JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
sábado 16 de junio de 2012
Pese a que su contenido no ha sido difundido aún y a que no fue producto de una discusión en la que participaron todos los sectores, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, pidió un voto de confianza para la modificación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que el Gobierno aprobó esta semana.
"Esperemos que se ponga en funcionamiento esta reforma para que puedan valorar si era acertada o no", afirmó ayer la funcionaria Constitucional durante una rueda de prensa, la primera que dio este año en la sede del máximo juzgado y en la que solamente se permitió a ocho periodistas preguntar.
Tras anunciar que la Sala Constitucional, instancia que también encabeza, validó el carácter orgánico del instrumento, la funcionaria volvió a salirle al paso a las criticas que aseguran que el presidente Hugo Chávez no puede dictar dicho instrumento a través de la Ley Habilitante, debido a que es asunto del Parlamento.
"La Constitución prevé la posibilidad de que el Presidente habilitado pueda legislar, dictar decretos, en materias urgentes", aseveró.
Promete orden
Al ser consultada sobre la necesidad real de reformar la ley, cuando un reportaje publicado por este diario el pasado 28 de mayo reveló que en Caracas los jueces penales convocan más actos de los que se pueden realizar y sin tomar en consideración los compromisos de los jueces y defensores, Morales replicó: "El COPP es una ley que trata de solventar algunos problemas que existe en nuestro proceso penal, el resto de los asuntos: La falta de información, que si se fijan dos audiencias a la vez y otros que no los niego, se tratan más de administración judicial".
Acto seguido, aseguró que "hoy mismo (ayer)" comenzarán a revisar el funcionamiento de los juzgados capitalinos para "y corregir" las fallas que puedan estarse presentado.
El Universal, en su investigación, dio cuenta que cada uno de los 30 jueces de Juicio de Caracas convoca, en promedio, diez actos (audiencias de inicio o continuación de juicio y de selección y depuración de escabinos) diariamente, pese a que en el Palacio de Justicia solamente hay 15 salas. También reveló que los funcionarios no toman en cuenta los compromisos que los fiscales y defensores tienen en los demás juzgados, por lo que hay funcionarios del Ministerio Público que llegan a ser citados a 13 audiencias diariamente, muchas de ellas a la misma hora.
Despejando dudas
Morales negó que la supresión de los escabinos, ciudadanos llamados a ayudar a los jueces a decidir sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, implique el fin de la participación ciudadana en la administración de justicia. "La participación popular se garantiza de manera más efectiva sobretodo en la ejecución de la pena de los delitos menores", alegó.
El COPP prevé que los condenados por crímenes castigados con penas menores a ocho años de prisión no terminen tras las rejas, sino que deban realizar trabajo comunitario.
Justificó la prohibición de acumular causas, alegando: "Se está trabajando para evitar la impunidad, que una persona que cometa más de un delito sea enjuiciada por uno y que el resto de los delitos queden impunes".
Sin embargo, no supo precisar qué le ocurrirá a la persona que sea condenado por distintos crímenes. ¿Se les aplicará la pena más alta? ¿Se sumarán las distintas condenas?
Por último, negó que se hayan restablecido los juicios en ausencia y aclaró que lo que se permitirá ahora es procesar a los acusados que están detenidos y que no quieren comparecer ante los jueces, pero siempre garantizándole la presencia de su abogado o de un defensor público en su defecto.
