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12 enero 2012

Para Provea el TSJ dio más muestras de sumisión en 2011

 

Critican declaraciones de algunos de sus integrantes

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Provea denuncia que el TSJ se encuentra subordinado a los designios del presidente Hugo Chávez

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL

lunes 26 de diciembre de 2011  12:00 AM

2011 no fue un buen año para la justicia venezolana, al menos esa es la conclusión a la que arriba el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que considera que en estos doce meses el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio mayores muestras de su subordinación a los designios del Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Para sustentar esta apreciación, la agrupación, en su último informe anual, echó mano de las 88 respuestas que el máximo juzgado dio a las denuncias que recibió contra el primer mandatario, sus ministros y organismos como la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ninguna de las acciones intentadas contra el inquilino del Palacio de Miraflores prosperó y de las 11 que fueron declaradas con lugar; es decir aquellas en las que los denunciantes ganaron, fueron contra organismos como la Contraloría y el Poder Electoral.

Asimismo más de la mitad de los casos (48) interpuestos el TSJ ni siquiera los estudió, sino que los rechazó por aspectos de forma. A juicio de Provea, con esta actitud el máximo juzgado "ha evadido poner límites al ejercicio de los poderes públicos, desnaturalizando así su rol de garante de los derechos de la ciudadanía frente a esos poderes".

Pero si estos datos no fueran suficientes, la organización también recordó las polémicas palabras pronunciadas por el magistrado de la Sala Electoral, Fernando Vegas Torrealba, durante el discurso que pronunció en el acto de apertura de las actividades judiciales, celebrado en febrero pasado.

"El TSJ y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano y democrático", afirmó en esa ocasión el juez.

Constantes cambios

Para Provea otro de los aspectos que han contribuido a atentar contra la independencia del Poder Judicial son los constante planes de reforma del mismo.

Durante el acto de inicio de las actividades judiciales, la presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, anunció la segunda reestructuración del sistema judicial en menos de dos años.

"Estamos revisando la idoneidad de algunas de nuestras leyes que pueden, en muchas oportunidades, no adaptarse al sistema de justicia y a la estructura eficaz que establece la Constitución, la cual debe garantizar la justicia por encima de cualquier otro formalismo. También se han planteado la propia estructura del Poder Judicial". Estas fueron las escuetas explicaciones que la máxima representante del alto juzgado dio en marzo pasado cuando se le consultó sobre los alcances de dicho cambio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe que publicó en 2010 sobre la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, expresó su preocupación por los constantes cambios en el Poder Judicial y exigió del máximo juzgado que le garantice a los jueces la estabilidad en el cargo.

Durante la reestructuración de 2009 El Universal contabilizó que unos 90 titulares de juzgados habían sido removidos.

Hasta el pasado 16 de septiembre la Comisión Judicial del TSJ había destituido a lo largo de la última década a cientos de jueces provisorios y temporales mediante escuetas resoluciones, muchas de ellas enviadas por fax, en las que no se ofrecía más explicación que "observaciones recibidas".

Durante el año que está por culminar el máximo juzgado no avanzó nada en el proceso de titularización de los árbitros, pese a que la Constitución y las leyes ordenan que dichos funcionarios ingresen por medio de concursos de oposición.

En la actualidad más de la mitad de los más de 1.900 jueces que hay en el país son provisorios o temporales; es decir se hicieron con sus puestos mediante designaciones hechas por el Supremo.