EL UNIVERSAL
Los cambios introducidos al artículo 141 en el proyecto de reforma constitucional propuesto por el presidente Chávez, que elimina los principios de la administración pública como la eficacia y la rendición de cuentas, obstaculizan el control de los ciudadanos sobre los funcionarios y sus decisiones, considera el abogado constitucionalista Rafael Chavero, y el ex presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Nelson Chitty La Roche.
"Los cambios en el artículo 141 abren la posibilidad de que a través de reformas legislativas se obstaculice el control ciudadano sobre la gestión de la función pública. Lo que se esconde detrás de los cambios es alejar la toma de decisión de los ciudadanos y evidencia que al Gobierno no le gustan los controles y que la gente se inmiscuya en la supervisión de sus actividades", dijo el especialista.
La posición de Chavero es compartida por el ex parlamentario Chitty La Roche, quien explicó que la modificación del artículo 141, que incorpora las misiones sociales, borra la premisa de que la administración pública se debe al ciudadano y a su servicio. "Con la reforma la administración pierde el sentido ético y se convierte en una organización al servicio de las políticas públicas. Los principios eficiencia, celeridad, participación y los demás que se eliminan, pragmatiza completamente a la administración que carecerá de controles", indicó Chitty antes de recordar que cada año se gasta hasta 7 mil millones de dólares dirigidos a las misiones sin control ni rendición de cuentas.
Ambos especialistas coinciden en que los cambios son "un claro retroceso". Al respecto Chavero indicó que es una vuelta atrás en cuanto a los principios de la actuación de los órganos estatales". El abogado manifestó que la Carta Magna de 1999 constitucionalizó premisas importantes como la eficiencia, la eficacia, la celeridad, la honestidad y la rendición de cuentas. "Al eliminar estos principios, muchos de los cuales se encuentran recogidos en normas de rango legal, se abre una puerta para modificar esas leyes. Se trata de un retroceso en la evolución en el Derecho Administrativo, en virtud de que ahora los órganos no estarán al servicio de los ciudadanos. Se elimina la obligación de la administración pública de rendir cuentas". Entre las leyes que podrían reformarse debido a los cambios están la Ley Orgánica de Contraloría, Ley de Simplificación de Trámites y otras que regulan la actividad de la administración que ya no tendrían relación con la Constitución.
El ex parlamentario Chitty recordó que el sistema de la responsabilidad pública forma parte de los fundamentos de la Constitución contemplados en los primeros nueve artículos: "El artículo 2 habla de responsabilidad social, el 4 de la corresponsabilidad de los entes públicos, al igual que el 6, entre otros artículos. Vale preguntarse cuáles serán los principios que acompañarán ahora los gastos de la administración", dijo.
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