LA REDUCCION DE MEDICINAS EN LOS TRABAJADORES JUDICIALES

En los últimos lineamientos de la DEM en cuanto a las farmacias incorporadas a la red para el otorgamiento de medicamentos a los trabajadores judiciales, bajó más del 75% del monto asignado para la adqusición de medicinas, esto quiere decir que anteriormente a los Trabajadores se les ortogaba un monto dinerario suficiente para adquirir medicinas; ahora resulta que se han mermado los mismos, es claro que es una irregularidad y que no se observa ni el fin ni ninguna justicia social en el poder judicial, fíjense en el caso de la cra. Maribel Capdeville, Trabajadora Judicialjubilada del Estado Yaracuy, quien presenta una enfermad crónica desde hace años, le fue otorgada la incapacitación por la misma enfermedad, el cuadro que presenta no es fácil cuando está en casa en sillas de rueda sin nadie que le escuche, en medio de la soledad después de haber servido como funcionario público, el poco consuelo que recibe, es que sus medicinas fueron mermadas, la cra. Maribel, presenta 3 enfermedades de tipo “inmunológico” y toma esteoirdes, anticogualentes para la sangre, y (6) medicamentos mas y si deja de tomar los mismos presenta descompensación en sus órganos internos, presentando cuadro de lupus eritemastoso, síndrome de sjogren y síndrome antifosfolipido….” Nos preguntamos cuando hay casos especiales de este tipo, donde está la fulana justicia social ? Debe otorgársele la dotación completa en lo que respecta a medicinas a esta cra. Jubilada, llamado que se le hace a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ya que se ha agotado todo tipo de instancias.

MORALES ANUNCIÓ QUE "NUEVO JUEZ" SALDRÁ DE LA BOLIVARIANA

733 egresados de la UBV aspiran a ingresar al Poder Judicial

La corrupción y el retardo procesal, dos de los principales flagelos que azotan a la Justicia venezolana sólo podrán ser superados mediante la incorporación de nuevos funcionarios formados de manera distinta. Al menos así lo considera la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, quien anunció que a finales del año pasado suscribió un acuerdo con la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) para que profesionales formados en esa casa de estudios ingresen al Poder Judicial.

Ayer, durante el acto de apertura del año judicial, la funcionaria informó que los 733 abogados que egresaron de la primera promoción de la institución ingresarán a la Escuela Nacional de la Magistratura, donde se someterán a unos cursos, y de superarlos ingresarán al máximo juzgado, la Defensa Pública o los demás tribunales del país. "Una nueva gesta de abogados preparados para plenar de jueces y funcionarios honestos, capaces y formados en el nuevo constitucionalismo y probados en lo moral y ético".

Así calificó Morales a los aspirantes, muchos de los cuales se encontraban presentes en la sede del máximo juzgado presenciando el evento.

El anuncio de la presidenta del TSJ parece confirmar los temores de los sindicatos sobre los motivos de la reestructuración del Poder Judicial que en marzo pasado decretó la Sala Plena del máximo juzgado. Desde el Sindicato Unitario Organizado de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) se denunció que la medida, que en esta oportunidad no afectaba a jueces solamente sino también a funcionarios administrativos, buscaba abrir mil puestos para sustituirlos por egresados de la UBV.

Con carga política

Durante su discurso, Morales abogó por dejar de utilizar los tribunales como campo de batalla política. "Uno de los males que tiene que erradicar el Poder Judicial es, tomando en consideración el costo de la sentencia, es el uso abusivo que se hace del aparato judicial solamente con la intención de politizar algunos casos, recargando de acciones que a veces ni siquiera son revisadas por quienes las intentan al sistema", afirmó. No obstante, esta exigencia la presidenta del TSJ dedicó un porcentaje importante de los más de 50 minutos que duró su discurso en fijar su punto de vista político frente a determinados hechos como la intervención militar en Haití.

La magistrada se sumó al presidente Hugo Chávez, quien asistió al acto, y acusó a Estados Unidos de querer "adueñarse" de la devastada isla "bajo el engaño de la ayuda" para superar las secuelas del terremoto del 12 de enero. Asimismo insistió en criticar, aunque sin mencionarla expresamente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que dijo está "dominada por centros de poder" que buscan intervenir en los asuntos internos de los países de la región.

Balance del año

En su discurso, Morales exhibió como un logro de su gestión el hecho de que haya ejecutado 99% del presupuesto asignado para 2009, el cual superó los 4 millardos de bolívares fuertes. No obstante, no detalló en qué se invirtieron los recursos. Sólo informó que el año pasado se abrieron 4 nuevos tribunales y que se inició la mudanza de los juzgados civiles y mercantiles de Caracas desde el vetusto edificio José María Vargas a las torres de El Silencio y tampoco no se refirió al hecho de que los trabajadores del Poder Judicial no hayan terminado de recibir sus utilidades.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL

SECRETOS DE TRIBUNALES

MARIANO MEJIAS

informe.marianomejias@gmail.com

Justicia bolivariana. No amiga y amigo lector, no es un error. Lo de “bolivariana”, así en “b” pequeña. Y es que tal pequeñez fue lo que se percibió en la llamada Apertura del Año Judicial que se celebró el miércoles 10 de febrero pasado en el Tribunal Supremo de Justicia. Y es que tras 3 años de inasistencia del presidente Chávez a tan protocolar acto de inicio de lo judicial en el país, el de este año significó un cúmulo de paradojas, bajezas, equivocaciones, pero sobre todo, la entrega y sumisión total del Poder Judicial venezolano a los designios del ex propiante Comandante. Lo que faltó fue una transmisión en vivo desde Dos Pilitas, con el Comandante al lado de la presidenta Morales, con los vitrales del “Máximo Tribunal” (¿¿¿¿????) como fondo, y que éste dijera: “Exprópienlo”. Pero ya para qué, preguntaran los sarcásticos, si la “Utilidad Pública” de tal Tribunal se limita al famoso juego del Monopolio Judicial que regalaron a los jueces.

Pero, sin más, comentemos lo acontecido en ese magno acto anual de lo judicial en el país:

En el Auditórium del TSJ se congregaron dos grupos de personas, los magistrados, los invitados protocolares (presidentes de los Poderes Públicos, embajadores, diputados, etc.) y un grueso número de “abogados” graduados en la primera promoción de la Universidad Bolivariana, en sus diferentes núcleos. Ahora bien, todo el discurso tanto de la presidenta del TSJ y de su Sala Constitucional, como el de la oradora de orden, la magistrada Evelyn Marrero, estuvo plagado de constantes referencias a esos “abogados”, como “la sangre nueva” que ingresará al Sistema de Justicia, sustituyendo a la justicia burguesa, capitalista, que ha tenido el país hasta ahora. Y es que tales referencias eran, para observar siempre por el rabito del ojo, como el asunto era apreciado no sólo por los egresados bolivarianistas, todos emboinados, sino por el Numero 1, que ante esas expresiones de beneplácitos frente a los bisoños “juristas”, aplaudía a rabiar, lo cual era secundado por las presidentas de los Poderes Públicos que allí se encontraban.

Desde esta columna no cuestionamos que la colectividad, los humildes, el pueblo, pueda ingresar a cualquier universidad, llámese bolivariana, católica o central, y superarse. Y graduarse de abogado, de médico, de economista, en fin (por ello, la expresión del Comandante frente a lo “pata en el suelo” que fue antes uno de sus ministros, era poco feliz). Pero para poder realizar una mínima labor de eficiencia dentro del Sistema de Justicia (llámese jueces, secretarios, defensores públicos, o fiscales) el aspirante debe haber visto en una escuela de derecho, al menos, los rudimentos básicos del Derecho Procesal, del Derecho Civil, del Derecho Penal, del Derecho Administrativo. Y es que todo ello está ausente en el pénsum de dicha Universidad Bolivariana, limitándose la carrera en graduar en 4 años a bachilleres que provienen de la Misión Sucre impartiéndole un cúmulo de materias ideológicas, políticas, de entorno social (lo cual en sí mismo no pudiera ser criticable si ese es el contexto político de la universidad y de sus cursantes) pero con una ausencia supina del andamiaje jurídico exigido a cualquier abogado aquí, en Nueva York, en La Habana, en Seúl, en Teherán o en Beijín.

Se dijo en tal acto, que dichos egresados irían a estudiar en la Escuela de la Judicatura del TSJ, pero ello no es un barnizaje mínimamente adecuado, cuando constantemente los egresados de tal Escuela, en el llamado Programa de Formación Inicial (o PFI), y que eran abogados si egresados de escuelas de derecho reconocidas, nos atiborran de mensajes en nuestro e-mail, relatándonos que, en primer lugar, buena parte de los profesores que allí impartieron (salvo honrosas excepciones) no instruían más que el mismo componente ideológico-socialista; pero que, a fin de cuenta, los hasta ahora 600 graduados de tal Programa, no han sido siquiera incorporados al Sistema de Justicia, con lo cual, sería una falacia, o por lo menos una injusticia (tipo oferta engañosa) lo que se estaría haciendo con los bolivarianistas. Dicho en otras palabras: que con las enseñanzas del “Manifiesto Comunista” o el “Dass Kapital” tales abogados revolucionarios como jueces (¡Dios nos libre!) no podrán resolver un interdicto posesorio, o declarar la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, o resolver un sobreseimiento en un intrincado caso de estafa.

En tal apertura, los embobinados gritaban a los entogados jueces: “Aquí viene la Justicia Revolucionaria”, “Ahora llegamos los hijos de la Revolución”, “Aquí estamos los hijos de la Patria”, ante el desconcierto, terror y angustia de los jueces que han sudado la gota gorda por mantenerse con trabajo y constancia en sus cargos, después de un sin fin de concursos y exámenes. Todo ello respaldado con la presencia del tal Julio Latan, miembro de la Comisión Interventora del Colegio de Abogados de Caracas, y presidente de los abogados bolivarianos, que hacía lo suyo y se desparramaba en saludos ante quien se hallaba, para ver si se reconsideraba su exclusión para ser coordinador de la Defensa Pública Penal;

Con respecto al Discurso de Orden, de parte de la Dra. Marrero, diletando sobre el manido tema de la distinción entre Derecho y Justicia, dicha expositora no sólo tercamente, interrumpió el acto exigiendo que se le nombrara una comisión de magistrados que la acompañara antes y después de su diletancia, sino que, inconcebiblemente, dos veces traspapeló el discurso y así se detuvo, para sorpresa de hasta el propio Chávez que no tuvo más que ponerse a aplaudir para enmendar el desaguisado. Nada feliz tal discurso, rematando que la unión de Derecho con Justicia se resolvía solamente “...con el socialismo”...; con los consiguientes rabiosos aplausos de la concurrencia revolucionaria;

Por cierto que en la integración de la Sala Plena en el protocolar acto, sólo se veían a 31 magistrados, en lugar de los 32 que integran el Tribunal, con la notoria ausencia del magistrado Cabrera, que jubilado, aún no se ha designado su reemplazo. Pero, por otra parte, y esta vez como “Magistrado Emérito”, se encontraba el jubilado magistrado Iván Rincón, quien se vino para el acto desde el Vaticano, y fue tan o más saludado que hasta el propio Chávez;

En el saludo protocolar del Presidente con los 31 magistrados, ciertamente hubo bastante cercanía de éste con los magistrados: Morales, Mora, Aponte y Jaimes. Respeto con el Dr. Zerpa. Frialdad absoluta con el Dr. Dugarte. Y a pesar de las diferencias con los magistrados Mármol, Ramírez y Rondón, las conversaciones con ellos fue calida y plena de chanza sobre las jubilaciones y años en el TSJ;

El caso es que, se comentó que Águila 1, tanto fuera del acto como en el mismo, sacó cuenta con la presidenta Morales, de cuándo se le vencía el periodo a cada uno de los magistrados y de cuantas plazas de jubilados había. Pero se habló, lo peor fue la exigencia de cifra de cuantos tribunales hay en el país, con miras a ponderar una reducción de ellos como solución para paliar la crisis energética y fiscal; lo que luce contradictorio frente a la inminente incorporación de los egresados de la bolivariana. Se dice que durando tanto el acto, por encima de la 1 pm, Chávez miró las lamparas encendidas en la Sala, y le comento a la Dra. Luisa Estela, que se estaba incumpliendo con la reducción energética.

En fin, un acto bien significativo en donde lo más destacable es la lectura entre líneas de lo que allí pasó.

Revuelo en el Supremo.- Se comenta que en la Asamblea Nacional sólo se espera la inminente desincorporación del magistrado Ortiz, de la Sala de Casación Civil, por problemas con la Contraloría General (y una segura imputación fiscal), por parte del Poder Ciudadano; y la salida (¿vía renuncia?) del magistrado Dugarte, de la Constitucional (cuyo hermano, el diputado, ha caído en desgracia ante los ojos revolucionarios, por más que se desgañite en los programas matutinos de Televen, y no tendrá posición salidora en los próximos comicios parlamentarios, lo pondrán en un municipio opositor de Caracas), para iniciar el Concurso con miras al ingreso de magistrados, en cuatro plazas de la Constitucional, una en la Civil y otra en la Penal. Se comenta que, con respecto a esta última, si se jubilare la Dra. Mármol, hasta el propio Comandante quiere que esa posición se reemplace con un magistrado cercano a la oposición, para así mantener la apariencia de independencia del Máximo Tribunal, en una de las Salas más emblemáticas por lo que representa. De operarse tal jubilación, se da por descontado que un actual juez superior penal de Caracas, reemplazará a la Dra. Mármol en tales lides.

Presos parlamentarios. Es casi un hecho que variadas víctimas de la llamada justicia parcializada se lanzarán al ruedo electoral con miras a curules en la Asamblea Nacional, los nombres: María Lourdes Afiuni, Patricia y Rafael Poleo, y otros, suenan con o sin apoyo de la llamada Mesa de la Unidad o de los partidos mayoritarios. El movimiento se llamaría: “Justicia Libre”.

LAS VERDADES DE MIGUEL

LUNES Y MARTES SON DE CARNAVAL

SOBRE EL HORARIO RESTRINGIDO DE LABORES EN EL PODER JUDICIAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE AHORRO ENERGÉTICO

Mérida (CDS) Desde el SUONTRAJ seccional Mérida hemos visto con suma preocupación como se anteponen intereses particulares sobre intereses colectivos. Vemos con asombro la manera discrecional de aplica, a su justa medida, que violan derechos colectivos tanto de trabajadores judiciales como de la sociedad en general.

Últimamente la aplicación de normas y leyes se hace de manera discrecional. La función de la administración de justicia, enseñan en las Facultades de Derecho de las Universidades no es otra cosa que la aplicación de leyes que resguarde el estado de derecho y la paz social siempre en el más estricto cumplimiento y vigilancia de los derechos humanos que asisten y protegen a aquellos quienes son procesados y/o investigados en un “estado democrático de derecho y de justicia”.

Decimos esto por cuanto vemos como el Tribunal Supremo de Justicia en el uso discrecional de la ley aplica a su particular entender la misma. Sólo basta con observar la Resolución 2009-0008 de fecha 18 de marzo de 2009 donde en sus considerandos señalan “Que el Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República son el soporte fundamental de la vigencia plena de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República” “Que es un deber impostergable garantizar al pueblo venezolano el ejercicio pleno y soberano de los derechos y garantías consagrados en nuestro ordenamiento jurídico”. Igualmente en la Resolución 2010-0001 en sus considerandos se establece “Que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49, cardinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el servicio público de administración de justicia, debe estar regido por los principios de transparencia, autonomía, gratuidad, imparcialidad, independencia, responsabilidad y celeridad, a cuyo efecto los Tribunales de la República deben estar integrados sólo por el personal necesario y acreditado para la materialización de tales principios” “Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.262, de fecha 11 de septiembre de 1998, en su artículo 31, establece que los Jueces están obligados a cumplir un horario de trabajo de ocho horas diarias cinco días a la semana y que, de conformidad con lo convenido en la Cláusula N° 9-B de la II Convención Colectiva de los Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Poder Judicial, fue reconocida la jornada de servicio de siete horas diarias de lunes a viernes, con horario de 8:30 a.m, a 3:30 p.m” y “Que por mandato constitucional corresponde al Poder Judicial y, a su máxima instancia, velar por la no interrupción del servicio gratuito de Administración de Justicia, aún ante situaciones de fuerza mayor como las que nos ocupa; de manera que es su deber insoslayable la implementación de medidas o mecanismos que hagan compatible a tales restricciones de energía con el libre acceso, atención y seguridad de los justiciables ante sus instalaciones”.

Ahora bien, como todos sabemos la administración de justicia es un servicio público indispensable, tal y como la misma Resolución 2010-0001 lo establece que no debería paralizarse por cuanto pone en riesgo “una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” por lo menos en lo que respecta a la justicia penal, ello en virtud de que los procesados y penados, quienes también son seres humanos y deberían gozar del respeto a sus derechos humanos más básicos, mínimos e indispensables, también garantizados en la Constitución Nacional están actualmente siendo objeto de violación del “principio de celeridad” garantizado en nuestra Carta Magna. Y ello es así por cuanto los traslados que se hacen desde los diferentes penales tardan entre 4 y 5 horas para llegar a los Circuitos Judiciales, es decir, que si unos procesados o penados que son trasladados desde Rodeo I, Rodeo II, Los Teques, Yare I o Yare II para una audiencia o un juicio al Palacio de Justicia de Caracas estos llegaran entre 10:00 am y 11:00 am por lo que lejos de contribuir a hacer la justicia más expedita la reducción del horario de labores en el poder judicial pone en estado de indefensión a quienes aspiran un juicio justo y rápido de conformidad con los principios de transparencia y celeridad constitucionales.

No entendemos de ninguna manera que se trate de justificar un “horario restringido de labores” en el poder judicial cuando este  “horario restringido de labores” vulnera derechos tanto de los integrantes del poder judicial (llámense empleados) como de la comunidad procesada y penada y de sus familiares.

Y vulnera derechos de los empleados judiciales por cuanto la instauración de un “horario restringido de labores temporal” ha sido una decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de manera unilateral, es decir, ha sido una decisión impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia sin consultar a los sindicatos que hacen vida dentro del poder judicial tal y como lo manda la II Convención Colectiva de Empleados del Poder Judicial. Todos sabemos y estamos conscientes que lamentablemente el “problema de energía eléctrica” por el cual transita nuestro país no es “temporal” y que depende de condiciones atmosféricas y meteorológicas para que tenga pronta resolución por lo que llamarlo temporal (como alguna vez se llamó a una categoría de jueces suplentes y que duraban años en sus funciones) es un desacierto por cuanto no sabemos que tiempo durará. Tal temporalidad puede durar poco (es lo deseado) pero si esa temporalidad al no resolverse prontamente el problema energético dura años y años la misma se convertirá de temporal en perenne. Esta “temporalidad” nos preocupa sobremanera por cuanto con la reciente “resolución de ahorro energético” impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia sin consultar a nadie en la actualidad se han suspendidos todos los permisos contenidos en la cláusula 22 de la vigente Convención Colectiva de Empleados del Poder Judicial, es decir, se viola el derecho al estudio de los empleados judiciales (que es un derecho constitucional) y con elloo lo que se pretende es que los empleados judiciales no estudien en la aplicación de una especie de “OBSCURANTISMO JUDICIAL” como en la edad media; se pretende que no se asista a las exequias fúnebres de una familiar; se pretende que los empleados judiciales no contraigan nupcias; se pretende que los empleados judiciales no tengan estirpe y en consecuencia no tengan hijos; se pretende que las madres no amamanten a sus hijos (que es un plan del ejecutivo nacional que las madres le den leche materna a sus pequeños hijos) en fin se pretende en el uso discrecional administrativo que tiene el Tribunal Supremo de Justicia de aplicar normas en vez de aplicarlas a favor de los empleados judiciales hace todo lo contrario las vulnera y no se detiene ni se conforma con ello sino que pone en estado de indefensión a los procesados y penados al no cumplir  con los postulados y principios constitucionales contenidos en el artículo 26.

En este país que amanece antes de salir el sol, de gente pobre y de almidón, en este país en el que nacimos y al que siempre queremos regresar, que amamos y defendemos con pasión, en el poder judicial de nuestro país, se violan derechos constitucionales.

Solo esperemos con esperanza que es lo último que se pierde, por el bien del sistema de justicia y de su composición constituido “por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio” que se pudiera revisarse en favor de hacer “justicia social” la injusta Resolución 2010-0001 en favor de los afectados.

Introducen recurso de amparo ante el TSJ por recorte de horarios que ‘afecta a 22 mil reclusos’

Humberto Prado, miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones, acudió la mañana de este lunes al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de amparo por la reducción de la jornada laboral en los tribunales.

“Esto afecta el derecho a la tutela efectiva en lo que tiene que ver con un juicio expedito, inmediato”, dijo Prado.

Explicó que debido a este recorte en los horarios, se ven afectados unos 22 mil reclusos. Este recurso de amparo ha sido introducido por el OVP, respaldado por Provea y Acción Solidaria, así como por otras organizaciones y profesionales.

Según Prado, para trasladar a un preso desde un tribunal “cuesta Dios y su ayuda”, especialmente si los circuitos penales y los tribunales quedan alejados de los sitios de reclusión, encontrándose además con audiencias diferidas debido a los nuevos horarios, implantados como parte de un plan para ahorrar electricidad en las instituciones públicas.

“Se afecta el acceso a la justicia”, dijo el miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones. “Es grave lo que esta sucediendo en nuestro país, la justicia no se puede recortar”, concluyó.

fuente: Noticias24.com

(27/01/2010) - Reducir horario en tribunales agudiza retardo procesal a reos

Trescientos sesenta y seis presos murieron en el 2009

La cifra que dejó como resultado la violencia en las cárceles venezolanas, fue presentada por el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, abogado Humberto Prado

Caracas, (Especial/AA). El año 2009 cerró con un saldo de trescientos sesenta y seis presos muertos, además de 635 heridos en las cárceles del país, según el informe anual presentado este martes por el Obervatorio Venezolano de Prisiones. Aunque el balance registró una baja, en comparación con los dos años anteriores, el tema del retardo Procesal, sumado a las carencias que padecen los centros penitenciarios en el país, mantienen viva la crisis carcelaria.

La cifra que dejó como resultado la violencia en las cárceles venezolanas, fue presentada por el coordinador general del OVP, abogado Humberto Prado, quien estuvo acompañado por el abogado Wilmer Linero. Prado anunció que actualmente, en el país existe una población carcelaria de 32. 624 internos, de los cuales sólo 9.287 son penados, 1.512 gozan de medidas de destacamento de trabajo, mientras que 21.825 se mantienen en situación procesal. Durante el 2009, los penales con mayor incidencia de violencia, por la cifra de muertos y heridos en conflictos internos, fueron la cárcel Tocuyito con 53 fallecidos, la cárcel de Maracaibo con 35 decesos por violencia, Uribana con 28, Aragua con 26 y Yare I con 24 reclusos muertos.

Así mismo, en el informe del OVP se incluyen otras muertes producidas en comandancias policiales de retención preventiva y que no son destinadas como centro de reclusión.

En esta lista figuran el “Sepinami” (Centro de detencion de adolescentes, Ubicado en los Teques, estado Miranda, la Comandancia General de Polianzoátegui, la Policía Municipal de El Tigre, PoliBaruta, la zona 7 de la Policía Metropolitana en Caracas y el Palacio de Justicia del Distrito Capital.

Se mantiene retardo procesal

Humberto Prado señaló que además de los hechos de violencia que han cobrado la vida de un considerable número de internos en cárceles, se mantiene la grave situación de salud, hacinamiento y el retardo procesal que ha desatado dos huelgas en prisión en el primer mes del año en curso.

A esta situación, el abogado acotó el agravante de la reducción en el horario para la administración pública, como medida implantada por el Gobierno para el razonamiento eléctrico que redujo a cuatro horas, la atención en el sistema judicial, en lo concerniente a la celebración de audiencias.

Indicó que en lugar de agudizar el retardo procesal existente en el sistema penitenciario del país, el Gobierno debería instar al Ministerio de Interior y Justicia, para la instalación de salas de audiencias dentro de los penales.

Por otro lado, hizo referencia al proceso de descentralización en las cárceles venezolanas, contemplado en el artículo 272 de la Constitución Nacional Vigente y al cual no se ha dado cumplimiento en los once años que lleva el Gobierno de turno.

Según el informe del OVP, en la actual gestión gubernamental que se inició en el año 1999 hasta la fecha, han sido asesinados 4.030 presos en el país y 12.036 han resultado heridos.

CIDH extienden medidas provisionales al abogado.

La Corte Interamericana de Derecho Humanos, emitió medidas provisionales de protección, sobre el abogado Humberto Prado, en su carácter de defensor de Derecho Humanos en materia carcelaria en el país.

Prado dio a conocer la decisión del ente internacional, este martes durante la presentación del informe anual de la violencia en prisión para el año 2009.

El abogado explicó que las medidas obedecen a las constantes y reiteradas amenazas en contra de su persona, como director del OVP, organización no gubernamental que monitorea la situación en los penales y que ha activado los mecanismos internacionales para denunciar públicamente las violaciones a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en el país.

Fuente:
Diario La Voz
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=VEN&pagina=http://www.diariolavoz.net
27-01-10

ABOGADO DE LA EX JUEZA AFIUNI PIDIÓ QUE SE HAGA JUSTICIA EN SU CASO

Juan Garantón, abogado de la ex jueza María Afiuni, se pronunció este miércoles denunciando que a su defendida se le están acusando de delitos que no cometió, señaló además que no existe ningún medio de prueba.

Destacó que Afiuni es juez titular desde hace ocho años en el Palacio de Justicia y que tiene una carrera “intachable”, según su criterio está siendo privada de libertad sin argumento.

El abogado informó que a la ex jueza, le fue fijada la audiencia preliminar para el 18 de febrero. Dijo que en Venezuela a cualquier persona por delitos incluso mayores se les dan medidas cautelares sustitutivas.

En este sentido solicitó al Ministerio Público y a la juez que está llevando el caso que acuerde una medida cautelar.

Explicó que María Afiuni tenía más de 45 días sin acusación y que ‘a última hora se consignó una acusación sin ninguna prueba para sustentar una medida privativa de libertad’.

“Aquí cualquier juez de la república se siente con miedo a decidir después de este ejemplo que se está dando, donde la juez no puede ser autónoma”, añadió Garantón y a su vez aseguró que “el Ministerio Público no permitió que ella fuera autónoma, sino que al dictar una medida cautelar, a los diez minutos llegó la Disip y se la llevó presa”.

Recalcó que “no ha habido justicia” y pidió que por favor se decida en torno al caso, conforme a derecho.

POR NUEVO HORARIO JUECES SOLO LOGRAN TRAMITAR 25 % DE PETICIONES

Mayoría de juicios y audiencias preliminares están siendo diferidos

A tres días de la entrada en vigencia del nuevo horario judicial, las primeras consecuencias de la medida comienzan a sentirse: Los jueces penales de Caracas apenas logran tramitar 25% de las peticiones que hacían antes.

"Los tribunales de primera instancia antes realizaban alrededor de 20 actuaciones diarias, pero ahora se hacen 3, a lo sumo 5. Por su parte, las cortes de apelaciones realizaban entre 5 a 10, pero hoy algunas no han hecho más que dos", aseveró una juez consultada por este diario, quien solicitó mantenerse en el anonimato.

Sobre la suerte de los juicios orales y públicos y las audiencias preliminares (actos donde se decide si una persona será enjuiciada o no), otro juez consultado indicó: "La mayoría de esos actos están siendo diferidos, solo se están realizando las audiencias de presentación, debido a que en ellas está en juego la libertad de las personas".

Desde el Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) se sumaron al coro de voces que han criticado la reducción de tres horas del horario judicial, por considerar que la misma vulnera el decreto presidencial sobre el ahorro energético y las leyes.

"El decreto habla de que no se verán afectados por la reducción de la jornada los servicios esenciales y las leyes establecen que la justicia es un servicio esencial, por lo que los magistrados han violado tanto el decreto como otras disposiciones legales", afirmó el presidente de la organización, Luis Galviz.

Férreo control

Con el propósito de verificar el cumplimiento de la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fijó el horario de trabajo de los juzgados entre las ocho de la mañana y la una de la tarde, un grupo de inspectores de tribunales se dan a la tarea de constatar que los despachos queden totalmente a oscuras a la una.

"A las 12:45 se comienza a ver salir a las secretarias, abogados y jueces con mucha prisa hacia la Oficina de Control de Asistencia, para firmar y salir del Palacio a la una en punto, pues a partir de ese momento comienzan a apagar las luces, equipos y aires acondicionados y los inspectores y alguaciles regañan a quienes se demoran", precisó otro informante.

En predios del máximo juzgado hay quien no descarta que la actual crisis eléctrica está siendo aprovechada también para llevar a cabo una depuración solapada del Poder Judicial.

"La presión por cumplir el nuevo horario. Las amenazas de ser destituido si uno llega luego de las ocho de la mañana. La negativa a dar permisos o la decisión de quitar los microondas para que la gente no pierda el tiempo calentando su comida, pues están haciendo mella en mucha gente", agregó un confidente.

Tres horas de despacho

Los tribunales aragüeños no solo tienen que hacer frente a la reducción de la jornada aprobada por el TSJ, sino que también deben lidiar con los cortes que realiza la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

La entidad central ve interrumpido el suministro de energía tres días a la semana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, lo que supone que esos días la justicia aragüeña solo puede despachar tres horas en la práctica.

Con información de Érika Guillén

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS CON TEMARIO NACIONAL Y CARÁCTER EXTRAORDINARIO

TRIBUNALICIOS RESALTAN QUE REDUCCIÓN DEL HORARIO VIOLA DERECHOS

Los empleados de los tribunales reclaman contra la oscuridad impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) denunció ayer que la Comisión Judicial del TSJ viola el decreto presidencial sobre ahorro de electricidad, cuando reduce su jornada laboral. Luis Galviz, jefe de Suontraj, recordó que "la administración de justicia es un servicio especial", razón por la cual su horario no puede sufrir estas restricciones.

Para superar esta crisis, el dirigente gremial expuso dos propuestas: "instalar tribunales de Control, Ejecución y Juicio en los recintos carcelarios para que la población reclusa pueda tener pronunciamientos oportunos; y que el TSJ compre plantas eléctricas".

¿Y los recursos? Galviz anunció que a partir del lunes convocarán asambleas de trabajadores en todo el país. "Vamos a protestar porque la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) no nos dio aumento de salario, no paga prestaciones sociales ni fideicomisos desde 2006, y no discute la tercera convención colectiva desde 2007", enumeró.

El representante de Suontraj destacó que tampoco les cancelaron los aguinaldos completos de 2009, "pese a que la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, dijo que ese dinero estaba presupuestado".

El líder sindical exigió a la Fiscalía General que "acelere la investigación que pesa sobre la DEM por el manejo de un crédito adicional de 300 millones de bolívares fuertes, aprobado por la Asamblea Nacional en 2008".

Pedro Pablo Peñaloza
EL UNIVERSAL

foto: Diario El Universal.

Exigen a TSJ revisar cortes de luz en tribunales

Publicación: 23/01/2010 01:00:00 a.m.

Un contundente rechazo a las medidas adoptadas por el Poder Judicial para reducir el consumo eléctrico en todos los tribunales del país, expresó este viernes el Sindicato Nacional de Trabajadores Tribunalicios.

Tal posición la expuso el presidente de la organización gremial, Luis Galvis.

“El sindicato está en total desacuerdo con el racionamiento eléctrico. La administración de justicia es un servicio esencial y al ser un servicio esencial está excluido de la medidas de racionamiento anunciadas por el Ejecutivo nacional”, enfatizó.

Se refirió a la resolución emitida por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y vigente desde este lunes, que reduce “temporalmente” el horario de labores de los tribunales de todas las jurisdicciones en más de tres horas, lo que ha redundado en la profundización del problema de retardo procesal que ha determinado que el 80% de la población penal guarda la condición de procesada.

“¿Cómo se le va a explicar, por ejemplo, a una persona que está presa en algún recinto carcelario que su audiencia que tenía para las 2 de la tarde ha sido diferida y reprogramada? Es jugar con la libertad de las personas, y no se ha tomado en consideración que el más perjudicado con este racionamiento eléctrico, que no tiene justificación en el Poder Judicial, es el público usuario de la justicia”, lamentó Galvis.

Por otra parte, el presidente de Suontraj indicó que la medida “inconstitucional” ha traído otras consecuencias negativas, como que “se ha desatado una arremetida y represión patronal en contra de los trabajadores”, precisó.

“Se nos prohíbe tomar ningún tipo de permiso, incluso los que tienen que ver con la maternidad, se nos prohíbe hablar entre compañeros de trabajo, se nos prohíbe tomarnos un cafecito, hasta nos cuentan las veces que vamos al baño y nos amenazan que el que llegue tarde, así sea por un minuto, va a ser despedido de su cargo en aplicación a la restructuración ilegal que acordó la Sala Plena del TSJ”, denunció el sindicalista.

Con tales argumentos, el representante del sector judicial fue claro a exponer la posición del gremio: “El TSJ debe reconsiderar y establecer una medida de racionamiento eléctrico distinta a esta paralización ilegal del servicio que están aplicando en todo el país”, recalcó.

fuente: El IMPULSO

SUONTRAJ RECHAZÓ AHORRO ENERGÉTICO EN EL PODER JUDICIAL

JUECES QUE INCUMPLAN HORARIO DE CINCO HORAS SERÁN REMOVIDOS

La fiscal general asegura que está evaluando el impacto del cambio

La aplicación del nuevo horario judicial no sólo ha generado confusión entre los usuarios, sino también estrés entre los jueces, pues a ellos se les advirtió que el incumplimiento del mismo acarreará su destitución. "Verbalmente nos amenazaron con abrirnos un procedimiento disciplinario ante la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia si llegamos después de las ocho de la mañana en tres ocasiones.

El estacionamiento utilizado por los jueces se cerraba a las 8:00 am (...) al haber solo dos parqueros en el interior del estacionamiento se hizo una cola que llegaba al túnel de El Silencio; el desespero reinaba, la angustia por el temor a ser destituidos si no marcaban tarjeta a las 8:00 hizo colapsar a más de uno. Pero por si fuera poco, sin tiempo a sentarse los jueces eran visitados por un inspector de Tribunales, quien explicó que se trata de una inspección de vigilancia, acto seguido ingresaba a los despachos de los jueces para verificar si se encontraban o no presentes", relató una juez penal consultada por este diario, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Tras asegurar que la misma amenaza pende sobre los empleados administrativos, la informante auguró que la reducción de tres horas agravará el retardo procesal y provocará nuevos conflictos en las cárceles. "Muy poco es lo que se ha podido hacer. Los traslados de los procesados se realizaron a las 12, pero los devolvieron a sus internados pues las audiencias no pueden iniciarse después de la 1:00 de la tarde", señaló. Sin embargo, desde el TSJ se rechaza categóricamente que el nuevo horario vaya a producir más demoras en el sistema. "Todos los juzgados tomarán las previsiones necesarias para no afectar ni suspender el servicio", indicó la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en un comunicado de prensa, en el cual recordó que en la resolución donde el máximo juzgado estableció el horario de ocho de la mañana a una de la tarde también se ordenó el establecimiento de guardias para atender los casos en trámite.

Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que su despacho está "evaluando" las posibles repercusiones que el cambio podría tener en el derecho al acceso a la Justicia. "Hay que ponderar cómo se está aplicando el ahorro de energía. Hay que implementar el exhorto presidencial pero de manera no traumática. Hay que ahorrar energía y a la vez darle respuesta a los venezolanos", afirmó la jefa del Ministerio Público durante la rueda de prensa que ayer ofreció para presentar los proyectos que el Consejo Moral Republicano pondrá en marcha este año. Otras medidas Además de la reducción del horario, el TSJ adoptó otras medidas para ahorrar energía, entre las que destaca la prohibición de usar microondas, televisores y otros electrodomésticos en los tribunales; y a los aguaciles se les ordenó revisar que todas las oficinas queden a oscuras una vez cesen sus labores. Para compensar las horas que dejarán de laborar, las autoridades tribunalicias han prohibido a los trabajadores tomar permisos para desayunar o hacer cualquier diligencia personal, aseguró la juez informante.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL

TRIBUNALICIOS EXIGEN CESE DE AHORRO ENRGÉTICO

Miembros de los sindicatos exigen que se investigue el uso de los recursos por parte de la DEM. Sugieren que los jueces trabajen desde las cárceles

22 de enero 2010 05:37 pm - Vanessa Gómez Quiroz

Empleados judiciales protestaron hoy a las puertas del Palacio de Justicia de Caracas en rechazo al racionamiento eléctrico implementado en todas las sedes del país.

Miembros del Sindicato Unido Organizado Nacional de Trabajares Judiciales (Suontraj) aseguraron que con la excusa de ahorrar energía el TSJ y la DEM han iniciado una nueva cacería de brujas en contra de empleados tribunalicios.
"Se ha desatado una arremetida de represión patronal en contra de los trabajadores, se prohíben todos los permisos, incluso los de maternidad, prohíben hablar entre compañeros, se le cuentan las salidas al baño, reunirse con otros compañeros de trabajo", denunció el presidente de Suontraj, Luis Gálviz.
Dijo que en vez de racionar la electricidad a costa de no atender a usuarios que tienen derecho a la justicia, se traslade a los jueces a trabajar a las cárceles para que se ahorren el traslado de los detenidos y no haya más retraso procesal.
"La justicia además de un servicio es un derecho que debería estar excluido del ámbito de aplicación del plan de racionamiento eléctrico, esto es jugar con la libertad de las personas, con las necesidades de los usuarios", insistió Gálviz.
Hizo un llamado al TSJ para que "en vez de pagarse un bono de 36.000 Bs. más 9 meses de aguinaldo" compren plantas eléctricas para los tribunales.
El líder sindical aprovechó para recordar que aún la Fiscalía no ha investigado la denuncia que hicieron sobre el uso de los recursos por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a pesar de que el Consejo Moral Republicano envió el expediente al Ministerio Público.
Informó que el jueves fueron despedidos 30 empleados de los tribunales del estado Monagas "a pesar de que existe inmovilidad laboral".
Anunció que la próxima semana iniciarán jornadas diarias de asamblea de trabajadores aunque tales actividades hayan sido prohibidas por la DEM: "Estamos en uso de un derecho constitucional, si hay represión de parte de la DEM nosotros tenemos el derecho de denunciarlo".
Hoy a la 1:00 pm en punto se podía observar a los empleados del TSJ saliendo de la máxima instancia judicial mientras el personal de seguridad verificara que no quedara nadie en las oficinas, excepto el personal de guardia.

SECUESTRAN A JUEZ EN SAN CRISTOBAL

Ayer en horas de la mañana, se conoció que el Juez Joahn Gerardo Ovalles, de 38 años de edad, fue secuestrado en la ciudad de San Cristóbal, al momento que intentaba mediar en una extorsión de la que era víctima su hermano.

El director de la Policía del estado Barinas, coronel Giuseppe Cacciopo, dijo que debido a que el hecho ocurrió fuera de su jurisdicción manejan pocos datos. Solamente informó a los medios de comunicación de los aspectos generales.

En la versión del suceso aparece el hermano del Juez Ovalles, quien estaría siendo extorsionado por los antisociales, por lo que se acordó una entrega de dinero en le terminal de San Cristóbal.

El Juez de la población de Santa Bárbara de Barinas, Johan Gerardo Ovalles, estuvo a disposición de hacer la entrega y mediar para solucionar el problema.

Al encontrarse con los extorsionadores, presuntamente el Juez Ovalles fue embarcado en su propia camioneta, la cual fue abandonada minutos más tarde, y hasta ahora no se ha tiene información de su paradero.

El Universal

NÓMINA DEL ESTADO SUPERÓ LOS DOS MILLONES DE EMPLEADOS AL CIERRE DE 2009

La nómina de empleados públicos en Venezuela llegó a los 2,4 millones de personas al cierre de 2009, un 10,4 por ciento por encima del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgados hoy.

De acuerdo a las cifras oficiales, un total de 2.411.603 personas aparecen como trabajadores del Estado venezolano hasta el 31 de diciembre de 2009, lo que representa el 19,5 por ciento de la población ocupada del país, precisó el INE.

El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, prosiguió durante 2009 con el agresivo plan de nacionalizaciones en los sectores petrolero, puertos y agroproductivo.

La tasa de desempleo cerró 2009 en Venezuela en un 6,6 por ciento, 0,5 puntos por encima del 6,1 por ciento que registró el indicador en diciembre de 2008, informó entonces el INE.

Vía EFE

CHÁVEZ DEBE ABRIR ESPACIOS PARA QUIENES HACEN ALERTAS Y EVITAR MALES A LA POBLACIÓN

En su columna de hoy, publicada en “El Nacional”, Vladimir Villegas opina sobre la crisis en el sector eléctrico afirmando que Chávez ‘debe abrir espacio para escuchar a quienes se preocupan por hacer alertas tempranas y por evitar males mayores a la población y a Venezuela’.

De la misma manera, Villegas indica que la crisis que se está presentando en el país revela un alto déficit gerencial en el Gobierno. “Y los movimientos de piezas en el Gabinete lo ratifican”.

Esta es la columna que publica hoy El Nacional:

El manejo de la situación generada por el déficit de electricidad ha puesto de relieve una vez más la necesidad de que en el Gobierno se abra espacio para escuchar a quienes se preocupan por hacer alertas tempranas y por evitar males mayores a la población y al país.

Lo ocurrido con el fracasado plan de racionamiento eléctrico es apenas una muestra de un estilo de gobierno que se revela como el causante principal de la pérdida de apoyo que, más allá de las encuestas, se percibe en la calle.

No hay oportunidades ni siquiera para que se escuchen voces críticas en aspectos meramente técnicos, y ni hablar cuando se trata de cuestionar el sectarismo, el aclamacionismo, la incondicionalidad y la prepotencia.

David Paravisini fue uno de los primeros en desnudar la profundidad de la crisis en el sector eléctrico y en denunciar los errores que se cometieron y se seguían cometiendo en la ejecución de políticas destinadas a garantizar el suministro de electricidad a escala nacional.

No hay oportunidades ni siquiera para que se escuchen voces críticas en aspectos meramente técnicos, y ni hablar cuando se trata de cuestionar el sectarismo, el aclamacionismo, la incondicionalidad y la prepotencia.

Cuestionó no sólo las políticas sino que señaló a los responsables. Como respuesta se le impidió la entrada a las sedes de Pdvsa y se pretendió influir en la Universidad Bolivariana de Venezuela para que le rescindieran su contrato como profesor de esa casa de estudios.

A no ser por la digna posición que asumió la rectora Yadira Córdova, hoy Paravisini sería un desempleado más como consecuencia de poner el dedo en la llaga.

Pongo este ejemplo porque revela un estado de cosas absolutamente absurdo. Se estigmatiza no sólo a quien tiene ideas distintas a las del Gobierno, lo cual de por sí es revelador de un primitivismo político absolutamente contrario al modelo de país expresado en la carta magna de 1999.

Se estigmatiza también a quienes, desde posiciones de solidaridad con el gobierno del presidente Hugo Chávez, se atreven a revelar verdades incómodas para los que sobreviven de ocultarlas, y que necesitan ser sabidas por la población en general, y en particular por el pueblo que se siente identificado con la actual administración.

Por eso estamos como estamos. Se lanza un plan de racionamiento eléctrico, incluso aprobado por el Presidente, como él mismo lo admitió. Y resultó un desastre. Pero, salvo excepciones muy contadas, desde el chavismo partidista, parlamentario e incluso ejecutivo, no hubo, que se sepa, voces de alerta.

Sólo a lo que se avizoraba como un plan improvisado, inconsulto e, incluso, que amenazaba con deteriorar peligrosamente una base social que ya comienza a dar muestras de niveles de erosión que deberían llamar la atención no sólo del primer mandatario sino también de quienes confunden lealtad con seguidismo, disciplina con sumisión y oportunidad con oportunismo.

¿Cuántas decisiones en distintos ámbitos están siendo ejecutadas sin el necesario nivel de consulta o de diálogo nacional, o al menos intrachavista, si el diálogo más allá de las fronteras rojo-rojitas no es lo “políticamente correcto”?

Terminó recibiendo el corrientazo el ministro Ángel Rodríguez, cuyo principal pecado tal vez fue el haber aceptado una responsabilidad como esa sin estar en condiciones de afrontarla con éxito.

De hecho, el Presidente frenó tarde pero, paradójicamente, a tiempo para evitar males mayores. Lo hizo también con el tema de los horarios en los centros comerciales.

Pero ¿cuántas decisiones en distintos ámbitos están siendo ejecutadas sin el necesario nivel de consulta o de diálogo nacional, o al menos intrachavista, si el diálogo más allá de las fronteras rojo-rojitas no es lo “políticamente correcto”? La crisis eléctrica ha revelado un alto déficit gerencial en el Gobierno. Y los movimientos de piezas en el Gabinete lo ratifican.

El Presidente ha dicho que su gobierno es capaz de rectificar cuando comete errores. Pues bien, la demanda de rectificaciones por parte de venezolanos que lo apoyan y venezolanos que lo adversan es creciente, y en muchísimos ámbitos. Más vale escuchar antes de tomar decisiones que corregir entuertos a posteriori.

Vladimir Villegas
Entre frenazos y corrientazos
Vía El Nacional

foto: Noticias24

DENUNCIAN QUE NUEVO HORARIO DEL TSJ reduce LA JUSTICIA A 3 HORAS

Ayer entró en vigencia, en todos los tribunales del país, la decisión del TSJ de reducir a cinco horas (de 8:00 am a 1:00 pm) la jornada laboral. Esta medida sorprendió, preocupó y angustió a la mayoría de los usuarios de los tribunales penales de Caracas.

Este es el reporte que nos ofrece El Nacional

Úrsula Mayora se levantó a las 3:00 de la madrugada. Salió de Caruao a las 4:00 am. A las 5:30 am estaba en La Guaira y a las 7:00 am a las puertas del Palacio de Justicia, en la esquina Cruz Verde del centro de Caracas. Cada 15 minutos el campanario de la basílica de Santa Teresa disminuía su esperanza de que se llevará a cabo la audiencia de juicio del hijo que tiene preso en El Rodeo.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de reducir a cinco horas (de 8:00 am a 1:00 pm) la jornada laboral en todos los tribunales del país entró en vigencia ayer. La intención de contribuir con el racionamiento de electricidad sorprendió, preocupó y angustió a la mayoría de los usuarios de los tribunales penales de Caracas, sobre todo porque la entrada implacablemente restringida a las 11:00 am. A partir de ese momento no sería posible iniciar ningún trámite judicial, sólo concluir los pocos que estuvieren en curso.

Pero a las 11:00 am no habían sido trasladados los reclusos de la prisión mirandina.

La audiencia del hijo de Úrsula Mayora que se iba a realizar en el Tribunal 11 de Juicio fue diferida. Sin embargo, la mujer de 58 años de edad seguía esperando en la entrada del Palacio de Justicia. Sólo hasta la 1:00 pm pudo hablar con una funcionaria de ese juzgado que le confirmó el inconveniente.

Con el temor de que las demoras causen la anulación de un juicio que comenzó el año pasado, la madre regresó a su pueblo en el estado Vargas.

Eco en las cárceles. Otra mujer que también esperaba el traslado de su hermano desde El Rodeo previó una posible consecuencia del retardo procesal que ha comenzado ha causar la medida de racionamiento en los tribunales: “Si por cualquier cosa los presos se cosen la boca, qué no irán a hacer cuando se den cuenta del daño que se les está haciendo”.

Un juez que accedió a comentar la situación a cambio de la reserva de su identidad también expresó su temor por la repercusión de la restricción del servicio tribunalicio en las cárceles. Por lo menos en Caracas la justicia quedó racionada a tres horas por día.

“Vamos a estar claros. Aquí no llega un preso antes del mediodía y la mayoría de las audiencias se desarrollan en la tarde”, dijo el funcionario. El abogado Roberto Taricani dio más detalles: “Se ha ofrecido la posibilidad de agilizar los traslados de modo de comenzar las audiencias a las 9:00 am. Eso sólo sería posible si se despierta a los presos a las 2:00 de la madrugada para que a las 4:00 estén montados en un autobús que puede tardar más de tres horas en llegar a Caracas”.

El litigante Omar García Agostini también perdió la mañana por 2 audiencias diferidas. Explicó que los 8 tribunales de control que quedan de guardia en las tardes (de los 52 que funcionan en la sede de Cruz Verde) sólo se pueden ocupar de casos nuevos y urgentes, generalmente relacionados con detenciones en flagrancia.

En el extremo oeste, desde donde es más fácil ver que la mitad del Palacio de Justicia es un edificio en ruinas rodeado de escombros, los reos en libertad condicional que se deben presentar periódicamente ante los tribunales no escatimaron groserías cuando se enfrentaron a un escueto anuncio: “El horario de presentación es de 8:00 am a 1:00 pm. Hasta nuevo aviso”.

Edgar López

Más retardos procesales

Nuestra población reclusa alcanza unos 32.500 internos y casi el 80% de la población es procesada, imagínense a los presos de la Cárcel de Tocuyito, que pasan de 3 mil reclusos y que van a los Tribunales de Puerto Cabello, los presos de Yare que van a La Guaira, Los Teques, Guarenas o Caracas

Por: Humberto Prado/ humpra@yahoo.com

El Tribunal Supremo de Justicia sacó una Resolución Nº 2010-0001, de fecha 14 de enero de 2010, que establece un Horario Provisional para el Poder Judicial, y que traerá más retardos en los juicios de los presos de nuestro país: "1º Todos los funcionarios judiciales, ejecutivos, administrativos y obreros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, Inspectoría General de Tribunales, Unidad Autónoma de la Defensa Pública, Escuela Nacional de la Magistratura, Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Tribunales con competencia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrarios, Marítimos, Laborales, Contencioso Administrativos, Contencioso Tributarios, Penales Ordinarios, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Juzgados con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, laborarán en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., a partir de la presente fecha y como medida temporal generada por la situación a nivel nacional en materia de energía eléctrica.

Quise traer este tema por lo grave, porque parece que los científicos del Poder Judicial lo redactaron y no preguntaron cómo sacan a un preso para tribunales.

Aprovecho que esta columna representa una trinchera de lucha, la voz de los que no tienen voz: El pase de número, que no es otra cosa que el conteo diario de la población reclusa, se realiza de 6:00 am a 7:00 am, más o menos, después comienza el reparto del desayuno, luego de bañan si hay agua y luego pasan a buscar al interno por pabellón; igual lo hace la Guardia Nacional, esa actividad la cumplen conjuntamente con los custodios civiles, salen del penal cuando son muy diligentes a las 9:00 am, por ser generoso, porque en algunos penales salen a las 10:00 am; el trayecto más cercano viene siendo de la Cárcel de La Planta al Circuito Judicial de Caracas, vendrán llegando a las 11:00 am, y para que suban a los internos de los calabozos a los tribunales es otra paridera, y cuando llegan seguramente la Audiencia ya ha pasado, y los jueces difieren la Audiencia para otro día.

Lo que digo aquí es el procedimiento, porque una de las excusas es: no hay custodia, o no hay esposas suficientes, etc.

Nuestra población reclusa alcanza unos 32.500 internos y casi el 80% de la población es procesada, imagínense a los presos de la Cárcel de Tocuyito, que pasan de 3 mil reclusos y que van a los Tribunales de Puerto Cabello, los presos de Yare que van a La Guaira, Los Teques, Guarenas o Caracas.

Habrá horarios especiales para ellos, porque la orden es bajar la cuchilla a la 1:00 pm, en punto, y así se lo hicieron saber al personal del Poder Judicial.

Tal cual. digital