"(En el COPP) hay que revisar las medidas cautelares, definir lo que es la imputación y las extradiciones"
JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Con "satisfacción y beneplácito" recibió la magistrada Deyanira Nieves Bastidas, directora de la Defensa Pública, la decisión que el jueves pasado adoptó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la cual se dejó en claro que el organismo que dirige desde febrero de 2004 es parte del Poder Judicial y, por tanto, no puede estar adscrito a la Defensoría del Pueblo, tal y como lo pretendía una ley aprobada por la Asamblea Nacional.
Una vez resuelta la disputa, la también primera vicepresidenta del Máximo Juzgado ofrece un balance de su gestión. Anuncia algunos de sus planes inmediatos y, sobre todo, adelanta cuál es la misión de la que llama "la institución más noble que tiene el Estado", la cual, para la mayoría de los venezolanos, es totalmente desconocida.
-¿La Defensa Pública tiene las mismas competencias que la Defensoría del Pueblo? ¿En qué se diferencian?
-No, no son lo mismo. La Defensa Pública es el organismo que se encarga de todos aquellos que no tienen quien los defienda y que vela por sus derechos a la justicia y la tutela judicial efectiva. La Defensa Pública es una institución que existe desde 1915. Por su parte, la Defensoría del Pueblo es la que tiene por misión vigilar, promover y defender los derechos humanos de todos los venezolanos y además al Poder Ciudadano. Son dos instituciones completamente distintas.
-En pocas palabras, la Defensa Pública representa a todas las personas sometidas a juicio que carecen de recursos económicos para pagarse un abogado.
-Exactamente. Nosotros estamos al lado de quienes no tienen cómo defenderse.
-¿La competencia de la Defensa Pública se circunscribe sólo al área penal?
-No, también actuamos en el área de responsabilidad penal de niños y adolescentes; es decir, representamos legalmente a los niños y jóvenes que han cometido un delito. Otra de las competencias que tenemos es el área de protección de niños y adolescentes, es decir, velamos por los derechos de los niños cuyos padres fallecen para asegurarnos que reciban los bienes que le responden o cuando éstos se divorcian. También representamos a los indígenas y más recientemente creamos la Defensa Pública Agraria.
-Tengo entendido que también van a designar defensores para las áreas civil y contencioso administrativa; es decir, que aquellas que tengan una disputa por una herencia o porque el Estado quiere expropiarlas y no pueden pagar un abogado, el Estado les garantizará uno.
-Sí, pero eso será más adelante. Primero queremos crear la defensa pública laboral, pero necesitamos más recursos porque nuestro presupuesto es pequeño. La meta a largo plazo de la Defensa Pública, después de haber sido una institución que estuvo en el olvido durante mucho tiempo, es garantizarle representación legal a todos los que la necesiten. Ese es nuestro norte y estamos trabajando en ello. Cuando llegamos en 2004 había 580 defensores. Hoy hay 921; casi duplicamos la cifra.
-¿Por qué cree que la Asamblea adscribió la Defensa Pública a la Defensoría del Pueblo, si el artículo 253 de la Constitución dice que es parte del Poder Judicial?
-No sabría qué decir. Ciertamente hubo un error por parte del Parlamento, pero no entiendo cuáles fueron los parámetros utilizados por los diputados. Para adscribir la Defensa a la Defensoría del Pueblo han debido reformar la Constitución.
-¿Cómo evalúa la sentencia que anuló los artículos que pretendían arrebatarle al Poder Judicial esta institución?
-Con gran satisfacción y beneplácito. Esta sentencia de la Sala Constitucional representa el restablecimiento de la letra y espírtu de la Constitución de 1999 y es una demostración clara de que en Venezuela hay independencia de poderes. Un poder aprobó una ley, un grupo consideró que era contraria al texto fundamental, la recurrió y el árbitro decidió.
-Al igual que los jueces, los defensores públicos padecen del mal de la temporalidad. ¿Cuándo se resolverá esto?
-Efectivamente los defensores son provisorios, pero una vez resuelto el conflicto, pasarán a la Escuela de la Magistratura, para participar en programas de formación y posteriormente se les practicarán los exámenes psicológicos necesarios para escoger a los que irán a los concursos de oposición. Sin embargo, los defensores han tenido su estabilidad, se les ha respetado su tiempo de servicio. Lo único que se les ha exigido y se les exige es que estén permanentemente en las cárceles, quienes no atiendan esto no pueden seguir aquí.
-En el juicio que se le siguió al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, por el paro petrolero, se le asignó en varias ocasiones un defensor público y él lo rechazó, alegando que no sabía si ese funcionario en realidad lo iba a defender. ¿Los defensores públicos pueden ser presionados para que contribuyan a la condena de ciertas personas?
-Una de las grandes metas para 2008 es que todos los defensores públicos ganen su titularidad. En cuanto a que podamos presionar a los defensores públicos, debo decir: ¡Jamás! Los defensores nunca han recibido una llamada del TSJ, de la Comisión Judicial ni de la Dirección de la Defensa para decirles qué hacer y qué no hacer.
-Del universo total de personas que anualmente acuden a los tribunales, ¿cuántas recurren a los defensores públicos?
-De 100% de los que acuden a los tribunales, casi 80% los atiende la Defensa Pública y siguen creciendo porque contamos con profesionales altamente capacitados y además con recursos. Recientemente creamos la Unidad Técnico-Pericial, que es un grupo de expertos criminólogos y peritos que están a disposición de los defensores para asesorarlos durante los juicios.
-Usted también es presidenta de la Sala de Casación Penal. En los últimos años el TSJ ha creado tribunales de distintas áreas, menos en la Penal, que es precisamente la que más causas atiende.
-Efectivamente, pero eso ocurrió porque preferimos acabar primero con la provisionalidad. Sin embargo, la Sala Penal ya decidió crear algunos tribunales. Vamos a solicitarle a la Sala Plena autorización para crear una nueva Sala de la Corte de Apelaciones del estado Miranda, pues sólo tenemos una sala en Los Teques. También queremos crear tribunales en el municipio Socopó del estado Barinas y otros en el estado Bolívar, que es geográficamente extenso.
fuente: EL UNIVERSAL
