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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 3 de abril de 2012 12:00 AM
Atribuye reducción de juicios al abuso de la admisión de los hechos
El hecho de que el Ministerio Público dejara plasmado en su informe anual que sus fiscales participaron el año pasado en 78% menos juicios que en 2010, pese a que presentaron más acusaciones, representa para el penalista Alberto Arteaga Sánchez la confirmación de que el sistema de justicia ha sido pervertido. ¿La razón? Para él esta diferencia estadística se debe al "abuso" en la figura de la admisión de los hechos.
"Aunque resulta contradictorio que se den más acusaciones y menos juicios, esto es coherente con el verdadero estado de nuestro proceso penal, el cual ha sido pervertido", afirmó, al tiempo que explicó: "El Ministerio Público presenta más acusaciones, sobretodo cuando hay personas detenidas, pero no hay juicios porque la audiencia preliminar (acto donde se decide si se somete a una persona a juicio) se difiere por años, por lo que los acusados, ante la prolongación de su detención preventiva y aunque estén convencidos de su inocencia, admiten su responsabilidad, para ser condenados y salir de la prisión por una fórmula alternativa a la prisión".
Para el exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela el uso de esta figura excepcional, prevista en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), se ha vuelto rutinaria debido al retardo que aqueja a la administración de justicia; y por ello hasta los abogados defensores se la recomiendan a sus clientes.
"La situación actual representa la negación de la justicia penal, en la cual tiene que haber controversia y debate para dilucidar un hecho. Sin embargo, las demoras hacen que muchos inocentes estén dispuestos a confesar hechos que no cometieron con tal de salir del infierno de las cárceles cuanto antes", aseveró Arteaga, quien recordó que el proceso penal venezolano fue diseñado para que no durara más de año y medio desde que se inicia una investigación hasta que el juicio es revisado por el Tribunal Supremo.
El Diagnóstico Sociodemográfico de la población penitenciaria 2010-2011, estudio que elaboró el extinto Consejo Superior Penitenciario, reveló que tres de cada cuatro reclusos que se encontraban en las cárceles cumpliendo una condena no fueron sometidos a un proceso oral y público, sino que se declararon culpables de los delitos por los que los acusaron los fiscales.
De los 39.694 reos que había en las prisiones al momento de hacerse el reporte, 15.799 (39,80%) habían sido condenados y de ellos solamente 3.492 (22,10%) se sentó en el banquillo de los acusados, mientras que los restantes 11.936 (75,55%) optaron por la admitir su responsabilidad.
Para Arteaga las cifras que figuran en el informe anual del Ministerio Público deben llamar la atención de las autoridades, pues "el que los fiscales puedan tener en promedio entre 4 y 5 mil casos no se puede seguir permitiendo, porque esto genera retardos y los retardos abre las puertas la impunidad, la cual a su vez incentiva la violencia. Se necesitan más y mejores fiscales, policías y jueces para lograr castigar los delitos que se cometan y evitar así que queden impunes".
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