Ciudadanía y política
“La hora de Vargas está esperándose a sí misma en un viejo reloj,
entre un minutero de angustia y un horario de esperanza”. Andrés Eloy
Blanco
No es fácil conciliar, ante los ojos de los venezolanos, la
disposición del diálogo opositor y las hostilidades del gobierno, pero
ante la violencia oficial y el deseo de vivir en paz, él se constituye
en un mecanismo democrático para superar mayores males y confrontaciones
fratricidas, porque lo que está en juego son los intereses colectivos
de la población, y aquí hay que dar un voto de confianza a la dirección
política de la Mesa de la Unidad. Este encuentro de dialogo entre
gobierno y oposición bajo el auspicio de El Vaticano, no puede ser un
circunloquio para ganar tiempo al gobierno, pero la naturaleza de las
conversaciones, produjo pro tempore, la suspensión de un
conjunto de actividades promovidas por la Mesa de la Unidad Democrática y
la Asamblea Nacional, entre las cuales está la discusión por la mayoría
de diputados del acuerdo declarativo de responsabilidad política del
presidente de la República ante la grave situación constitucional y
democrática que vive el país.
Los factores de oposición han señalado, sin ambages, que estas
actividades se suspenden en tanto el gobierno de señales de un
fructífero proceso para avanzar en la solución de los problemas
políticos, económicos y sociales del país, léase, el acatamiento a las
atribuciones de la Asamblea Nacional y la descolorida y obscena
dependencia del TSJ al servicio del régimen, la aguda escasez de
alimentos y de medicinas, así como la galopante inflación que nos
arruina cada día, y, la libertad de los presos políticos.
No hay duda que estos males reunidos en conjunto pueden constituir la
más grave crisis que ha vivido la Nación desde su inicio, y por
supuesto, en la administración y gestión del gobierno tiene grave
responsabilidad el presidente de la República como jefe de Estado y de
gobierno.
Lo anterior viene al caso, porque no sólo está pendiente en la
Asamblea Nacional la declaración de responsabilidad política del
presidente, sino que igualmente, el país ha reaccionado expectante ante
esta figura consagrada en nuestro texto fundamental.
El principio democrático que deriva del preámbulo de nuestra
Constitución, encuentra su interna expresión en la fórmula que define al
gobierno nacional en su artículo 6, como un gobierno que es y será
siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado,
alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Es decir,
que el sistema institucional para conducir al país se consagra bajo la
conducción responsable del presidente de la República en el cumplimiento
de las obligaciones inherentes a su cargo, exigido a procurar la
garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, que ni la
declaratoria de estados de excepción lo libera de su responsabilidad, y
aquellos graves males se insertan en la garantía de los derechos de los
venezolanos que impone nuestro texto constitucional al presidente,
responsabilidad que se ratifica en el artículo 232 constitucional, pero
que queda comprometida sólo cuando se tipifiquen las acciones que la
comprometan y a partir de allí puede ser exigida. Ni la Constitución de
1961 ni la vigente de 1999 establecen el medio para imponer dicha
responsabilidades, salvo la penal.
Entonces, vamos al grano. El presidente tiene responsabilidad civil,
penal y administrativa y política, durante su mandato y exigida aun
habiendo cesado en el cargo, pero cuál es el alcance de la declaratoria
de responsabilidad política?
Por supuesto, la respuesta a esta pregunta depende del tipo de
responsabilidades en que incurra el presidente, con arreglo a los
diversos Códigos y leyes, que ameritan un análisis separado, pero
igualmente hay que destacar que es de la potestad constitucional de la
Asamblea Nacional realizar investigaciones para controlar la
Administración Pública Nacional y por supuesto, de quien ejerce la
jefatura del Estado, y en tal caso, la Constitución dispensa al
Ministerio Público y al Poder Ciudadano, a requerimiento de la Asamblea
Nacional, la atribución para intentar las acciones a que haya lugar y
hacer efectiva tal responsabilidad, pero más allá de esta declaratoria,
en un gobierno que controla los poderes públicos, está la sanción de los
organismos internacionales que ya abrieron los ojos sobre lo que ocurre
en el país, y a la que este gobierno teme. Sanciones ejemplares, un
poder judicial respetable y respetado, que las ejecute y una mano limpia
pero al mismo tiempo férrea para aplicarlas, es lo que necesita
Venezuela. En este estado, entonces, estamos.
