JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 8 de junio de 2012
Para la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la detención del abogado José Amalio Graterol está plenamente justificada, pues el penalista pretendió "aplicar tácticas dilatorias" e impedir que una persona fuera condenada por cometer un homicidio.
La afirmación la realizó la jefa del Ministerio Público ayer luego de inaugurar las dependencias donde funcionará la Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, despacho que se encargará de garantizar amparo a las personas que participen en juicios en calidad de víctimas, testigos o expertos y que sean amenazados.
"El último día, cuando la juez (Yalitza Domínguez) iba a dictar su decisión, iba a condenar (a Leonardo Colmenares por el asesinato de su esposa), ya se sabía que iba a condenar el abogado (José Amalio Graterol) comenzó a presentar obstáculos para evitar la condena y evitar que el Estado hiciera justicia", afirmó Ortega Díaz.
Los abogados del penalista detenido, quien entre otros representa a la suspendida juez María Lourdes Afiuni, aseguran que fue aprehendido por los alguaciles este lunes cuando se negó a continuar un juicio en el cual no estaba presente su cliente.
La Fiscal General no se pronunció sobre este supuesto intento de celebrar un juicio en ausencia, algo prohibido en la legislación venezolana; y solo acusó a Graterol de incurrir en una "mala práctica".
Ortega Díaz recordó que las inasistencias injustificadas de los defensores públicos y privados retardan los procesos.
Las estadísticas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) dan cuenta de que hasta abril de este año, de las más de 8.000 audiencias de juicios que fueron diferidas o pospuestas en todo el país, 734 fueron debido a la ausencia de los abogados privados (598) y de los que el Estado le asigna a las personas que no pueden costearse uno (134).
Contra la CIDH
Horas antes, en el programa que conduce en Radio Nacional de Venezuela (RNV), la jefa del Ministerio Público volvió a despacharse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo al acusó de responder a directrices de Estados Unidos.
"EEUU no es parte de la Convención (Americana sobre Derechos Humanos), sin embargo, en suelo estadounidense está ubicada la institución, por ello dictan las políticas (...) Quién tiene el oro pone las reglas", dijo la funcionaria, quien agregó: "EEUU acusa a los países integrantes de la CIDH de violar los Derechos Humanos, mientras ellos financian, ordenan, manejan y controlan esta institución sin ser un miembro activo e incumplen todas las reglas establecidas por el ente".
Washington, aunque no ha firmado la Convención Americana, sí es miembro de la Comisión por serlo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por lo tanto está sujeto a la supervisión del organismo continental.
En 2011, la CIDH recibió 99 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos contra EEUU y admitió a trámite 11. Asimismo fue el primer organismo internacional en solicitar el cierre de la cárcel de Guantánamo (Cuba), donde el Ejército estadounidense envía a los sospechosos de terrorismo.
