JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Cuando restan menos de ocho días para que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se celebre el juicio contra Venezuela por la manera como fueron destituidos los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en 2003, el tribunal hemisférico recibió un informe de dos organizaciones no gubernamentales encargadas de promover el Estado de derecho y la reforma del sistema de administración de justicia.
La Comisión Internacional de Juristas y la Fundación para el Debido Proceso Legal en el Amicus Curiae (amigos del tribunal) que consignaron el lunes, las agrupaciones recordaron que los tratados internacionales establecen que los jueces deben gozar de estabilidad en sus puestos y que cualquier proceso que se les quiera servir debe estar ceñido al debido proceso.
Los ex magistrados Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri, al igual que la actual presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estella Morales; y la presidenta de la Sala Político Administrativa, Evelyn Marrero, fueron removidos de sus cargos, luego de adoptar decisiones desfavorables para el Gobierno.
Apitz, Rocha y Ruggeri recurrieron la decisión ante el Máximo Juzgado, pero como el mismo no se ha pronunciado, acudieron ante la Comisión Interamericana, la cual consideró que la denuncia tenía fundamento.
