"Esta ley habilitante surgió como una
necesidad de tener poderes constitucionales que me permitan moverme en
el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela", dijo Maduro
ante el Parlamento
16 de marzo 2015 - 08:02 am
La Asamblea Nacional en
Venezuela otorgó este domingo al presidente Nicolás Maduro poderes
especiales para legislar por decreto hasta el próximo 31 de diciembre,
luego de que el mandatario pidió tales facultades para hacer frente a la
"amenaza del gobierno de Estados Unidos".
El pasado lunes la Casa
Blanca declaró a Venezuela una amenaza para su interés nacional y
sancionó a más funcionarios de ese país sudamericano por presuntos actos
de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
"Esta ley
habilitante surgió como una necesidad de tener poderes constitucionales
que me permitan moverme en el complejo escenario que se ha abierto para
Venezuela", dijo Maduro ante el Parlamento.
"Este es el momento de
estar con la patria o estar con los traidores", dijo, por su parte, el
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al entregarle al
mandatario el documento aprobado.
Para qué servirá
La
Ley Habilitante es un dispositivo previsto en la Constitución para
afrontar necesidades y emergencias, y que busca reducir plazos
administrativos y dar respuesta oportuna y eficaz a personas afectadas
por una situación particular.
Esta es la segunda vez desde que
asumió la presidencia hace casi dos años que Maduro solicita una "ley
habilitante" a la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría.
En 2013,
la ley que le otorgó poderes especiales le otorgó seis semanas para
legislar y resultó en cerca de 40 leyes, incluidas la que fijó el margen
de ganancias a las empresas y la centralización de la distribución de
alimentos.
El artículo 1 de la Ley Habilitante expresa que su
objetivo es "proteger al pueblo frente a actuaciones de otros países o
entes económicos o transnacionales".
En la práctica, Maduro estará
en capacidad de emitir las leyes que considere convenientes para
alcanzar este fin de aquí a final de año.
Al igual que ocurrió en
2013, el instrumento que ahora le otorga poderes especiales al
presidente venezolano no alude específicamente a las leyes que el
mandatario planea aprobar.
El proyecto de Ley enviado por
Miraflores pedía autorización para legislar por decreto en forma
"preventiva y de resolución" en los siguientes ámbitos:
- Garantía del ejercicio de los principios constitucionales y del Derecho Internacional Público de soberanía, independencia y libertad, libre determinación de los pueblos, no intervención en sus asuntos internos, igualdad soberana de los Estados, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos.
- Fortalecer la protección del pueblo y de todo el Estado frente a las agresiones extranjeras y de factores internos dirigidos a perturbar la paz, tranquilidad pública y economía nacional.
- Reforzar la eficacia del principio democrático de participación protagónica y el valor de la solidaridad colectiva contra tales amenazas.
- Fortalecer las alianzas estratégicas de Venezuela con América Latina y el Caribe.
- Establecer normas para fortalecer el sistema de responsabilidades administrativas, civiles y penales en resguardo de los principios enunciados.
Todo esto le quedó autorizado por vía Habilitante.
Críticas
Por
su parte, portavoces de oposición cuestionaron la Habilitante y
especularon con los que creen son los verdaderos motivos detrás de su
aprobación.
Algunos, como Rocío San Miguel, de la ONG Control
Ciudadano, apuntaron a la posibilidad de se use para facilitar la
represión: "La Ley Habilitante Antimperialista será un instrumento
contra el enemigo interno y, como las habilitantes de Maduro, orientada a
socavar los derechos humanos", dijo en Twitter.
"Quieren impedir
manifestaciones y neutralizar los factores políticos porque saben que se
acercan las elecciones parlamentarias", coincidió el portavoz de la
opositora Mesa de la Unidad Democrática Antonio Ricóveri.
Otros,
como el parlamentario opositor Eduardo Gómez Sigala, señalaron que se
trata de una cortina de humo. "Con la discusión de la normativa legal se
buscan ocultar los verdaderos problemas de los venezolanos como la
escasez, la devaluación, entre otros asuntos sociales", dijo.