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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
domingo 8 de abril de 2012 12:00 AM
Defensoría recibió en 2011 14% más casos de violación al debido proceso.
En Venezuela, el derecho constitucional al debido proceso no se respeta a cabalidad. Al menos esta es la conclusión a la que se arriba luego de revisar el último informe de gestión de la Defensoría del Pueblo, organismo que el año pasado dijo haber recibido 1.298 denuncias de ciudadanos contra fiscales, jueces y policías por no garantizarles su derecho a ser asistidos por un abogado, a ser notificados de los cargos por los cuales están siendo investigados, a ser procesados por los jueces naturales y a ser escuchados en todas las partes de las averiguaciones en su contra es letra muerta.
Estos números representan un incremento de 14% en comparación con las 1.139 quejas que por las mismas vulneraciones recibió a lo largo de 2010.
En el reporte que el jueves de la semana pasada entregó a la Asamblea Nacional, la defensora Gabriela Ramírez también señala que la cantidad de venezolanos que acudieron ante su despacho para denunciar el incumplimiento al mandato constitucional que obliga al Estado a garantizar una justicia expedita creció en 5%, pues pasó de 157 en 2010 a 166.
Este es el segundo año consecutivo que estos indicadores registran un aumento.
Menos ajusticiamientos
Así como las quejas contra el sistema de administración de justicia no cesan de crecer desde años 2009, las denuncias que ha recibido la Defensoría contra los funcionarios policiales también vienen disminuyendo desde ese mismo período.
En el informe se asegura que el número de personas acudieron ante el organismo encargado de velar por los Derechos Humanos de los venezolanos para exponer casos de ajusticiamientos o ejecuciones policiales, cayó en más de la mitad en los últimos 12 meses, pues pasaron de 97 en 2010 a 41 en 2011.
Sin embargo, esta caída no significa que el comportamiento de las policías haya mejorado ostensiblemente, pues la cantidad de señalamientos de otros abusos siguieron aumentando. Así por ejemplo, en el reporte figura que en 2011 acudieron a la Defensoría 13% más ciudadanos para acusar a agentes del orden público de irrumpir en sus hogares y domicilios sin la respectiva orden judicial.
En 2010, el ministro del Interior, Tareck El Aissami, admitió que 20% de los delitos registrados en el país son cometidos precisamente por quienes deberían impedirlos.
No obstante, en el reporte se destaca la labor de la novísima Policía Nacional, a la cual se le dedica un capítulo especial; y de la que se destaca el cambio de visión y de formación.
Sin embargo, el despacho dirigido por Ramírez hizo un llamado al Ministerio del Interior para que establezca "estrategias de información y difusión a las comunidades sobre los lugares y mecanismos de denuncia a los funcionarios que pudiesen incurrir en alguna vulneración de Derechos Humanos u otras malas practicas" para así reforzar la vigilancia sobre este organismo y evitar que se repitan casos de abusos registrados en otros cuerpos.
Por último, la Defensoría se comprometió a vigilar la actuación de este organismo y en particular a impulsar en éste su compromiso de velar por las garantías fundamentales de las "personas bajo jurisdicción del Estado".
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