JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
El preescolar, cuyo costo terminó superando en 120% lo previsto, está listo para recibir niños; sólo falta que terminen la plaza (Kisai Mendoza)La Contraloría General de la República constató que la manera como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contrató y canceló la construcción del preescolar para los hijos de sus trabajadores, la cerca perimetral que hoy resguarda su sede, el estacionamiento para visitantes y la llamada plaza de la Justicia, estuvo plagada de fallas. Sin embargo, lo que continúa siendo un misterio es quién o quiénes fueron los responsables de dichas irregularidades.
En el informe definitivo número 176, de fecha 30 de noviembre, el director general de Control de los Poderes Nacionales y Seguridad Pública de la Contraloría, Héctor Zorrilla, no menciona si la anterior directiva del Máximo Juzgado o alguno de sus miembros deberá responder por las anomalías.
Durante la gestión previa que encabezó el magistrado Omar Mora Díaz y en la que la actual presidenta del ente rector del Poder Judicial, magistrada Luisa Estella Morales, era primera vicepresidenta, se adjudicaron las obras revisadas, varias de las cuales no fueron licitadas, presentaron incrementos de hasta 120% en sus montos iniciales y algunas aún no han sido culminadas, pese a que hace meses que vencieron los lapsos previstos para su entrega.
"En el TSJ no está definido que las máximas autoridades intervengan en la aprobación de las obras extras y/o modificaciones a los contratos de las obras", concluye el reporte de 22 páginas y 2 anexos, de cuya recepción informó la magistrada Morales en la reunión de la Sala Plena del pasado 12 de diciembre.
La cuerda siempre rompe...Aunque el organismo presidido por el hoy reelecto contralor Clodosbaldo Russián no identifica a ningún magistrado como responsable de las fallas, sí señala que desde la Gerencia General de Administración y Servicios de Operaciones del TSJ "en la práctica" fue donde se aprobaron los pagos adicionales. Dicha gerencia la ocupaba para la época Cándido Pérez.
En marzo pasado la plenaria del Máximo Juzgado le encomendó a Pérez la tarea de asumir temporalmente la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), instancia que administra 80% de los fondos del Poder Judicial, cargo que desempeñó hasta la semana pasada, cuando fue removido porque se otorgó una remuneración, pese a disfrutar ya de una jubilación.
No son pocos los magistrados que responsabilizan al ex funcionario de lo ocurrido con las obras. Sin embargo, otros recuerdan que él era simplemente un subalterno que recibía órdenes.
Ratificando posicionesComo ya lo hiciera el auditor interno del TSJ, Jesús Toledo Sánchez, en sendos informes elaborados en junio y julio pasados, la Contraloría constató que la construcción del "Simoncito" supuso para las arcas del Poder Judicial una erogación de 120% por encima de lo estimado originalmente, pues se había presupuestado en 1,7 millardos de bolívares y terminará costando unos 3,9 millardos.
Zorrilla, en su reporte, explicó que los incrementos se debieron a las exigencias de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) para autorizar el uso de la instalación como un preescolar.
A diferencia de los documentos elaborados por el auditor interno del Máximo Juzgado, en el del director de Poderes Públicos de la Contraloría no se menciona nada sobre el hecho de que cuatro de las nueve empresas que presentaron propuestas para hacerse con el contrato, incluyendo la que terminó consiguiéndolo, Construcciones T y H, Beta, C.A., presentaban la misma dirección y los mismos números telefónicos.
A lo que sí se hizo referencia fue al hecho de que la obra está lista y que a "simple vista" no presenta fallas, pero no se ha puesto en funcionamiento porque hay que esperar a que se culmine la construcción de la plaza de la Justicia. No obstante, advirtió sobre el hecho de que no hay ningún documento que permita determinar que la instalación fue concluida y por qué tanto se pueda determinar a ciencia cierta su costo.
Sobre la explanada que está al frente de la sede del organismo, la cual debía haber sido terminada a principios de este año y por la cual el TSJ pagó por adelantado 60% del monto, Zorrilla corroboró que la misma está totalmente paralizada. La razón: "El TSJ no cuenta con los recursos para continuarla". La magistrada Morales hace un par de meses aseguró que estaban tramitando modificaciones en el presupuesto necesarias para concluirla.
Pese a esto, Zorrilla afirmó que la misma presenta un avance cercano a 50%, lo que representaría en bolívares 1,1 millardos. Como en el caso del preescolar, en éste la empresa contratista Ramnelu C.A., achacó los retrasos a escasez de materiales y a los hallazgos de tuberías en el sitio de construcción.
En su informe, Zorrilla criticó que la empresa hubiera entregado la fianza de fiel cumplimiento siete meses luego de haber firmado el contrato con el Máximo Juzgado, lo cual viola disposiciones de la Contraloría.
