JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Al hacerse efectiva hoy la jubilación del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se abre la cuarta vacante en el Máximo Juzgado y vuelve a ponerse sobre el tapete una problemática que viene aquejando al ente rector del Poder Judicial desde hace más de un año: La carencia de magistrados suplentes habilitados legalmente.
Las actuales listas de sustitutos vencieron en diciembre de 2006, cuando cumplieron el período de dos años establecido en el artículo 9 de la Ley del TSJ.
El Parlamento ha debido elegir o ratificar a estos funcionarios en enero de 2007. Sin embargo, hasta la presente fecha el Legislativo no ha movido ni un dedo para iniciar el procedimiento de selección de los 32 suplentes, para lo cual es necesario conformar el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia que debe estar integrada por seis diputados y cinco personas de distintos sectores de la sociedad.
Descartan parálisisEn la Sala Constitucional todavía no han decidido qué hacer una vez que hoy Cabrera abandone el despacho que desde 1999 ha ocupado.
Fuentes del Alto Tribunal calificaron la situación como "problemática". No obstante, descartaron que se vaya a paralizar la instancia encargada de interpretar la Carta Magna, pues "con la presencia de seis magistrados se supera el quórum de funcionamiento".
Los informantes explicaron que no está descartada la posibilidad de que sea convocado alguno de los suplentes, aun cuando sus períodos están vencidos. De materializarse esta posibilidad, la abogada Elsy Rosales, quien recientemente se postuló para el cargo de fiscal general, sería la primera llamada.
En segundo lugar estaría la abogada Elba Paredes Yéspica, quien en 2005 fue convocada para participar en el debate que derivó en la anulación de la sentencia que dejó en libertad a los cuatro oficiales procesados por los sucesos de abril de 2002.
A la espera de ratificaciónLa Asamblea Nacional tampoco se ha pronunciado sobre el destino de los magistrados de la Sala Constitucional, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales, quienes vienen ocupando desde hace varios años las vacantes dejadas por el fallecido Antonio García García, la primera; y por la destitución de Luis Velázquez Alvaray, el segundo; así como de la magistrada de la Sala Penal, Miriam Morandy, quien reemplazó al jubilado Alejandro Angulo Fontiveros.
Los tres funcionarios esperan ser ratificados en sus cargos como titulares.
fuente: EL UNIVERSAL
