La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Agrario de Bolivia acordaron el miércoles en la noche no unirse al paro de 48 horas convocado por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), tras considerar que no hay consenso para tal acción de protesta.
La decisión fue tomada en una reunión celebrada en la Sala Plena del Tribunal Supremo, donde no hubo consenso para apoyar la protesta que pretende respaldar a los cuatro magistrados que serán sometidos a juicio de responsabilidad, resolución adoptada por la Cámara de Diputados del Congreso que dio visto bueno a la acusación formal, el pasado 22 de agosto.
El presidente de la máxima instancia judicial del país andino, Héctor Sandoval, explicó en conferencia de prensa, que se había solicitado a la Amabol, a través de la Comisión Inter Orgánica del Poder Judicial, la suspensión inmediata de la huelga, evitando de esta manera un mayor desprestigio de los trabajadores judiciales bolivianos.
Sandoval indicó que recibieron una respuesta negativa de parte de la presidencia de Amabol, que argumentó que ya no había tiempo para revertir la acción de protesta y que además se requería llamar a una reunión nacional, lo cual resultaba imposible con el corte tiempo que restaba.
"La Amabol como es una institución autónoma y tiene su propia personería jurídica, ha decretado el paro y nosotros lo respetamos, pero no lo apoyamos y por eso vamos a trabajar con normalidad", insistió la autoridad judicial.
En un pronunciamiento público, divulgado el martes por la Comisión Inter - Orgánica justificó su petición de suspensión de la medida de presión para preservar la "paz social, fortalecer la institucionalidad y velar por la unidad del Poder Judicial".
Por su parte, el presidente de la Amabol, Jorge Pereira, dijo este jueves que las cortes superiores de distrito, los juzgados de provincias y capitales departamentales permanecen cerradas y que el paro se está llevando a cabo en siete de las nueve regiones que conforman Bolivia.
La huelga "en defensa de la democracia", fue convocada para exigir al gobierno boliviano un juicio apegado a la ley para los cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional que será enjuiciados en el Senado, mayoritariamente de oposición, por cesar injustamente de sus funciones a cuatro miembros de la Corte Suprema, que había designado el presidente Evo Morales.
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