LAS AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL EN MERIDA DEBERÍAN SER MAS CONSIDERADAS CON LOS ABOGADOS FRENTE AL VIRUS DEL H1N1
Las autoridades del Poder Judicial deberían ser mas consideradas con los Abogados y ciudadanos en general que asisten a las sedes Judiciales frente a la epidemia de H1N1 que se ha propagado en Mérida.
A las edificaciones donde funcionan las sedes judiciales del Estado Mérida acuden diariamente Abogados en ejercicio, los que cumplen funciones de jueces, Fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos y en el personal administrativo, además de un conjunto de personas que, sin ser abogados, cumplen funciones judiciales y administrativas, como alguaciles, secretarias, asistentes, amanuenses y personal obrero que, también, nos podemos ver afectados por el virus del H1N1.
Se debe resaltar, igualmente, que a dichas edificaciones asisten, cada día, también, un contingente masivo de ciudadanos que necesitan o son requeridos por los Tribunales que, de la misma forma, pueden verse afectados por esta crisis epidemiológica.
A los Abogados nos preocupa, especialmente, por una parte, la cantidad de niñas, niños y adolescentes que deben acudir a los Tribunales de Protección o del Sistema de Responsabilidad Penal de los adolescentes y, por la otra parte, el numeroso contingente de colegas Abogadas y Abogados que por razones laborales debemos acudir a estas instalaciones Judiciales, poniendo en riesgo nuestra integridad física y hasta nuestra vida frente a la amenaza del H1N1.
Desde Solidaridad Gremial exhortamos a las autoridades Judiciales del Estado Mérida a suspender por esta semana las actividades Judiciales y administrativas que se desarrollan en las sedes Judiciales del Estado Mérida, a fin de colaborar con el control de la epidemia, pues los Abogados que laboramos en el Sistema de Justicia Nacional, en Mérida, también tenemos Derecho a la Salud y es deber de las autoridades Judiciales garantizárnoslo.
Conminamos a las autoridades penitenciarias en el Estado Mérida a realizar un intenso operativo en el Internado Judicial de Lagunillas a fin de garantizarles a las internas e internos, así como al personal que labora en la cárcel, el Derecho a la Salud Constitucionalmente establecido para todos los ciudadanos sin distingo de ninguna naturaleza.
