Por monitor
– Lunes, 21 de marzo de 2011
Para este jueves han sido citados a la Fiscalía en Tumeremo, los cuatro dirigentes del sindicato minero de la empresa binacional VenRus (mitad de la transnacional Rusoro del poderoso grupo capitalista de Rusia Agapow y mitad del Gobierno de Venezuela) que fueron despedidos y ahora los amenazan con encarcelarlos tras denunciar presuntos manejos irregulares en el registro del oro y material aurífero producido y por luchar porque la compañía que da enormes beneficios, acepte discutir el contrato colectivo que ya tiene cinco años vencido.
Es otro caso de criminalización de la protesta, del derecho a denunciar y de los derechos laborales y sindicales. Uno más en la larga lista de este gobierno que, paradójicamente, dice ser “socialista y obrerista”. Sin dudas es “política de Estado”. Son demasiados casos en todo el país y en especial aquí en Guayana. Si fuesen uno o dos, podría pensarse que se trata de casos aislados de personas dentro del gobierno y no del gobierno mismo, pero son tan numerosos que casi hay que preguntarse, en cuál sector del gobierno no ocurren estos abusos. Es más fácil saber dónde no hay atropellos. Los jerarcas “revolucionarios” que no incurren en atropellos son la excepción.
Los que tratan con respeto al pueblo serían los verdaderos “infiltrados” por “romper el molde”. El sello del gobierno es la criminalización contra los luchadores sociales.
Los dirigentes laborales de esta estatal que es presentada en la propaganda gubernamental como “empresa de producción socialista” hicieron la denuncia en junio del año pasado y lo hablaron directamente con el ministro Khan y también lo hicieron público. Explicaron en aquella oportunidad que aunque los salarios son muy bajos, los trabajadores mejoran algo sus ingresos con el bono de producción. Y que, de acuerdo a su denuncia, los reportes decían que “están registrando los camiones con un constante en 11 toneladas de material aurífero, pese a que aquí se sabe que el peso de carga de cada camión es de 19 a 22 toneladas, lo que se evidencia una diferencia de 28 mil 500 toneladas de material que representan un equivalente a 500 kilos de oro”. Nunca se supo si hubo investigación. Eso los afectaría a ellos pero también a la nación. ¿Es cierto? ¿A dónde va a parar ese material aurífero?
Luego le insistieron a Khan en su contrato colectivo. Éste les habría dicho que Giordani decía que no había dinero, pero los sindicalistas argumentan que la empresa es autosustentable por su producción y por el altísimo precio mundial del oro, que no necesitan aportes del gobierno. Khan prometió que en un mes comenzaría la discusión. Nada ocurrió. Por eso comenzaron las protestas y conflictos. El gobierno “obrerista” los despidió con anuencia de la Inspectoría del Trabajo. Y hace poco la presidenta de la compañía dijo en entrevista con este diario que “podrían ir a la cárcel”. Ahora están citados a Fiscalía. Más criminalización de la protesta.
Son 95 los dirigentes sindicales, delegados o activistas laborales que están sometidos a procesos en Guayana. El reportaje publicado ayer en Correo del Caroní es muy concluyente. Deja un asombro con sabor amargo. El caso de Orinoco Iron debería ser un escándalo total. Por las denuncias de irregularidades hechas por los delegados de prevención y parte del sindicato. Por la reacción de las “autoridades” del “control obrero” (¿?) que ordena la calificación de despido y ahora un juicio penal. Por el acoso policial. El caso de SutraCVG. Los sidoristas de los dos casos donde hay juicio abierto. Los casos de Ferrominera son otro escándalo muy feo. Las calificaciones de despido y el acoso policial contra los delegados de prevención que han denunciado el desastre de la inseguridad industrial con informes muy serios con el aval de Inpsasel. Pero ellos son los acusados. El mundo al revés.
La libertad de Carlos Chancellor es emblemática. Se han logrado triunfos parciales, incompletos, pero triunfos al fin, de los derechos laborales, de la democracia y de la autonomía sindical con Rubén González y William Saud. Con Chancellor hay además de criminalización de la protesta un abierto desconocimiento de la voluntad popular que lo eligió alcalde abrumadoramente, aunque no pudo hacer campaña por estar preso. Ahora se ensañan con nuevas acusaciones inventadas sólo para mantenerlo preso. Esa lucha es de la democracia y contra el terrorismo de Estado. Reclamamos la libertad de Chancellor.
Tomado de “Público y Confidencial” http://www.correodelcaroni.com/content/view/175183/107/
