La directora de Cofavic, Liliana Ortega, dijo sobre el nombramiento en la Dirección de la Magistratura del hermano de Hugo Chávez y ex presidente de Corpoelec, Argenis Chávez, que designar a alguien tan cercano a una opción política afecta la autonomía de quienes participan en el "gobierno" judicial.
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"Ya ha habido decisiones con efectos muy dañinos en el sistema judicial" (Archivo)
OCARINA ESPINOZA
| EL UNIVERSAL
jueves 13 de junio de 2013 04:19 PM
Caracas.-
Para la Dirección de la Magistratura, hasta la fecha, fue una tradición
nombrar en el cargo a "personas de bajo perfil, gente que realmente no
tuviese una connotación tan alta desde el punto de vista público".
Esto se hacía, según explica la directora de la ONG de Drerechos Humanos, Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, para evitar que esa connotación tuviese alguna influencia en la toma de decisiones en el Poder Judicial.
Las consideraciones las hizo Ortega a propósito de la designación del hermano de Hugo Chávez y ex presidente de Corpoelec, Argenis Chávez, como cabeza de la Dirección de Magistratura.
Chávez, ingeniero de profesión, ahora estará a cargo de la institución que maneja a todo el personal del Poder Judicial del país. "Aunque ciertamente la normativa interna no establece que debe ser un abogado quien dirija el ente, sin embargo, sí tiene que tener unas características, la más importante es que ofrezca una señal importante de independencia, de plena autonomía".
Agrega Ortega que colocar a una persona vinculada de manera tan cercana a un partido político o a una opción política en el cargo, afecta la libre acción de quienes participan en el gobierno judicial. "Hace que la independencia necesaria se vea severamente limitada...Esto (la DEM) no es un tribunal pero sí tiene bajo su cargo el desarrollo de su recurso humano: los operadores de justicia, los jueces".
Recuerda que el cargo exige además una persona con cualidades gerenciales porque se trata de abordar los principales problemas del ciudadano de a pie: la aplicación de la justicia, la violencia y la impunidad.
"Todos los que están dentro del Poder Judicial tienen una responsabilidad histórica porque en este momento hay una desestructura (sic) del Estado muy grave".
Indica que la amenaza más grave que tiene la democracia venezolana es el déficit institucional, por lo tanto las decisiones que tienen que tomarse en el ámbito judicial "deben ser para dotar de institucionalidad al país y no para restarle lo poco que queda".
Justicia golpeada
Liliana Ortega señala que en los últimos años el sistema judicial ha estado muy afectado por la falta de autonomía. "Hay decisiones que han tenido efectos muy dañinos la más protuberante o emblemática es la detención la jueza María Lourdes Afiuni, que es además un mensaje a todos los jueces del país".
Ha ocurrido lo mismo con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo. Sostuvo que cualquier persona que revise un informe de la institución se va a dar cuenta del sesgo político.
"Hace mucho que la Defensoría se separó de los principios de derechos humanos básicos que son hoy día globalmente aceptados. Son principios que no están bajo discusión alguna, porque sería hablar sobre si la democracia es el sistema bajo el cual se quiere vivir".
Sobre el alcance que esta decisión pueda tener sobre la opinión pública general, Ortega dice que habrá que medirlo estadísticamente, sin embargo, recuerda que lo que sí ha sido medido, y por el propio Estado en el 2009, es el nivel de victimización, lo que a su vez refleja los niveles de confianza sobre su Sistema Judicial.
"Ahí se constató que la gente no confía en la justicia y sus instituciones. Casi la mitad de la gente que ha sufrido algún delito dice no querer denunciarlo porque presume que hubo participación de algún funcionario del Estado y la mitad de la gente dice que no recibió casi ningún apoyo o soporte institucional".
En Twitter: @ocarinaespinoza
Esto se hacía, según explica la directora de la ONG de Drerechos Humanos, Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, para evitar que esa connotación tuviese alguna influencia en la toma de decisiones en el Poder Judicial.
Las consideraciones las hizo Ortega a propósito de la designación del hermano de Hugo Chávez y ex presidente de Corpoelec, Argenis Chávez, como cabeza de la Dirección de Magistratura.
Chávez, ingeniero de profesión, ahora estará a cargo de la institución que maneja a todo el personal del Poder Judicial del país. "Aunque ciertamente la normativa interna no establece que debe ser un abogado quien dirija el ente, sin embargo, sí tiene que tener unas características, la más importante es que ofrezca una señal importante de independencia, de plena autonomía".
Agrega Ortega que colocar a una persona vinculada de manera tan cercana a un partido político o a una opción política en el cargo, afecta la libre acción de quienes participan en el gobierno judicial. "Hace que la independencia necesaria se vea severamente limitada...Esto (la DEM) no es un tribunal pero sí tiene bajo su cargo el desarrollo de su recurso humano: los operadores de justicia, los jueces".
Recuerda que el cargo exige además una persona con cualidades gerenciales porque se trata de abordar los principales problemas del ciudadano de a pie: la aplicación de la justicia, la violencia y la impunidad.
"Todos los que están dentro del Poder Judicial tienen una responsabilidad histórica porque en este momento hay una desestructura (sic) del Estado muy grave".
Indica que la amenaza más grave que tiene la democracia venezolana es el déficit institucional, por lo tanto las decisiones que tienen que tomarse en el ámbito judicial "deben ser para dotar de institucionalidad al país y no para restarle lo poco que queda".
Justicia golpeada
Liliana Ortega señala que en los últimos años el sistema judicial ha estado muy afectado por la falta de autonomía. "Hay decisiones que han tenido efectos muy dañinos la más protuberante o emblemática es la detención la jueza María Lourdes Afiuni, que es además un mensaje a todos los jueces del país".
Ha ocurrido lo mismo con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo. Sostuvo que cualquier persona que revise un informe de la institución se va a dar cuenta del sesgo político.
"Hace mucho que la Defensoría se separó de los principios de derechos humanos básicos que son hoy día globalmente aceptados. Son principios que no están bajo discusión alguna, porque sería hablar sobre si la democracia es el sistema bajo el cual se quiere vivir".
Sobre el alcance que esta decisión pueda tener sobre la opinión pública general, Ortega dice que habrá que medirlo estadísticamente, sin embargo, recuerda que lo que sí ha sido medido, y por el propio Estado en el 2009, es el nivel de victimización, lo que a su vez refleja los niveles de confianza sobre su Sistema Judicial.
"Ahí se constató que la gente no confía en la justicia y sus instituciones. Casi la mitad de la gente que ha sufrido algún delito dice no querer denunciarlo porque presume que hubo participación de algún funcionario del Estado y la mitad de la gente dice que no recibió casi ningún apoyo o soporte institucional".
En Twitter: @ocarinaespinoza
