JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
domingo 31 de octubre de 2010 12:00 AM
Ser venezolano de nacimiento, jurista de reconocida competencia, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener un posgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario titular en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años; o haber sido juez superior en la especialidad de la Sala a la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial. Estos son los estrictos requisitos que el artículo 263 de la Constitución establece para hacerse con el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
No obstante, a los pocos meses de entrar en vigencia la Carta Magna el propio máximo juzgado se encargó de flexibilizarlos. En su sentencia 1561, del 12 de diciembre de 2000, la Sala Constitucional estableció que el título de profesor titular al que se refiere el texto fundamental no es el mismo que define la Ley de Universidades, la cual estipula que éste es el rango de mayor jerarquía al que puede aspirar un docente de una casa de estudios y al que solo se accede tras presentar numerosos trabajos y después de cursar estudios de cuarto nivel, sino que debe interpretarse como un catedrático que labora en una universidad.
En ese mismo fallo abrió las puertas para que juristas sin título de posgrado se postularan, pues se fijó que este requisito solo se le aplicaría a aquellos abogados que se graduaron luego de que en el país se abrieran esos cursos.
"Este dictamen rebajó las expectativas del constituyente, quien en la Constitución dejó en claro que quería que al TSJ fuera gente preparada e intachable. Sin embargo, con esta sentencia se buscó que algunos de los primeros integrantes del TSJ pudieran continuar en sus puestos, a pesar de que no cumplían sus requisitos (casos Jesús Eduardo Cabrera, quien redactó esa decisión; e Iván Rincón, entre otros)", afirmó el ex magistrado de la Sala Electoral de ese primer máximo juzgado, José Peña Solís.
El actual catedrático de la Universidad Central de Venezuela aseveró que de aplicarse correctamente la Carta Magna, entonces actualmente la Asamblea Nacional no tendría 400 postulados para el cargo de magistrado. "Hoy por hoy casi nadie en las universidades es profesor titular, porque eso implica pasar cuatro escalafones y presentar igual número de trabajos e investigaciones y eso puede tomarte más de 15 años", precisó.
Peña también cuestionó la redacción de nueva Ley Orgánica del TSJ, por considerar que la misma flexibilizó aún más los requisitos al establecer que solamente una condena penal o una sanción de la Contraloría puede impedir a alguien ingresar al máximo juzgado.
El ex magistrado demandó de los diputados que informen el baremo por el cual evaluarán a los candidatos. Exigencia que fue respaldada por varios de los aspirantes consultados por este diario. Uno de ellos, quien prefirió al anonimato, cuestionó la postulación de funcionarios públicos como la procuradora Gladys Gutiérrez, los diputados, rectores del Consejo Electoral y de los militares activos. "¿Cómo alguien que ha estado 10 años en el Parlamento o en el Ejecutivo puede decir que ha ejercido la abogacía por 15 años? La Ley de Abogados es clara y dice que los militares activos y funcionarios públicos no pueden ejercer esa profesión", recordó.
Por último, Peña y los candidatos citados esperan que el Comité de Postulaciones Judiciales, el cual dejará el miércoles de recibir impugnaciones contra los aspirantes, no se guíe para realizar su escogencia en lo establecido en el fallo de la Sala Constitucional, por cuanto el mismo no es vinculante.
