Durante el transcurso de la acción de exigencia de derechos, se entregó una comunicación para solicitar al máximo tribunal del país las causas de la demora en la tramitación y decisión de causas:
1) Demanda por responsabilidad patrimonial del Estado en contra de la República Bolivariana de Venezuela por error inexcusable del Ministerio Público en casos de mala praxis médica.
2) Recurso por inconstitucionalidad contra la Asamblea Nacional (poder Legislativo Nacional) por la omisión legislativa de la leyes que garanticen el funcionamiento de un sistema público nacional de salud
3) Recurso de abstención o carencia contra la negativa de suministrar información pública.
5) Exhortar a los Tribunales de Justicia a nivel Nacional para que den la debida celeridad con todo el rigor de la Ley a los juicios e investigaciones que conozcan por mala praxis médica, así como evitar dilaciones indebidas.
El COSS está conformado por personas afectadas y familiares de afectados por el anormal funcionamiento del servicio de salud con el objeto de monitorear y exigir la garantía del Derecho a la Salud en el marco de la Constitución República Bolivariana de Venezuela, específicamente el artículo 83 y Provea es una organización no gubernamental que desde el año 1988, viene trabajando de manera ininterrumpida en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), entre ellos el Derecho a la Salud tal y como se encuentra consagrado en los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los tratados internacionales ratificados por Venezuela en la materia. Dentro de este mandato, desarrollan acciones dirigidas a la exigibilidad de los derechos humanos.
Según Antonio Puppio, coordinador del Programa de Exigibilidad de Provea “El Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación, como entidad del Poder Público y ente rector de la administración de Justicia actuar de acuerdo a principios de celeridad, imparcialidad y responsabilidad, por ende exigimos a nuestro máximo tribunal y sus magistrados que pongan empeño y compromiso para sentenciar con eficiencia y prontitud”.
Los manifestantes consideran que sus casos son parte de una serie de irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia del país, los cuales obstaculizan el disfrute de los derechos humanos para los venezolanos y venezolanas.
