La CIDH pidió que la investigación del crimen de Kluiverth Roa sea investigado de manera imparcial | Foto EFE / Archivo
30 ONG representantes de 11 países del
continente exponen sus inquietudes sobre el tema. El coordinador de la
ONG venezolana Provea, Rafael Uzcátegui, se refirió a la existencia de
leyes en el país que criminalizan y obstaculizan el derecho a la
protesta
16 de marzo 2015 - 02:47 pm
Durante el 154° período de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 30 ONG representantes de 11 países
del continente expusieron ante una audiencia especial titulada "Protesta
Social y Derechos Humanos en América", su preocupación por la
ccriminalización del derecho a la manifestación en los países de la
región.
El coordinador de la ONG venezolana Provea, Rafael
Uzcátegui, intervino en representación de la organizaciones de Derechos
Humanos de Venezuela. Relató la existencia de "leyes que criminalizan y
obstaculizan el derecho a la protesta", y citó el caso de Rodolfo
González.
"Gonzalez fue detenido en una protesta en 2014. Tras 11
meses detenido en las instalaciones de la policia política y sin haber
comenzado el juicio en su contra, se suicidó, tras conocer que sería
trasladado a una cárcel para presos de delitos comunes sin garantias
para su vida y su integridad", dijo.
Uzcátegui también resaltó la
"incompatibilidad del permiso previo para ejercer el derecho a la
manifestación con las garantías para el ejercicio del derecho mismo".
Por
su parte, Gaston Chelier del Centro de Estudios Legales y Sociales de
Argentina, se refierió al uso de armas letales y menos letales "que
igualmente causan muertes".
"En Venezuela las protestas de 2014
dejaron un saldo de 43 muertos y 878 lesionados, y el mes pasado murió
un adolescente por el disparo de un arma de fuego", señaló con relación
al asesinato de Kluivert Roa en San Cristóbal
Chelier recordó que
"las protestas sociales expresan demandas de fondo y es necesario que la
autoridad favorezca que se canalicen por vías que permitan su
atención".
