La pretensión presidencial de reformar la Constitución para instaurar un modelo político y económico socialista ha sido rechazada por académicos, juristas y organizaciones de Derechos Humanos, las cuales han advertido que esto afectaría los principios fundamentales de la Carta Magna y que, por tanto, debería plasmarse en un nuevo texto fundamental.
Aunque hasta el momento estas opiniones han caído en saco roto, esta semana recibieron un fuerte espaldarazo desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La razón: El vicepresidente de la Sala Constitucional, Jesús Eduardo Cabrera, señaló: "Un sistema de organización social o económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, como es básicamente el socialista, en sus distintas concepciones, cual es el propuesto en el proyecto de reforma, chocaría con lo que quien suscribe, y la propia Sala, era considerado Estado Social, y ello -en criterio del disidente- puede afectar toda la estructura y los principios fundamentales del texto constitucional, hasta el punto que un nuevo ordenamiento jurídico tendría que ser creado para desarrollar la construcción del socialismo".
La afirmación la realizó el miembro del máximo juzgado del país al objetar la decisión de sus colegas Luisa Estella Morales, Francisco Carrasquero, Arcadio Delgado Rosales, Marco Tulio Dugarte y Carmen Zuleta de Merchán de desechar un acción contra la reforma.
El magistrado, quien tiene en su haber decisiones como la que estableció que las organizaciones no gubernamentales que reciban fondos del exterior no pueden actuar en el país y aquella que dice que los periodistas no tienen derecho a réplica porque tienen mayor acceso a los medios, agregó: "No es que Venezuela no puede convertirse en un Estado socialista. Si ello lo decide el pueblo es posible, pero a juicio del voto salvante, (...) conduciría no a una reforma de la Constitución, sino a una nueva Constitución, la cual debería ser votada por el Poder Constituyente Originario".
