02-02-12
Caracas (TSJ).- La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, expresó que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Penal son de obligatorio cumplimiento mientras no sean cambiados, pero que representan “una camisa de fuerza que impide al Poder Judicial estar a la altura de lo que nosotros técnicamente sabemos que podemos hacer y estamos obligados a luchar por ello”.
Así lo señaló en una entrevista telefónica que concedió hoy a la emisora Unión Radio, en la que informó que se ha venido estudiando que entre el año 2006 y 2011 se ha presentado una disminución en la comisión de los delitos contra la propiedad, lo cual está ligado directamente a la aplicación de las grandes misiones del Estado que han logrado aumentar el empleo, disminuir los problemas en el ámbito de salud y alimentación en las clases menos pudientes, lo que ha permitido un descenso en la pobreza crítica. “A menor pobreza menor cantidad de delitos contra la propiedad”, precisó. Expresó la Presidenta del TSJ que es partidaria de revisar el COPP. “Creo que no se ajusta a la realidad venezolana, pienso a la vez que nuestro Código Penal es arcaico, ha cumplido con la función que le correspondía, a estas alturas cuando hemos cambiado tanto, incluso en el mundo informático, en la celeridad para que pudiésemos establecer a través de las nuevas tecnologías para los procesos. No podemos estar todavía dependiendo del papel y del retardo en el procedimiento que nos establece el propio Código”.
En ese sentido informó que el Tribunal Supremo de Justicia elaboró un proyecto de Código Penal que fue enviado a la Asamblea Nacional, el cual es novedoso, elaborado por un equipo dirigido por el magistrado Francisco Carrasquero. Además la Magistrada señaló que se trabaja en el tema de los Tribunales Municipales Penales.
Sobre estos tribunales explicó que serían los encargados de juzgar a las personas que cometan delitos que tienen como pena máxima cinco (5) años de acuerdo con el Código Penal, “asuntos de menor cuantía en relación a la ofensa social y que puedan establecer como castigo, unas penas alternativas para cumplirlas en libertad como son trabajos comunitarios, trabajos con el colectivo, entre otras”. Aclaró que no conocerán delitos de lesa humanidad, violación, secuestro, tráfico de drogas, corrupción, entre otros.
Al ser consultada sobre el tema de la titularidad de los jueces en el país expresó que desde el TSJ se trabaja de forma ardua en el tema de su formación, para que puedan participar en los concursos de oposición. “Estamos preparándonos luego del desarrollo de lo que es el Programa de Formación Inicial (PFI) que ya cumplieron 599 aspirantes a jueces titulares y estamos preparándonos para abrir los concursos de oposición, es decir, este año arrancamos con dichos concursos para jueces a los cuales podrá participar cualquier abogado que se sienta capacitado, pero que dentro de nuestros jueces ya 599 están en ejercicio preparados para ir a esos concursos llenando todas las condiciones de formación”.
Acerca del tema de la justicia de paz recordó la magistrada Luisa Estella Morales que el TSJ envió en su oportunidad a la Asamblea Nacional un proyecto en el que “disentimos un poco del término justicia de paz porque luego de la promulgación de un grupo de leyes que hablan de la organización comunal, indudablemente que el término justicia de paz como que perdiese vigencia y deberíamos hablar como la propia Ley de las Comunas establece, de justicia comunal”.
Explicó que el proyecto enviado por el Alto Tribunal al Parlamento Nacional se basa en que el sistema de justicia venezolano debe reconocer la justicia comunal o la llamada justicia de paz como parte de su sistema, “un juez de paz debe contar con los recursos con los que cuenta cualquier juez de la República Bolivariana de Venezuela, pero que difieren en la materia que conocerán, porque ellos van a conocer de algunos asuntos que pudiesen catalogarse como faltas, como desavenencias dentro del engranaje social de un determinado grupo; en eso también indudablemente tenemos una fortaleza porque hemos avanzado en el manejo de la conciliación y la mediación”.
Por último expresó la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño que el informe de gestión presentado al país en la sesión solemne con motivo del inicio de actividades judiciales del año 2012, demuestra que se va por buen camino. “Los alcances han sido positivos y seguiremos avanzando por esa vía que hemos descubierto a través del estudio, del análisis, de la comparación estadística, que es el camino para la transformación del Poder Judicial venezolano”.
