Búsqueda personalizada

20 mayo 2008

La reforma del sector público

La ISP y sus afiliadas apoyan la necesidad de reformar o modernizar el sector o servicio público si se quiere lograr el desarrollo de servicios públicos de calidad. Para muchos afiliados el problema es que algunos gobiernos desvirtuan este concepto recurriendo a ideas que no son una mejora del servicio público, sino que lo destruyen. Por ese motivo, algunas afiliadas desconfían de cierta terminología que utilizan los gobiernos o las instituciones financieras internacionales. No obstante, aceptan que los sindicatos del sector público deben mostrarse activos y dirigir el esfuerzo encaminado a mejorar nuestros servicios públicos y a lograr que sean más pertinentes frente a las necesidades de nuestros pueblos.

Para los sindicatos del sector público, para crear servicios públicos de calidad, es de importancia capital que los miembros a menudo tienen una excelente comprensión de los males del sector público. Saben lo que se tiene que hacer para mejorar los servicios. Sin embargo, con frecuencia no se les consulta acerca de lo que se debe hacer para lograr la mejora – véase lo que lo decimos acerca del diálogo social.

Algunas de las publicaciones de la ISP indicadas más abajo elaboran algunas de estas ideas.
He aquí algunos de los conceptos que causan problemas en algunos países:

* Nueva gestión pública:se acoge una gestión de los servicios públicos que sea dinámica, incluyente y mire hacia delante, de modo que la fuerza laboral del sector público contribuya a entusiasmar al servicio en su totalidad. Algunas de nuestras afiliadas participan activamente en asociaciones con los gobiernos o la administración con miras a lograr tal fin. Nuestro problema tiene que ver con un estilo de gestión que sencillamente imita la manera de administrar empresas del sector privado orientada hacia el lucro (o que trae a administradores procedentes de tales empresas) con lo que desaparece el concepto del genio del servicio público. La nueva gestión pública es una teoría mercantil sobre la administración de los servicios públicos centrada en un enfoque contractual de prestación laboral y de servicio. Con frecuencia en esa teoría no se acepta que los usuarios del servicio público no son “clientes” que pagan al contado sino residentes o ciudadanos que tienen el derecho democrático de participar en la realización de los servicios que reciben.

* Mundialización y cuestiones conexas:La mundialización puede significar algo diferente según los países y servicios. La mayor parte de las personas la imaginan como la venta de un activo público o la subcontratación de un servicio a un proprietario o proveedor privado. En otras páginas de este sitio web se trata de estas cuestiones. Sin embargo, hace poco, los gobiernos neoliberales han estado promoviendo activamente dos conceptos conexos. Las instituciones financieras internacionales y las empresas multinacionales: las asociaciones público-privadas y las iniciativas financieras privadas. En la página sobre asociaciones se explican ambos conceptos con mayores detalles, aunque ahora es importante indicar unas cuantas ideas acerca de las APP y las IFP. Las APP tal vez se llaman asociación aunque rara vez lo son. Se supone que el sector público, debido a restricciones financieras (a veces por supuestas mejoras de la eficiencia) puede acceder a los fondos y experiencia del sector privado sin aumentar la deuda pública. El sector privado financia parte de un servicio o equipo públicos y, a su vez, ayuda a administrarlos (o se ocupa de su plena administración). ¿Haría Ud. lo mismo si buscara financiar su casa recurriendo a las finanzas del sector privado? No, se tiene que dar garantías al banco de que se va a reembolsar el préstamo hipotecario, pero no se le permitiría que les dijera cómo administrar su casa, a quien invitan a cenar o de qué color pintar la cocina. En la página asociación del sitio web de la Unidad Internacional de Investigación sobre los Servicios Públicos (PSIRU) encontrarán ejemplos de cómo tales asociaciones rara vez cumplen lo que prometen – por el contrario, resultan en altos costos, peores servicios, pérdida de empleo, peores condiciones de trabajo, etc. Las IFP son algo diferentes. En este caso no se trata del concepto de asociación. Más bien, el operador privado crea (o remodela) una nueva empresa de servicio público y la administra (un hospital o una cárcel), generalmente contratando su propio personal y cobrando una comisión al gobierno por cada paciente o detenido durante cierto número de años. En función del contrato y de la comisión, al final del plazo, la empresa puede pasar a ser de propiedad pública o se firma un nuevo contrato. Las IFP se han concebido expresamente para evitar el endeudamiento público –se supone que las comisiones anuales por el servicio debieran ser menos de lo que el Estado hubiera pagado por construir la instalación gracias a un préstamo y si la hubiera administrado. El problema - de nuevo les remitimos a la página asociación – es que virtualmente es más caro crear y administrar empresas de servicio público mediante ese tipo de esquemas a la vez que resultan en mayores reducciones de aquellas partes del servicio que siguen en manos públicas.

* Subcontratación :En este caso no se trata de una empresa sino de un servicio que se deja en manos de un operador privado que lo administra – servicio de limpieza de las calles o el procesamiento de datos. Nuevamente véase el sitio PSIRU o algunas de las publicaciones indicadas más abajo. Lo mismo ocurre con las APP y las IFP –los costos a largo plazo a menudo son superiores, y cuando son inferiores es porque se ha reducido el empleo, la remuneración y las condiciones. Estos conceptos están estrechamente relacionados con el concepto de contratación pública. Algunas políticas en este ámbito realmente se refieren a la adquisición gubernamental de servicios y por ende son parte de la subcontratación aunque gran parte de las compras gubernamentales son mercancías y equipamiento. En muchos debates sobre comercio se confunden los dos conceptos con lo cual la compra de energía y de agua (¿acaso es agua o servicio lo que “se compra”?) y de otras prestaciones de servicios con frecuencia se presenta como política pública de contratación. En la OMC se ejerce gran presión, y la misma OMC también, para que se cubran más y más servicios como parte de la contratación pública y supeditarlos a la competencia y la licitación. Al amparo de la competencia, se restringe a los gobiernos la capacidad de dar preferencia a los proveedores locales o a grupos minoritarios o desaventajados como los negros en Sudáfrica o las mujeres.

* Reducción de los costos, restricciones presupuestarias: se puede reducir los presupuestos públicos – en especial los presupuestos de personal – Se puede despedir al personal o no reemplazarlo a medida que los trabajadores se van – desgaste natural - o se puede trasladar al personal a un operador privado mediante la subcontratación (véase más arriba). A veces el presupuesto se reduce suprimiendo algunos servicios o cobrando los servicios directamente a los usuarios. Si bien los gobiernos recurren a menudo a tales tácticas, tales reducciones con frecuencia empiezan por iniciativa del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional (FMI). En algunas de las publicaciones indicadas más abajo o en la página IFIs aparece material sobre este tema.

* La remuneración según la prestación: es importante distinguir entre la remuneración según la prestación y la gestión de la prestación. Esto último no necesariamente se refiere a la remuneración pero puede centrarse en el establecimiento de un rendimiento determinado o de objetivos de resultados, al igual que en criterios de calidad para un servicio para luego evaluar la prestación a la luz de dichos criterios. Respecto de los rangos superiores de los empleados públicos de algunos países, el éxito obtenido en esos aspectos se puede utilizar para decidir las promociones profesionales o renovar los contratos de empleo o para convenir el nivel del presupuesto del departamento para el año próximo. Se puede utilizar estos conceptos para reorientar los servicios o los métodos de trabajo o ambas cosas y la organización. Intrinsecamente no son buenos o malos conceptos – eso depende de la medida en que los procesos de decisión sean realmente conjuntos.

La remuneración según la prestaciónes muy diferente. Aunque se ha puesto a prueba en muchos países, casi siempre ha fallado. Ello se explica por varias razones:

* Con frecuencia se establece en base a la prestación individual mientras que el trabajo mismo lo realiza un equipo – lo que lleva a todo tipo de problemas de estado de ánimo y cooperación.
* Las metas e indicadores a menudo se establecen sobre una basa cuantitativa. Ello conduce a que las personas hacen lo que se puede medir en vez de lo que funciona o es realmente pertinente para el éxito del servicio – con lo cual es el número de detenciones y no la seguridad en una comunidad lo que hace que las personas circulen por las calles.
* Si bien los políticos y los dirigentes de alto grado venden la remuneración según la prestación diciendo “déjennos pagarles lo que Uds. realmente valen, contrariamente a las rígidas restricciones establecidas por los acuerdos colectivos”, casi todos los sistemas establecidos pagan menos de lo prometido o, tras un año o dos, se establecen las cuotas de cuántas personas se puede juzgar que son “excelentes”, porque el sistema está resultando demasiado caro.

fuente: INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS