EN ACTO POLÍTICO SE CONVIRTIÓ REUNIÓN DE JUECES PRESIDENTES DE CIRCUITOS JUDICIALES DEL PAÍS EN MÉRIDA

En un acto político se convirtió VII Encuentro de Jueces Presidentes de Circuitos Judiciales Penales.

Los 23 jueces que asistieron al evento tuvieron que ver como un acto institucional del poder judicial se convirtió en un evento político. En efecto, según fuentes de información fidedigna, a las altas autoridades merideñas no les gustó para nada que el orador de orden fuese el Procurador General del Estado Mérida, pues cada día que pasa se ve más el intervencionismo del poder ejecutivo en los asuntos del poder judicial. Desde hace ya algún tiempo, hemos visto con preocupación como una organización externa al poder judicial, controla y decide todos los cargos del Circuito Judicial Penal. El primer paso que dieron fue el de despedir a un gran número de asistentes para sustituirlos por otros que no tienen los conocimientos mínimos sobre la materia. El segundo fue el de incorporar a un ingente número de abogados en el mismo circuito con el propósito de darle celeridad a las causas, pero lo que se ha convertido el pool de secretarias es en un caos terrible. Lo último que hicieron es haber seleccionado al Procurador General del Estado Mérida como orador de orden en dicho evento, convirtiendo el mismo en un acto político, pero además tratando de que el poder judicial sea un apéndice del poder ejecutivo regional. No entendemos como en un acto de esta magnitud no se selecciona a algún Juez del poder judicial merideño, que hay muchos que tienen las credenciales para hacerlo, sino que precisamente se selecciona a una persona ajena al mismo y que nada tiene que ver con la Administración de Justicia pues, el Procurador lo que tiene asignado entre sus funciones, velar por la defensa del Estado Mérida.

Seguimos insistiendo que queremos cambios profundos y que estamos de acuerdo con ellos pero, esos cambios deben respetar la autonomía de los poderes, respetar a los trabajadores y trabajadoras del poder judicial, incluidos jueces que existen muy respetables en nuestro estado Mérida y que cada zapatero se dedique a su zapato, los del poder ejecutivo a labores de gobierno, los de los Consejos Legislativos Regionales a legislar, a hacer leyes pues, y los del poder judicial a dictar sentencias. Pero, en vez de ocurrir esto, vemos a cada rato como se quiere subordinar el poder judicial merideño a un pequeño grupo de elites que desea controlar, no solo el Circuito Judicial Penal, sino también la Rectoría de la Circunscripción Judicial y la Coordinación Laboral Regional, cosa que no han podido hacer debido que al frente de estos organismos se encuentran verdaderos Gerentes comprometidos con la institucionalidad y con una nueva forma de dirigir las entes, pues respetan como debe ser, el orden establecido.

Esto, de elites que lo controlaban todo, es lo que ocurría en el pasado, eran las llamadas “tribus judiciales o mafias judiciales” y que ahora vemos que quieren a gritos repetirlas. ¿Hasta cuando ese afán y ese empeño de querer repetir lo que estaba instaurado en el pasado y que poco a poco se ha venido rescatando y recuperando para que la Administración de Justicia se haya convertido en lo que hoy es: modelo de gerencia a seguir y ejecutar en otros países?

Hoy día el SUONTRAJ reivindica una vez más la INSTITUCIONALIDAD para seguir creciendo como modelo de poder judicial y por mandato del artículo 26 constitucional hacer llegar al pueblo el “acceso a los órganos de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente” No para hacer caída y mesa limpia en una Institución que trata de marchar con buen ritmo hacia la perfección y que cada vez se moderniza y se prepara para el futuro.

PRENSA SUONTRAJ