JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
lunes 18 de junio de 2012
"Donde dije digo ahora digo Diego". El Gobierno nacional sigue a pie juntillas este refrán, pues aunque insistentemente critica todo lo hecho por administraciones anteriores, sigue sus pasos, al menos en lo que tiene que ver con la materia de la justicia penal.
Así lo denunciaron el ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela y el catedrático de Derecho de esa casa de estudios, Alberto Arteaga Sánchez y Carlos Simón Bello, respectivamente, para quienes la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que el Ejecutivo aprobó esta semana equivale a desenterrar el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, en el cual no existía el principio de presunción de inocencia.
"Este cambio implica un retroceso de más de 13 años y la vuelta a un modelo donde con un auto de detención ya se condenaba a una persona, porque los ciudadanos se tenían por culpables", afirmó Arteaga, quien lamentó que para intentar el problema carcelario las autoridades estén dispuestas a sacrificar garantías fundamentales como el derecho de todo imputado o acusado a ser escuchado.
Bello, por su parte, considera que la modificación de la norma que regula cómo se deben conducir las investigaciones y los juicios, contiene deposiciones peores que las que tenía el anterior Código, porque "aunque el derogado establecía un sistema inquisitivo, contenía ciertas garantías y además fue aplicado por gobiernos democráticos; pero este será aplicado por un régimen con unos tintes autoritarios, lo cual abre las puertas para infinidad de abusos".
Ambos juristas denunciaron que durante estos años las autoridades, en especial las del TSJ, no realizaron las inversiones necesarias para adaptar a los organismos que actúan en el sistema de administración de justicia y a la sociedad al nuevo modelo.
Aunque aclararon que no querían intentar hacer de pitonisos, tanto Arteaga como Bello auguraron que la reforma aliviará el hacinamiento carcelario en un primer momento, pero no servirá para resolver los problemas de funcionamiento de los tribunales, porque son de gestión no legales.
