El gobierno desatendió la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exhortó al gobierno no solo a declarar su inmediata liberación sino a indemnizarlo por daños y perjuicios causados. Rubén dignifica la condición de dirigente sindical comprometido con los trabajadores: Al escuchar la sentencia respondió “Estaré preso, no importa, así está la justicia en nuestro país. Pero hice lo que tenía que hacer”. Está tras las rejas por reivindicar el derecho a exigir derechos.
Datos recopilados por las organizaciones de derechos humanos reflejan un amplio descontento en el sector laboral del país. De las 3315 protestas que se produjeron en 2010 más de 30% fueron protestas laborales. Además, existen más de 2500 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber ejercido su derecho a la manifestación pacífica. El gobierno conoce que el estado Bolívar, y particularmente Guayana, viven una situación de alta conflictividad social producto de irregulares condiciones laborales, estancamiento e incumplimiento de las contrataciónes colectivas e ineficiencia en la gerencia de las empresas. Por ello la sentencia contra el dirigente gremial no puede analizarse sin el contexto que la genera: La necesidad de una medida ejemplarizante para intimidar la exigencia de derechos laborales.
La condena a Rubén González es una clara demostración que el gobierno le teme al protagonismo popular que interpela a los poderes públicos. Le teme al surgimiento de un movimiento sindical clasista que imponga una agenda social de lucha por mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores.
El artículo 97 de la CRBV garantiza a los trabajadores y trabajadoras el derecho a la huelga, por lo que la sentencia que condena a Rubén González es claramente inconstitucional y tiene como objetivo coartar la libertad sindical y criminalizar el legítimo derecho a la a protesta.
Pese a la criminalización de la protesta reivindicamos el derecho a exigir derechos. Defendamos las condiciones democráticas que permitan la defensa de los derechos que nos garantizan la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos.
En consecuencia, exhortamos al sistema de administración de justicia, especialmente el tribunal de alzada que conocerá del caso en apelación, a respetar las garantías del debido proceso y dictar una sentencia apegada a la Constitución en garantía del derecho a la huelga de los trabajadores.
Exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que haga uso de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley y se pronuncie sobre la actuación de la Fiscalía y los Tribunales en el caso.
Exigimos el cese de la criminalización de la protesta en el país, donde el uso del sistema penal se ha convertido en un mecanismo para intentar silenciar las denuncias y reclamos de la sociedad.
Vocería Foro por la Vida
PROVEA- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Espacio Público
Justicia y Paz Nacional
