JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
La manera como la anterior directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) administró los recursos que le fueron asignados al máximo juzgado del país entre los años 2005 y 2006 fue cuestionada por la Contraloría General de la República. La razón: "No elaboró planes operativos para los citados ejercicios económicos que reflejaran de manera específica las metas y objetivos a lograr vinculados con sus actividades administrativas; así como los niveles de responsabilidad de las diferentes unidades operativas que intervendrían en su ejecución, ni fueron definidas políticas y/o estrategias en las cuales se dejara constancia de las directrices, criterios y acciones para orientar y unificar su desarrollo".
El cuestionamiento figura en el informe redactado por el director de Control de Poderes Públicos y Seguridad Pública de la Contraloría, Hector Zorrilla, quien encabezó el equipo que auditó la gestión que liderada el presidente de la Sala Social, magistrado Omar Mora Díaz.
En el reporte número 176, de fecha 30 de noviembre, Zorrilla dejó en claro que la construcción de la cerca que hoy resguarda la sede del ente rector del Poder Judicial y del preescolar para los hijos de los trabajadores del organismo fueron producto de la improvisación.
"En el caso específico del año 2005 fueron contratadas las obras del cerramiento perimentral y del Simoncito, las cuales no contaban con recursos en el presupuesto correspondiente a ese año, ni habían sido definidas de manera específica en el mismo, siendo que en lo que respecta al preescolar, según información suministrada a la Contraloría por la presidenta del TSJ, mediante oficio de fecha 3 de septiembre de 2007, aún se encontraban pendientes por pagar a la empresa constructora la cantidad de 1,08 millardos de bolívares, toda vez que no disponían de los recursos para atender tales compromisos", aseveró el funcionario.
Estacionamiento caro y lentoLa Contraloría también le puso la lupa a la construcción del tercer estacionamiento del TSJ. En este caso, además de constatar que la misma presenta un severo retraso, observó que la ausencia de una serie de documentos impidieron determinar si los 3,2 millardos de bolívares que, hasta ahora, han sido pagados por el máximo juzgado se ajustan a lo construido.
Tampoco se topó con que no hay ningún documento en el que se verifique la cesión de una prórroga o de alguna sanción contra la contratista.
En su reporte, Zorrilla coincidió con el auditor interno del TSJ, Jesús Toledo Sánchez, quien advirtió que los contratos que firmó la directiva anterior para adjudicar las obras carecían de cláusulas para penalizar los incumplimientos en los tiempos de entrega.
Asimismo, se hizo eco de los informes que advertían que las pruebas realizadas a varias de las columnas del estacionamiento habían presentado fallas. No obstante, aseveró que estudios realizados por expertos de la Universidad Central de Venezuela certificaron que la estructura es sólida y que no colapsará.
vía EL UNIVERSAL
