Mariano Mejías
informe.marianomejias@gmail.com
Se habla de un diputado que se mete
un billete en contratos con entes del Estado, y ahora mucho más cuando
otro ex diputado amigo, está dirigiendo a uno de los más importantes
organismos públicos. Impune aún está el caso del Sr. Illaramendi, con
sus actividades poco ortodoxas relacionadas con el fondo de pensiones de
los empleados de Pdvsa
Ya empezaron los contactos con dos
partidos de vieja data de la oposición, para lograr el apoyo con miras a
designar a un contralor general de la República que no se perciba tan
vinculado al oficialismo, pero que tampoco se le cargue la mano en
ciertos aspectos, sobre todo en el asunto de las ayudas a los países
amigos
Anti-corrupción. Para quienes hemos pasado nuestra vida haciendo honor a las enseñanzas de padres y maestros es desconcertante ver cómo proliferan los pillos a nuestro alrededor. Esta pandemia de deshonestidad pone en duda aquello que nos decían de niños: que “el crimen no paga”.
Ejemplos, a montones: Se habla de un diputado que se mete un billete en
contratos con entes del Estado, y ahora mucho más cuando otro ex
diputado amigo, está dirigiendo a uno de los más importantes organismos
públicos. Impune aún está el caso del Sr. Illaramendi, con sus
actividades poco ortodoxas relacionadas con el fondo de pensiones de los
empleados de Pdvsa. Qué más pudiéramos comentar de una señora ejecutiva
del Bandes, que está presa en Miami acusada de haber recibido sobornos
del orden de los cinco millones de dólares por participar en un fraude
con unos intermediarios financieros amigos, siendo que, al parecer, el
asunto es mayor, embolsillándose en realidad $60 millones en
menos de un año. En una Venezuela donde el dinero corre libre y donde la
renta petrolera es inagotable, la gente siente que “ponerse” en
un dinero que parece no tener dueño, es parte del éxito social. No hay
sanción ni judicial ni social. Sarcástica pero vigente aún es la vieja
frase de Gonzalo Barrios sobre que en Venezuela se roba porque no hay
razones para no hacerlo. Ya es común oír hablar de “Los bolichicos“;
del tren de vida de una familia política, de la importación de comida
podrida por Pdvsa/Pdval, de la corruptela en la venta de minerales y
tubos en Guayana, y un largo etcétera. Unos $200.000 millones propiedad
de la nación, hoy estarían en manos de la boliburguesía o de amigos
extranjeros. Ciertamente, la corrupción es un fenómeno universal
inherente a la condición humana. Sin embargo, deben distinguirse dos
tipos: la que permanece bajo límites de tolerabilidad social, y la que rebasa cualquier lindero soportable.
Y en esta última perspectiva está Venezuela. El Gobierno ya lo sabe y
remoja sus barbas por la candela que arde en el vecino carioca. Ni el
carisma de Dilma puede parar la conmoción en Brasil que amenaza con
hasta sabotear el propio Mundial de Football. Por ello, supimos que por
vía de Cilia, Escarra y Gladys Gutiérrez, están hablando de preparar una
reforma de la Ley Contra la Corrupción para crear de inmediato, de
nuevo, la jurisdicción anti-corrupción, pero a diferencia de la que existió durante los años ochenta y noventa, no solo será un tribunal superior contra la corrupción
-también colegiado -con varios magistrados-, sino que también se creará
un tribunal de primera instancia que funcione como una corte con varios
magistrados, una a nivel nacional, a semejanza de la Disciplinaria, que
se encargue de enjuiciar los delitos contra la corrupción. Por otra
parte, ya se empezaron los contactos con dos partidos de vieja data de
la oposición, para lograr el apoyo con miras a designar a un contralor
general de la República que no se perciba tan vinculado al oficialismo,
pero que tampoco se le cargue la mano en ciertos aspectos, sobre todo en
el asunto de las ayudas a los países amigos. Está sonando el nombre de
Paciano Padrón, quien no resulta confiable para alguna gente del
Gobierno ni para la misma oposición, por su enfermiza tendencia al
protagonismo en los medios. Los nombres que sí resultan risibles son los
que se tienen para los nuevos tribunales anticorrupción. Otros nombres,
por su parte, son interesantes. Se menciona a una doctora de apellido
Rosales, profesora de la UCV, conjuntamente con otros juristas, que se
apellidan Riera, Rivera y Haddad.
Avocamiento. El que la Sala
Constitucional, intempestivamente, se avocara a conocer la impugnación
electoral que llevaba la Sala Electoral del TSJ, ya lo habíamos
advertido en esta columna hace, exactamente, dos meses. Tal como lo
relatamos entonces, obedecía a dos votos salvados que venían contra la
negativa de anular, y cuya redacción ya manejábamos. Uno se oponía por
el tema del ventajismo pre-electoral. La otra, por la concreta
impugnación de 57 centros electorales, 10 en Caracas, 27 en Lara y el
resto en el Estado Zulia. Por su parte, en la Constitucional no habrá
sorpresas. Zulueta dudaba al respecto, y de otro magistrado se dijo que
pretendía plantear su voto concurrente, pero habrá palo seguro en contra
de los solicitantes. La sentencia será con “ponencia conjunta”, es decir, los siete serán los ponentes, sin saberse quien la diseñó.
Trapo rosado. Se suele hablar de “trapo rojo”
cuando se saca un tema controvertido para quitarle presión a otros
asuntos importantes en los que presiona la colectividad nacional. Y
miren que hay temas de conflicto. La olla de presión que actualmente es
Venezuela ya no cuenta ni con el carisma ni con los dólares para
acallarle el pitico al vapor de la paila. Pero se pretende generar una
distracción por un recurso ante el TSJ a ser resuelto a favor. Este
crearía una discusión nacional sobre una modalidad nueva de “uniones de hecho“, y se llamará el “concubinato de género“.
La figura permitirá uniones homosexuales notariadas, reinterpretándose
el tema de las uniones de hecho homo, que aparentemente negaba la
Constitución. Todo en la ola de seguir lo que hace dos días decidió la
Corte Suprema norteamericana sobre las limitantes matrimoniales de la
parcialmente derogada Ley Clinton.
La boricua. Es muy espinoso -pero
pareciera estar sustentado en datos cuya documentación anda por allí
circulando de correo en correo electrónico-, el tema de la nacionalidad
de la magistrada del TSJ, Evelyn Marrero. Lo que se informa es que nació
en Jayuya, Puerto Rico, el 22-2-42 y se nacionalizó venezolana el
15-7-66, según el Ordinal 1° del Artículo 37 de la Constitución de la
República de 1961, que establecía que: “Son venezolanos por naturalización desde que declaren su voluntad de serlo: 1° La extranjera casada con venezolano”.
Al momento de su nacionalización se encontraba casada (hoy divorciada)
con un ciudadano apellido Osío, dos de sus hijos trabajaban en el
Seniat, uno de ellos renunció y se fue para Bielorrusia; por cierto,
práctica muy usual entre la familia de los magistrados: por ejemplo, una
hija del jubilado magistrado Zerpa -hoy un gran cacao de la Facultad de
Derecho de la UCV-, trabaja en Pdvsa. El caso es que la Constitución
vigente consagra en su artículo 263 como requisito para ser magistrado
del TSJ, tener la nacionalidad venezolana por nacimiento. La doctora
ocupa el cargo de Magistrada desde 2004. La Ley del TSJ establece como
requisito indispensable para ser magistrado, la nacionalidad originaria y
no la derivada. El Poder Ciudadano en una oportunidad declaró desistido
el procedimiento que se intentó contra la docta, alegando que el
denunciante había abandonado el trámite. La especialista ha trabajado
también en la Procuraduría y en la Corte de lo Contencioso
Administrativo, casualmente con la abogada Morales, quien sabe mucho de
la vida de su colega.
María Corina. En la FGR se le
prepara su antejuicio de merito. Aparentarán que van con todo. Llamarán a
declarar a Carrera Damas. La acusarán de rebelión civil. Buscan se vaya
del país. Ella se mueve bien en el norte. Su situación trae roce para
las aspiraciones de cercanía con EEUU. Quieren que entre su suplente en
la AN, de quien se dice es cercano al oficialismo. Por cierto, que no
hay un real consenso en la Plena del TSJ para defenestrar a Mardo. Se
rumora que hasta problemas de dicción sufrieron los representantes de la
Fiscalía en su exposición en la Audiencia.
Preguntando:
- ¿Será cierto que un integrante de la Corte de lo Contencioso Administrativo, profesor de postgrado en la UCV, protegido por el magistrado suplente Ramos, antes de ser magistrado, tiempos en los cuales trabajaba en un órgano legislativo, llegó en esa época a 3 denuncias por acoso sexual a trabajadoras del ente legislativo?;
- ¿Será cierto que un juez superior en lo Tributario de Caracas, tiene también dos denuncias por acoso, ante el Ministerio Público, una por Ciudad Bolívar, y otra por Caracas, con medida cautelar de prohibición de acercamiento a una ex trabajadora (abogada), estando la última denuncia en los tribunales de control de violencia?
- ¿Será cierto que una jueza superior de lo Contencioso Administrativo, muy cristiana ella, tiene 2 denuncias por acoso laboral ante la Inspectoría de Tribunales?
