"Nosotros más que fallas hemos encontrado (en la DEM) oportunidades de trabajo o para ser mejores"
JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Aunque no fue sino hasta el pasado 2 de abril que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo ungió como director ejecutivo de la Magistratura, Francisco Ramos ya tenía meses desempeñándose como máxima autoridad de la instancia que administra los fondos del Poder Judicial.
El nombramiento de este abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) no sorprendió a nadie. Por el contrario, en predios judiciales se daba por descontado que sería él quien terminaría sustituyendo al economista Cándido Pérez. La razón: Su cercanía con la actual presidenta del máximo juzgado, magistrada Luisa Estella Morales.
La mudanza de los tribunales civiles y mercantiles de Caracas, que hoy se encuentran en el vetusto edificio José María Vargas (Pajaritos), hasta las también deterioradas torres de El Silencio, donde permanecerá sólo mientras se concluye el Palacio de Justicia de la capital, es una de las prioridades que se ha trazado. Sin embargo, no es el único asunto que deberá afrontar, pues también tiene por delante las reivindicaciones de los casi 20 mil empleados del Poder Judicial.
-La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia le daba al TSJ hasta marzo para abrir los tribunales que se encargarán de conocer los casos de violencia de género. No obstante, ese lapso ya se venció y hasta el momento no se ha abierto el primer juzgado. ¿Cuándo podrán fin a esta mora a la ley?
-Para el de Caracas ya tenemos sede, estará en el edificio de Cruz Verde (Palacio de Justicia) (...) Esperamos comenzar los trabajos dentro de poco y creemos que estará listo en junio, pero todo dependerá del ritmo de las obras. En cuanto a los del interior estamos buscando las sedes en aquellos lugares donde el TSJ decidió abrir estos tribunales (...) También estamos preparando un papel de trabajo para extender esta jurisdicción especial a zonas alejadas de las capitales de estado. Este proyecto está en marcha.
-Hace meses que venció la convención colectiva y los sindicatos están pidiendo aumentos de hasta 95%. ¿Cuál será la oferta que les harán ustedes?
-En el proyecto de convención colectiva los trabajadores tribunalicios están pidiendo 100%. Nosotros hemos estado siempre en un diálogo muy abierto con los sindicatos y los trabajadores. Ciertamente la contratación colectiva ya venció. Ya instalamos la mesa de discusión y la nueva convención colectiva entrará en vigencia en 2009, pero entretanto, para 2008, acordamos que antes del 15 de mayo vamos a otorgar un bono único compensatorio, sin incidencia salarial.
-¿De cuánto será ese bono?
-El bono está hecho para que represente más para los que ganan menos y para que represente lo justo para los que ganan más. Para un obrero, para el trabajador que menos gana, el bono supondrá 7 u 8 salarios (...) Asimismo aumentamos a 23 bolívares fuertes diarios el cesta ticket.
-¿Y los jueces? ¿Tienen previsto algún aumento para ellos?
-En el marco de la convención colectiva y como se vayan desarrollando las discusiones se irán planteando escenarios.
-¿En el presupuesto de 2008 no previeron ningún ajuste para los jueces?
-Todo dependerá. Realmente queremos ser muy cuidadosos y ir midiendo los escenarios. Si bien la convención colectiva no protege a los jueces, por ser considerados funcionarios de alto nivel, debe impactar a sus sueldos, pues es el piso mínimo para todo el Poder Judicial. No hay nada descartado (... ) Este año los jueces ya se beneficiaron del incremento del cesta ticket.
-¿El aumento de 50% que le otorgó el magistrado Marcos Tulio Dugarte, cuando estuvo al frente de la DEM, fue el último ajuste que recibieron los jueces?
-No, el año pasado los jueces también recibieron un pequeño incremento.
-Muchos magistrados del TSJ han cuestionado la manera como ha venido funcionando la DEM, pues la acusan de actuar como el extinto Consejo de la Judicatura; es decir, independiente del máximo juzgado y no como una oficina de él.
-Eso es así hoy. La DEM es una oficina del TSJ. Hay un gobierno judicial, está la Sala Plena, la Comisión Judicial y la directiva del TSJ, todas las políticas se planifican allí y nosotros las ejecutamos. Por supuesto que para la elaboración de esas políticas los datos técnicos de la DEM son claves.
Nosotros hemos iniciado una campaña de sensibilización de nuestros empleados, pues este no es un organismo meramente instrumental, que se dedica a pagar sueldos o a contratar obras, sino que garantiza un derecho fundamental como lo es el acceso a la justicia.
-Usted asegura que la DEM hoy sí opera como una oficina del TSJ. Sin embargo, hace casi dos años la Sala Constitucional dictó una sentencia que le dio gran autonomía a este organismo y que establece que la Sala Plena sólo podrá ejercer controles a posteriori. Muchos magistrados del TSJ ven en ese fallo un atentado hacia sus potestades de control sobre la DEM.
-Bueno, esa sentencia debe ser vista desde la interpretación constitucional en la que fue dada. El objeto era determinar la naturaleza jurídica de la DEM respecto de la Sala Plena y la Sala Constitucional determinó que era un órgano desconcentrado, pero no independiente. Un órgano desconcentrado tiene una firma delegada, firma sus órdenes de pago y tiene un manejo presupuestario cotidiano propio, pero tiene un órgano superior quien impulsa las políticas y ejerce el control.
Nosotros entendemos que el control lo ejerce la Auditoria Interna en cuanto a la transparencia de las actuaciones y, por supuesto, la Sala Plena, quien vela por el cumplimiento de las políticas que ella le gira. Esto nos ha permitido aclarar detalles técnicos de carácter jurídico. Esta sentencia no nos da patente de corso para hacer lo que queramos.
-¿Pero este fallo no permitiría que un futuro jefe de la DEM tome las decisiones que considere, sin importar lo que digan los magistrados?
-Yo hablo por mí. Los riesgos siempre los va a haber independientemente de las normas jurídicas y de las sentencias. En esta directiva entendemos que existencialmente, no por ninguna otra razón, este organismo no puede existir sin los lineamientos del TSJ.
-Todas las personas que han pasado por este despacho se han topado con irregularidades administrativas. ¿Usted también ha hallado alguna anomalía?
- Hay un procedimiento de ley para determinar si ha habido violación de las normas de administración que le corresponde ejecutar a la Auditoría Interna. Nosotros más que fallas hemos encontrado oportunidades de trabajo. Donde los demás pueden ver fallas o cosas, nosotros encontramos oportunidades para ser mejores.
-Bueno, pero el auditor interno del TSJ, Jesús Sánchez Toledo, sí ha encontrado fallas en la DEM y no pocas. Por ejemplo en un informe de mediados de 2007 cuestionó que el magistrado Dugarte hubiera entregado sin licitación numerosos contratos. ¿Se han tomado las medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir?
-No voy a pronunciarme para nada sobre cosas que el auditor interno haya visto a los anteriores directores (...) Sin embargo sí debo decir que cumplimos lo que dice la Ley de Licitaciones. Como la ley cambió ahora hace los concursos abiertos, cerrados y de precios y cuando se hacen adjudicaciones directas, las cuales se pueden hacer siempre y cuando el monto contratado no sea mayor a 10 mil unidades tributarias, se piden tres ofertas para asegurar la transparencia. Siempre puede pasar algo, ningún organismo ni ningún ser humano que lo dirige es perfecto, pero si conseguimos una falla la solventamos.
fente: EL UNIVERSAL