Jueves, 14 de junio de 2012
Paulatinamente se olvida que el acceso a la justicia es un derecho: un derecho constitucional. Esta situación es generada por autoridades que obstruyen reiteradamente la posibilidad material de alcanzar el restablecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
En Venezuela es una extravagancia la justicia, bien sea de parte de los organismos públicos competentes según el caso, bien buscando la intervención de la Defensoría del Pueblo o ejerciendo acciones judiciales en los tribunales y más aún, hablar de celeridad procesal. Hoy nos referiremos especialmente, al caso de los derechos laborales individuales y colectivos.
Las organizaciones sindicales y sus representantes ven mermadas sus posibilidades de accionar con la libertad y la estabilidad laboral que la Constitución y las leyes consagran. Las Inspectorías del Trabajo y los Tribunales, operan con tal lentitud que resulta generalmente imposible obtener un dictamen administrativo oportuno. Además, son muy escasas y hasta raras las decisiones judiciales que benefician a los trabajadores y trabajadoras. Por ello se ha agudizado en el país la violación a la libertad sindical y a la contratación colectiva, sobre todo en el sector público.
Mientras que la inamovilidad laboral no pasa de ser un mero decreto de papel, cuyo incumplimiento se demuestra a simple vista y diariamente, con las largas colas de personas despedidas injustificadamente que acuden ante las Inspectorías del Trabajo de toda Venezuela. En paralelo a esa realidad, descienden día tras día las cifras de empleo digno, con seguridad social y con calidad de vida en los centros de trabajo. Los empleadores del sector privado y el Estado, actúan frente a la violación legal en materia laboral, con la más campante impunidad.
Los 26 trabajadores del Diario Vea que fueron despedidos por inscribirse en el Sindicato Unitario de Trabajadores de las Artes Gráficas de Caracas (SUTAGSC), llevan 2 años esperando una Providencia Administrativa de la Inspectoría del Trabajo que ordene su reenganche. El Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el amparo intentado contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por Francisco Cermeño, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ), porque se le incumplió el reenganche y pago de salarios caídos. Los sindicatos petroleros de Paraguaná, estado Falcón y Tía Juana, estado Zulia, y el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTVP), José Bodas, denunciaron ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, las impunes prácticas antisindicales desarrolladas por PDVSA contra la legítima representación de los trabajadores en el proceso de discusión de la convención colectiva.
Para colmo el TSJ sigue sin pronunciarse sobre la admisión de la demanda incoada por PROVEA hace 2 años, exigiendo el cese de la omisión legislativa en que incurrió la Asamblea Nacional, por no dictar desde hace más de una década, la Ley de Pensiones. Estos casos desnudan de forma inobjetable la inoperancia por falta de actuación oportuna, de las Inspectorías del Trabajo y los Tribunales venezolanos. Ello embarga de escepticismo a la ciudadanía, genera violencia y afecta el ejercicio democrático ya que los órganos de administración de justicia no ejercen sus funciones.
