 27 de Junio de 2013 | ||||
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“Repudiamos el acto arbitrario de
la Titular del Ministerio Penitenciario de negarse a trabajar con
abogados privados y el consecuente chantaje a los reos para que
renuncien a su derecho a ser defendidos por abogados de su confianza
quienes deberán aceptar un defensor público si quieren ser atendidos.
Bajo esta premisa, los privados de libertad pudieran caer en un limbo
jurídico”, dijo Lugo desde la sede de Inpreabogados.
Señaló que se trata de una nueva “violación” a los derechos humanos
fundamentales, cercena el derecho a la defensa, viola el principio del
juez natural, viola el derecho al trabajo y pretenden “criminalizar” a
los abogados penalistas. “Se está violando el derecho de la persona
procesada cuando se le obliga a no tener un abogado de su confianza que
lo defienda en un juicio penal, es imposible que existan defensores
públicos para los 45 mil personas entre procesados y condenados en los
centros penitenciarios -cifra según el observatorio de prisiones- e
igualmente, en muchas oportunidades, los defensores públicos no asisten a
las audiencias por la cantidad de juicios que tienen. Es un problema de
tiempo y de hora, tienen varias casos paralelos”.
Recalcó que la defensa pública no cuenta con abogados suficientes
para atender los casos que se les asignan, “de cumplirse lo que quiere
la ministra aumentara el retraso procesal. Varela pareciera que nunca
ejerció en Derecho, desconoce cómo funciona el sistema judicial
venezolano, va a colapsar aún más la defensa pública. La gran falla
actualmente en este sistema es que se nombra a alguien que no sabe cuál
es la problemática, por eso no puede tomar medidas para solucionar el
problema”.
Igualmente rechazó el calificativo que la ministra Varela diera a
los profesionales del derecho al tildarlos de “corruptos”, lo que a su
juicio se constituye una injuria contra los profesionales del derecho.
Lugo Recordó que Venezuela es firmante de los Principios Básicos
sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de
agosto al 7 de septiembre de 1990. “Ese cuerpo normativo enfatiza que la
defensa privada es clave esencial del sistema de tuición de Derechos
Humanos, porque la vigencia de estos últimos depende, en buena medida,
de una abogacía independiente, libre y autónoma. En similar sentido,
rigen en nuestro país, los ‘Principios de Bangalore sobre la Conducta
Judicial’.
En tal sentido objetó la utilización de la justicia como un
instrumento para la represión y la imposición de una ideología
totalitaria. “Recordamos a las autoridades que la Constitución, las
leyes y la política de un país deben garantizar un sistema judicial
verdaderamente autónomo, imparcial e independiente del resto de los
poderes públicos. Los jueces, los fiscales y los abogados deben tener
garantizada la libertad para ejecutar los deberes inherentes a su
profesión sin interferencias políticas y con la debida protección de
cualquier agresión”.
Por último, exigió al Ministerio Penitenciario que cesen en su afán
de negar el derecho a un juicio justo. “Nuestro Colegio, en primer
término, le va a enviar la presente declaración a la señora Varela.
Ojalá rectifique. En lugar de confrontar lo que deseamos es cooperar.
Caso contrario, tomaremos todas las medidas, de opinión pública, de
acciones judiciales, de denuncias ante organismos internacionales”.
Fecha de la Noticia: 27 de Junio de 2013 Hora: 16:41:39 Fuente: 25 segundos Publicado Por: Mile | ||||
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27 junio 2013
Colegio de Abogados de Caracas responde a la Ministra Varela
