Mañana expondrá el calvario que vivió durante
dos meses y medio, cuando estuvo en manos de Luis Carrera Almoina, y
cómo el sistema judicial impidió una sanción efectiva de los delitos
La
lucha de Linda Loaiza López Soto no ha terminado. Desde hace 14 años
libra una batalla para que otras mujeres no sean víctimas de lo que le
ocurrió a ella: durante más de 2 meses fue secuestrada y torturada por
Luis Antonio Carrera Almoina. Pero no solo sufrió lo que le hizo este
hombre, sino también el sistema judicial venezolano.
Mañana
expondrá sus argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en Washington. Estará acompañada de Liliana Ortega, directora
de Cofavic, y Francisco Gil, del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional.
El
12 de noviembre de 2007 la CIDH recibió la denuncia de Linda Loaiza
López y su abogado, Juan Bernardo Delgado, en la que alegan
responsabilidad internacional del Estado venezolano en su caso. Aspiran
a que después de esta audiencia el caso sea enviado a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. “Confío en Dios y en
todos los elementos que tiene el informe”, dijo la semana pasada antes
de viajar.
López
y Delgado afirman que ella fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 por
Carrera Almoina, quien la mantuvo privada de libertad por dos meses y
medio. En ese tiempo fue abusada y agredida por ese hombre. Sufrió
graves lesiones sexuales, físicas y psicológicas. Sus denuncias ante la
CIDH se centran en la investigación de los hechos y el proceso penal
contra el agresor que, aseguran, se caracterizó por numerosas
irregularidades, falta de actuaciones judiciales, dilaciones
injustificadas, la injerencia de personajes políticos y maltratos
constantes de funcionarios del Poder Judicial hacia la joven y su
familia.
Consideran
que este patrón de abusos, irregularidades y negligencia resultó en la
impunidad de los hechos de violencia sexual de los que fue víctima,
con el agravante de que no se consideró el género y la situación
económica precaria de la denunciante, que entonces tenía 18 años de
edad, lo que acarreaba una obligación reforzada del Estado de juzgar y
sancionar los hechos. Las irregularidades comienzan desde la
calificación de los delitos. El tribunal condenó al agresor a 6 años y 1
mes de prisión por lesiones gravísimas y privación ilegítima de
libertad, en lugar de hacerlo por violencia sexual y homicidio
calificado en grado de frustración.
Entre
las irregularidades está que la fiscal 33, Capaya Rodríguez, que
inicialmente asumió la averiguación, le dijo a los padres de Linda
Loaiza que no era necesario que nombraran abogados porque ella se
encargaría de todo. Les impidieron visitar a su hija en el hospital
donde estuvo recluida para recuperarse de las múltiples lesiones y
tuvieron que pedirle permiso a esa fiscal para verla.
El
expediente estuvo en manos de 76 jueces y magistrados del TSJ como
consecuencia de 59 inhibiciones, mientras que las audiencias fueron
diferidas en 38 oportunidades y no hubo respuesta de ningún organismo
cuando hicieron las impugnaciones respectivas.
El
juez 18 de Control, Ángel Zerpa, fue suspendido del cargo por 60 días
cuando Carrera Almoina se fugó del apartamento 61A del edificio
Dorávila, situado en la Quinta Avenida de Los Palos Grandes, donde
cumplía sentencia de casa por cárcel. Luego fue recapturado y enviado a
la cárcel de Yare I. Cumplió 6 años y 1 mes de prisión.
El
Estado venezolano ha señalado que los alegatos de López sobre la falta
de prevención y la efectiva sanción del delito de violación sexual no
se encuentran respaldados por argumentos serios. Ha dicho, además, que
las lesiones producidas a la joven no fueron perpetradas por
funcionarios, por lo que no son responsabilidad del Estado.
Es
la primera vez que una venezolana recurre a la CIDH para denunciar un
caso de violencia de género, violencia contra la mujer y violencia
sexual.
14 cirugías en 14 años. Linda
Loaiza López no es la única víctima de Carrera Almoina. En 1999 el
hombre vivió en una residencia de la urbanización Barrio Obrero de San
Felipe, Yaracuy, con la maestra Rosalba Guerrero, de 34 años de edad. En
una ocasión la mujer desapareció y al regresar a la casa familiar tenía
hematomas y quemaduras en 80% del cuerpo, así como desfiguradas las
orejas.
López
es la segunda de 11 hermanos de una familia establecida en Mérida.
Llegó a Caracas en 2001 con su hermana mayor, Ana Cecilia. Al poco
tiempo conoció a Carrera Almoina y luego desapareció hasta el 19 de
julio de 2001. Atada a una silla logró llegar a una ventana del
apartamento 2A de las residencias 27, en la avenida Sojo de El Rosal.
Desde allí gritó en demanda de auxilio.
Fue rescatada por Polichacao y
bomberos. La internaron en el Hospital Universitario de Caracas y desde
entonces le han practicado 14 cirugías reconstructivas en la cavidad
intrauterina, ojos, nariz, boca y orejas, a causa de los daños
ocasionados por su agresor.
Aún
sigue bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico. En 2012 se graduó
de abogada en la Universidad Santa María e hizo una especialización en
Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad
Latinoamericana y del Caribe.