518 tomó la ruta de los picos, o la más corta para llegar a Maiquetía.

“Pudo haber sido una desorientación, si había condiciones adversas y seguía la ruta B, no visualizó la montaña con la que chocó”, opinaba el capitán consultado.

****

Pero varios pilotos e instituciones consultados discrepan del uso comercial de la ruta en la que ocurrió el accidente.

Por sólo dar un ejemplo la Organización de Rescate Humboldt registra un promedio de 73 impactos desde el año 1950 en esa zona.

Incluso advirtió en un informe soportado con estos antecedentes, la improcedencia de operar aeronaves dadas las condiciones en el peligroso callejón montañoso.

El piloto Denis Tancredy, que operó en la aerolínea bandera de Venezuela Viasa y quien laboró hasta el 2002 para Santa Bárbara Airlines, explicó —vía telefónica— que el accidente del pasado jueves es una consecuencia lamentable a las condiciones de inseguridad operacional en que se encuentran algunos aeropuertos del país, entre ellos el de San Antonio, Los Roques y la propia pista de Maiquetía.

“Tienen que parar las operaciones comerciales en Mérida y establecer con urgencia una revisión de qué está pasando. Yo tuve discrepancias sobre el ingreso instrumental por la zona del observatorio porque es ilegal, incluso ha habido conatos de colisión con aviones de Avior, porque no existen condiciones técnicas para controlar la entrada y salida de aeronaves por esa zona”.

Tancredy precisa que la ruta más segura para operar sería desde el aeropuerto de El Vigía, pero sostiene que existen intereses de tipo económico que hay que investigar.

“Si sales de Mérida por El Vigía son unos 15 minutos —promedio— más de vuelo. Multipliquemos ésto por las frecuencias de vuelo y por las horas de vuelo y eso arroja un gasto... no voy a culpar a mis colegas, lo que ocurrió es mucho más complejo, amerita una revisión.

Tengo rabia porque todo el mundo sabía que ésto podía pasar en cualquier momento. Mérida no perdona”.

fuente: Panorama

21 febrero 2008

"TERRORISMO LABORAL"

Mérida (CDS) Reproducimos para los lectores de este blog el oficio por medio del cual la Coordinadora Laboral del Estado Mérida abogada Glasbel Belandria le solicita al Presidente de la Seccional merideña las razones por las cuales en el messenger del sindicato, en el espacio de un servicio público de dominio internacional dedicado a mantener un mensaje personal se podía leer: (según el dicho de esa jefe de despacho) "Jueces laborales de El Vigía abusan de Funcionario", por cuanto esa Coordinación busca la verdad de la situación y si fuera así seguir ofreciendo, según dice la Coordinadora Laboral, "un ambiente de trabajo caracterizado por la armonía, solidaridad, colaboración, tranquilidad, seguridad, trabajo en equipo, como lo han venido haciendo desde la creación de los Tribunales del Trabajo en esta entidad federal y que merecen esos trabajadores en pro de la majestad del poder judicial"

¿De donde sacará esa información? ¿Acaso será que que se dedica todo el día a estar conectada al messenger? ¿Y las sentencias quien las dictará entonces? ¿O será que tiene espías las 24 horas del día?

Esto nos ha llamado profundamente la atención, la hipersensibilidad de la Coordinadora Laboral, que no soporta crítica alguna pues según ella "los trapos sucios se lavan en casa". Ante este hecho debemos señalar que toda la información que emana de esa Coordinación Laboral es generada de allí mismo y no de una "bola mágica que el sindicato posee". Por ejemplo, ningún miembro de este sindicato posee dotes extrasensoriales para saber que la profesional de apoyo Milvia Solvay Dominguez Oviedo C.I. 13745472 en el día de ayer fue notificada que fue despedida de esa Coordinación Laboral con sede en El Vigía. Entendemos sí que muchos de los trabajadores de esa Coordinación Laboral son personal contratado y que el "miedo es libre" pues en manos de la Cordinadora Laboral esta la potestad de año tras año decidir a quien le renueva contrato y a quien no.

No crean ustedes que porque el oficio está suscrito por el Coordinador General de la DEM no sabemos la forma de como es que se rescinden o renuevan contratos. Eso siempre ha estado en manos de los jefes inmediatos, del Juez Rector, del Presidente del Circuito Judicial Penal, de la Coordinadora Laboral y de la Directora Administrativa Regional quienes al final de cada año se les pregunta a quienes les renovarán contrato y a quienes no.

Como corolario de lo anterior recordemos que en muchos países se discrimina a los trabajadores por motivos políticos, étnicos, religiosos y sindicales. El SUONTRAJ hace frente a los empleadores responsables de tales situaciones. La labor del SUONTRAJ en este ámbito comprende investigación y documentación de tales situaciones para emprender acciones sindicales solidarias para brindar respaldo a las personas cuyos derechos son avasallados, difusión de las violaciones de derechos con el fin de ejercer presión sobre los responsables de las mismas, presión sobre los empleadores que violan los derechos de los trabajadores.

Hace algún tiempo se hacían consideraciones sobre la función sindical tan ligada a este tipo de situaciones y estableciamos que "La verdadera lucha sindical se refiere a defender un conjunto de libertades imprescindibles para la existencia y adecuado funcionamiento de los sindicatos, consagradas con la finalidad de promover y defender los intereses de los trabajadores afiliados al mismo".

Algunos patronos no entienden que "Los sindicatos tienen entre otras atribuciones y finalidades la de proteger y defender los intereses profesionales o generales de sus asociados ante los organismos y autoridades públicas, representar y defender a sus miembros y a los trabajadores que lo soliciten, aunque no sean miembros del sindicato, en el ejercicio de sus intereses y derechos individuales en los procedimientos administrativos que se relacionen con el trabajador. Es este el propósito de los sindicatos".

Los sindicatos no nacieron para ser oportunistas ni tomar posiciones a favor del patrono. Nacieron para defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es por ello que el SUONTRAJ tiene credibilidad y crece día a día, debido a que su dirigencia está altamente calificada y no negocia los intereses de los trabajadores del Poder Judicial. El SUONTRAJ jamás se ha acomodado a los intereses del patrono de turno, no lo mueven intereses económicos ni particulares. Al SUONTRAJ lo mueven los intereses colectivos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es este el propósito, espíritu, razón y esencia de los objetivos del SUONTRAJ.

Pareciera que los viejos esquemas y las viejas formas de hacer sindicalismo se encuentran aún ancladas en algunas organizaciones sindicales que se llaman a ellas mismas “nuevas, innovadoras y creativas” pero que su trabajo no se ve por ningún lado. Claro, entendemos que los cambios de paradigmas siempre traen resistencia y existen algunos sindicalistas de la vieja guardia que se resisten a adaptarse a los cambios que la dinámica del país exige y que en el Poder Judicial se profundiza.

En esta etapa de transformación que vive nuestro país, los sindicatos ejercen un papel preponderante en este proceso de cambios, pues los trabajadores entraran a formar parte en la gestión directa del proceso de transformaciones. Es este entonces el llamado de SUONTRAJ a los fines de que se entienda de una vez por todas el papel que los sindicatos dentro de muy poco estarán llamados a ejercer. Ser los protagonistas de los cambios, participar en la gestión directa de las transformaciones que necesita el país y el Poder Judicial. En un Estado socialista como el que se propugna en Venezuela, los trabajadores y las trabajadoras tomaremos en nuestras manos la gestión para radicalizar el proceso de cambios y de paradigmas. Es esa nuestra misión.

Seguiremos denunciando a quien hay que denunciar y ejerciendo la contraloría social dentro del organismo. Seguiremos solicitando que de una vez por todas los trabajadores contratados de los Tribunales Laborales se les otorgue su estabilidad laboral para que no estén nunca más sometidos a presiones de ninguna especie. Es esa la función de los verdaderos revolucionarios, de los verdaderos sindicalistas. No faltará quien reniegue de nuestra función, como aves agoreras del ocaso.


ARGENTINA: Los empleados penitenciarios tienen derecho a la sindicalización

Así lo entendió la Justicia de Córdoba en un amparo que los autorizó a gestionar ante el Ministerio de Trabajo la formación de un sindicato. El juez Aldo Novak consideró que se trata de un derecho humano y calificó de “irrazonable” la prohibición de su ejercicio. La acción la inició una trabajadora que fue pasada a retiro por repartir panfletos en los que denunciaba malas condiciones laborales.

“Los derechos sociales incorporados a la Constitución Nacional en sus distintas reformas, entre los que se encuentran el derecho de todo trabajador a la sindicalización, son considerados derechos humanos básicos”. Con ese argumento central, el juez en lo Civil y Comercial de Córdoba Aldo Novak declaró inconstitucional las normas provinciales que prohibían a los empleados del Servicio Penitenciario agremiarse y los autorizó a gestionar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la formación de un sindicato.

El magistrado descartó que la sindicalización del personal de las fuerzas de seguridad pusiera en riesgo la normal prestación del servicio, ya que ello no habilitará a los trabajadores a cuestionar las órdenes operativas, la estructura jerárquica, ni la cadena de mandos. Y en ese sentido, la sentencia aclara que sólo autoriza a gestionar la formación de un gremio pero no a realizar medidas de fuerza.

“Debe tenerse en cuenta al respecto, que han existido acuartelamientos de personal de seguridad o circunstancias como el cruento motín ocurrido hace poco tiempo en un establecimiento carcelario de esta ciudad (Córdoba), que no
han sido consecuencia de actividad sindical, sino que, por el contrario, posiblemente no se hubieran producido de existir entidades gremiales que canalicen los reclamos colectivos del personal de seguridad, con los límites y alcances que corresponda establecer”, expresa el fallo.

Sobre la normativa que prohíbe la sindicalización de los empleados penitenciarios, Novak sostuvo que ello impide desplegar un derecho reconocido por la Constitución Nacional en cabeza de todo trabajador. Y agregó que lo referido a derecho del trabajo y de la seguridad social es materia de fondo de competencia del Congreso de la Nación, por lo que la provincia de Córdoba carece de competencia legislativa para prohibir el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución Nacional.

La acción de amparo colectivo a la que se hizo lugar, en autos caratulados “Rearte Adriana Sandra y otro C/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo” (Expediente 1321645/36), fue iniciada en setiembre de 2007 por una empleada del Servicio Penitenciario que paso a retiro por haber repartido panfletos con denuncias de abusos.

“Cabe precisar que resulta manifiesto lo arbitrario e irrazonable –propio de cruentas épocas pasadas- el considerar subversivo un impreso, maguer sea convocando a luchar por reivindicaciones pretendidas”, remarcó al respecto el juez Novak.

En la presentación, los actores reclamaron que el derecho a la sindicalización les sea reconocido tal como ocurre en otros países “que demuestra que la asociación y/o sindicalización de los agentes de los servicios penitenciarios protegen los derechos individuales y colectivos de sus afiliados, en el marco de una organización constitucional y democrática del Estado”. Es así como citaron los casos de Uruguay, la policía de España, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Australia, EEUU, Francia, e Israel.

fuente: DIARIO JUDICIAL

20 febrero 2008

APERTURA DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES 2008

Mérida (CDS). En un acto solemne realizado en el Auditorio " Román Duque Sánchez" del Colegio de Abogados del Estado Mérida se dio apertura a las actividades judiciales del año 2008. Con la presencia de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estela Morales y diversas autoridades del poder judicial merideño durante aproximadamente una hora la magistrada Morales disertó sobre la paz y la justicia en el ámbito judicial.

La presidenta del más alto tribunal de la República señaló que
"para nosotros hablar de paz necesariamente debemos hablar de cambios profundos en donde cada uno de los seres humanos que integran el colectivo sientan que están siendo beneficiados con la justicia y de ese modo puedan estar en paz”. Resaltó igualmente durante su intervención que en Venezuela se han generado leyes que contribuyen no solo al acceso a la justicia sino a los bienes, especialmente de producción, “leyes que buscan la igualdad y con ello el establecimiento de un país de paz”, dijo.

Al pronunciar su discurso de orden durante la sesión solemne que dio inicio a las Actividades Judiciales en el estado Mérida, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, exhortó a los jueces de Mérida a buscar la paz con leyes que lleven a la igualdad, toda vez que “el juez debe infundir respeto con sus actuaciones y defender un Poder Judicial que tenga como soporte la transparencia y la eficacia”.


Asimismo, resaltó que la Carta Magna de 1999 introdujo reivindicaciones para los jueces, a quienes resumió en cuatro pasos las características humanas que deben poseer: escuchar cortésmente; responder sabiamente; ponderar prudentemente; “pero, sobre todo, desprendernos de lo terrenal para impulsarnos sobre el espíritu para decidir imparcialmente”. En este sentido dijo que un juez no sólo debe saber de leyes sino de todo aquello que llene al ser humano espiritualmente, refiriéndose a la cultura en general. Dijo que los jueces deberían ser sensibles como todo ser humano al ver una obra creada por el ingenio humano o al escuchar una canción, formas de expresión de la cultura.


Por otra parte, refiriéndose al Poder Judicial puntualizó que “los retos que enfrentamos quienes nos dedicamos a la justicia son hoy mayores que los que hubiésemos podido imaginar hace un tiempo. El país vive sin duda una de las etapas de mayor trascendencia política de su historia; la importancia social y política de la justicia se ha acrecentado en los últimos tiempos a límites insospechados; hoy se le pide a nuestros jueces que defiendan la libertad, que condenen las desigualdades, que protejan nuestro medio ambiente, nuestras propiedades, que nos amparen de los abusos del poder público, que impongan penas, que diriman conflictos de toda índole y que sean estandartes en la lucha contra la corrupción”.

Exhortó a los jueces que aplicarán la Justicia en sus sentencias y que se alejarán de la Ley positiva para acercarse mas a la realidad social del país. Explicó que la Constitución Nacional les daba las herramientas para que aplicarán la misma desaplicando normas de carácter legal y sub-legal que están por debajo de la carta magna.

Anteriormente el Juez Rector, Homero Sánchez Febres, había disertado sobre la función jurisdiccional y sobre los cambios que se adelantan en la Circunscripción Judicial del estado Mérida, cambios que se corresponden con la realidad social del país.

Cabe resaltar la gran asistencia de trabajadores y trabajadoras del poder judicial merideño a este acto de apertura del año judicial que colmó el auditorio del Colegio de Abogados en un discurso dirigido y orientado a los jueces y juezas andinos.

En las fotos podemos observar distintos momentos del acto.







































Derechos humanos/sindicales

Derechos sindicales

Junto con sus afiliadas, sus organizaciones regionales, las Federaciones Sindicales Internacionales y diversas organizaciones no gubernamentales, la CSI lleva a cabo una acción constante en pro del respeto universal de los derechos sindicales, según garantizados en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CSI defiende a los sindicalistas dondequiera que se violen sus derechos humanos como consecuencia de sus actividades sindicales. También toma medidas contra otras violaciones de los derechos sindicales y de los derechos humanos, especialmente cuando dichas violaciones afectan a los trabajadores y trabajadoras.

- Todos los años son asesinados muchísimos sindicalistas debido a sus actividades sindicales.
- Miles de sindicalistas son encarcelados, golpeados en manifestaciones, torturados por fuerzas de seguridad u otras personas y condenados muchas veces a cumplir largas condenas de reclusión.
- Todos los años, decenas de miles de trabajadores pierden sus puestos de trabajo por el mero hecho de haber querido formar un sindicato.
- En todo el mundo se obliga a trabajar contra su voluntad a millones de trabajadores, a menudo mujeres y niños. La CSI lucha contra el trabajo forzoso dondequiera que éste tenga lugar.
- En muchos países se discrimina a los trabajadores por motivos políticos, étnicos, religiosos u otros. La CSI hace frente a los gobiernos y empleadores responsables de tales situaciones. La labor de la CSI en este ámbito comprende investigación y documentación de las leyes y prácticas laborales nacionales, acciones sindicales internacionales solidarias para brindar respaldo a las personas cuyos derechos son avasallados, difusión de las violaciones de derechos con el fin de ejercer presión sobre los responsables de las mismas, presión sobre los gobiernos y empleadores que violan los derechos de los trabajadores y presentación de los casos ante los mecanismos judiciales internacionales de la OIT y también de organismos de las Naciones Unidas defensores de los derechos humanos.

E-mail: tur@ituc-csi.org

fuente: CSI

España: Los sindicatos organizan encierros en los edificios judiciales

Los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ organizaron ayer encierros en edificios judiciales dependientes del Ministerio de Justicia al cumplirse el duodécimo día de huelga que mantienen desde el pasado día 4 para reclamar mejoras salariales que les equiparen con el personal transferido a las comunidades autónomas.


Según señalaron en un comunicado de las organizaciones convocantes, miles de trabajadores de la Administración de Justicia no transferida se constituyeron hoy en asambleas permanentes con el fin de 'hacer la protesta unitaria en todos los territorios afectados por el conflicto'.

Así, en Murcia, desde las 13.00 horas alrededor de 50 funcionarios permanecen encerrados en el Palacio de Justicia, según informó el presidente de la Gestora del Sector de Justicia de CSI-CSIF en Murcia, quien prevé que esta concentración se prolongue hasta mañana a las 18.30 horas, cuando los representantes del Ministerio y de los sindicatos vuelvan a sentarse a negociar.

Por otra parte, más de 300 funcionarios de órganos centrales de Madrid celebraron una reunión en el Salón de Actos de la Biblioteca del Tribunal Supremo en la que reclamaron la intervención del presidente del alto tribunal y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, para que medie en la resolución del conflicto.

La huelga también se dejó notar en los edificios judiciales de la ciudad de León, que permanecieron cerrados desde las 8.00 horas hasta que intervino la fuerza pública, según las organizaciones sindicales.

90% DE SEGUIMIENTO.

Según sus cálculos, la huelga viene siendo secundada por el 90 por ciento de los trabajadores y ha provocado que se hayan aplazado 30.000 juicios, vistas y comparecencias. 'Los asuntos pendientes en todos los órganos judiciales y en los registros civiles se agolpan en las mesas de trabajo', aseguran los sindicatos, que se preguntan 'hasta cuándo va a permitir' el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo y el Gobierno 'la paralización absoluta de la Justicia'.

fuente: STAJ-CANTABRIA