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29 agosto 2007

“Con la nueva Constitución se legalizaría el principio político de Chávez”

Jorge Villet Salas

El abogado Gennys Navarro señaló ayer, en horas de la mañana, en un encuentro con comunicadores sociales de la ciudad de Mérida, su punto de vista sobre la reforma constitucional presentada en la primera quincena de este mes por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Al inicio, Navarro precisó que en el año 1999 se planteó a los venezolanos “el proyecto de Gobierno, el cual se encontraba desarrollado en el proyecto de Constitución”, que a la postre fue aprobado por una Asamblea Nacional Constituyente, en primer lugar, y en segundo lugar por un referendo consultivo efectuado el 15 de diciembre de ese año. “Era, además, una de las constituciones más modernas de América Latina y del mundo y ese proyecto podría durar -al menos- un siglo de implementación y desarrollo”.


Se trata de una nueva Constitución, no de una reforma


Pero luego de casi 9 años de ejercicio del Gobierno y de una reelección presidencial de por medio, “nos encontramos que el Presidente asume la iniciativa, que por Constitución le está dada, para plantear al país lo que él denomina una reforma constitucional, y los que hemos estudiado Derecho Constitucional denominamos una nueva constitución”.

Más adelante, el abogado constitucionalista señala que al revisar los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Constitución vigente y el proyecto planteado por el Presidente de la República no queda duda que el planteamiento presidencial sobre: la continuidad en el poder, la eliminación de la descentralización, la centralización de la administración pública y de los estados, el cambio en el sistema económico y, además, el cambio de la visión y filosofía del Estado Venezolano, “afecta las estructuras fundamentales y el texto fundamental aprobado en 1999”, subrayó, para comprobar su afirmación sobre el hecho de estar al frente de un nuevo texto constitucional y no al frente de una reforma como se quiere hacer ver por los organismos del Estado.


Método errado


Considera más adelante que el criterio usado es totalmente errado, “debió ser por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente y luego de ello la implementación del referendo que aprobara la consecuencia de la discusión de esa asamblea”.

Pero la realidad que vive el país es otra, signada por una discusión acelerada por parte de la AN, a pesar de la existencia de temas fundamentales que forman parte de la materia pendiente del Poder Legislativo Nacional.


Se elimina la estructura del Estado


Con la puesta en marcha de la nueva geometría del poder, “yo considero que se trata de la destrucción de toda la estructura del Estado dado el hecho que se genera toda una suerte de divisiones que procuran fraccionar en miles de pedazos el territorio nacional, socavando la influencia política y económica que las entidades tienen y tomar el control de forma directa desde el Ejecutivo nacional”.

Con la creación de comunidades y comunas se ve con claridad cómo esos espacios federales tendrán designadas a sus autoridades por el propio Presidente de la República en los lapsos establecidos por la Ley, “se deja de lado todo planteamiento democrático”.


La propiedad se divide


Se propone la división de cinco tipos. La social pertenece al pueblo pero participa el Estado, quien tiene el control; la colectiva que se asigna a grupos sociales o comunitarios (privados o no) pero también tiene el control el Estado; la mixta, donde participan conjuntamente Estado y sector privado nuevamente bajo el control del Gobierno; por último, aparece la propiedad privada legítimamente adquirida por particulares pero mientras no afecte derechos de terceros o de la sociedad, cuando podrá ser objeto de confiscación.

Navarro señaló que considerar “un bien de un tercero o de un particular puede interesarle al Estado por interés social, o por interés del propio Estado puede confiscarlo. Eso es gravísimo porque es modificar el régimen de respeto a la propiedad privada que es un principio republicano, aceptado desde hace muchísimos años en el constitucionalismo venezolano”.

Acotó que esta modificación convertiría al Ejecutivo nacional en “el gran propietario de todos los medios de producción y de todos los servicios. Cada día, a medida que pasen los años, el particular, el privado, van a ser menos propietarios y van a tener menos propiedad importante”.

Indicó que el artículo 21 de la Constitución de Cuba dicta que el ciudadano “sólo es propietario de los efectos personales, de los enseres, de sus ahorros y de lo que produzca con su trabajo para ahorrar”.

Finalmente, destacó que materias como la reelección acaban con la alternabilidad democrática, acaban con la descentralización alterna del Estado democrático, y el hecho de colocar al servidor público al servicio de los poderes públicos hace que culmine el fin del Gobierno.