Jue 03/03/2011 - 00:46
Por:
Agencias/ Laclase.info
Miembros de organizaciones de derechos humanos y trabajadores realizaron el miércoles una protesta ante la Fiscalía General en rechazo a la condena de siete años y medio de cárcel que recibió un líder sindical por dirigir una huelga, y exigieron a las autoridades el "cese de la criminalización de la protesta".
Exhibiendo carteles que decían "protestar no es un delito, es un derecho", cerca de una veintena de activistas y sindicalistas efectuaron una concentración frente a la sede del Ministerio Público para protestar la condena que recibió esta semana Rubén González, secretario general del sindicato de la estatal Ferrominera del Orinoco.
Un tribunal local sentenció el pasado lunes a González a siete años y medio de cárcel por los delitos de asociación ilícita, "restricción del derecho al trabajo", "cierre de vías", "instigación a delinquir" y "violación de las zonas de seguridad".
González estaba detenido desde septiembre del 2009 tras dirigir una huelga que realizaron los obreros de la estatal CVG Ferrominera del Orinoco C.A. que exigían mejoras laborales. Seis meses antes de su arresto, el presidente Chávez había anunciado que combatiría personalmente cualquier huelga en empresas estatales.
Las principales organizaciones locales de derechos humanos, aglutinadas en la coalición del Foro por la Vida, exigieron el miércoles a las autoridades el "cese de la criminalización de la protesta", y que no se emplee el sistema penal para intentar silenciar las denuncias y los reclamos de la población.
El Foro por la Vida dijo en un comunicado que la "condena a Rubén González es una clara demostración que el gobierno le teme al protagonismo popular que interpela a los poderes públicos. Le teme al surgimiento de un movimiento sindical clasista que imponga una agenda social de lucha por mejorar las condiciones de vida y trabajo".
"El caso de Rubén González es un caso emblemático de la criminalización de la protesta", afirmó Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), y denunció que en el caso de González se vulneró la Constitución y regulaciones locales.
Alvarado explicó que en Venezuela hay actualmente 2.500 personas sometidas a procesos judiciales tras participar en protestas..
El activista señaló que hasta el 2005 había unas 20 personas procesadas por participar en protestas, pero que a partir de ese año los juicios se multiplicaron, situación que consideró como una "política de Estado".
Juan Tovar, dirigente sindical de estatal Universidad Central de Venezuela, afirmó que la condena de González representa un "precedente netamente nefasto, anti-revolución, y amedrentador contra la clase obrera y la clase pobre", y descartó que la sentencia pueda atemorizar a líderes obreros.
Varios sindicatos y organizaciones de izquierda también participaron en la protesta.
