Afirman que el borrador vulnera el principio de separación de poderes
Con asombro recibieron en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el contenido de la Ley Orgánica del Sistema Judicial. El tema fue abordado por los magistrados en la reunión de la Sala Plena de este miércoles, pero la instancia no emitió ningún pronunciamiento y decidió diferir el asunto, pues varios de los integrantes del máximo juzgado aseveraron que no habían podido acceder al borrador y, por tanto, no habían podido formarse un criterio.
Sin embargo, trascendió que varios de los integrantes del ente rector del Poder Judicial cuestionaron el texto, por considerar que el mismo supone una vulneración del modelo de administración de justicia diseñado en la Constitución de 1999.
Un magistrado elaboró un documento, al cual El Universal tuvo acceso, en el que se critica la propuesta de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, ente que planificará y coordinará las políticas y planes del sistema judicial; y el cual estará integrado por diputados, magistrados, la fiscal general, la defensora del Pueblo, la procuradora, la defensora Pública; y el ministro del Interior.
En el documento se afirma que esa nueva instancia vulnera el principio de separación y autonomía de los poderes. La razón: "La colaboración entre las ramas de los poderes no puede afectar la autonomía ni el ámbito competencial de cada uno de ellos (...) La separación de poderes sí implica autonomía, la cual no puede ser desconocida ni siquiera por la legislación, por cuanto se trata de un principio constitucional".
En el texto también se afirma que la polémica Comisión "sólo puede ser vista, conforme a la Constitución, como una instancia consultiva y asesora", pues la planificación de las políticas y planes corresponde al TSJ, a los órganos del Poder Ciudadano y al Ejecutivo en materia penitenciaria".
Respecto a la atribución que se la da al órgano para analizar, coordinar y evaluar los proyectos de presupuesto de los distintos componentes del sistema judicial, advirtió que ésta "parece tratarse de una intervención en la autonomía presupuestaria de las diversas ramas del Poder Público".
En el documento también se califica de "discutible constitucionalidad" la obligación de dictar la Ley del Estatuto de la Función Pública en el Sistema Judicial contemplada en el artículo 27 del proyecto que ya aprobó la Asamblea Nacional en su primera discusión.
"Resulta atentatoria contra la autonomía funcional y organizativa de las diversas ramas del Poder Público. No parece tomar en cuenta la diversidad de regímenes, roles y funciones que desempeña el personal que labora en el Sistema de Justicia, producto necesario del hecho de la heterogénea integración de éste (jueces, fiscales, defensores públicos, policías, abogados, etc.)", se lee en el escrito.
Corte Primera en la agenda.
La designación de los nuevos integrantes de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, fue otro de los asuntos tratados en la reunión plenaria del miércoles, aunque aquí tampoco se tomó una decisión.
Trascendió que la presidenta de la Sala Político Administrativa, magistrada Evelyn Marrero, llevó los currículos de algunos candidatos, entre los cuales figuran el de Andrés Brito, quien fuera consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las gestiones de Francisco Carrasquero y Jorge Rodríguez al frente del máximo organismo comicial.
La Corte permanece cerrada desde hace ocho meses, cuando el TSJ removió a sus anteriores miembros.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
