JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
miércoles 18 de enero de 2012 12:00 AM
Al menos 300 procesados protagonistas de unos 200 juicios que en la actualidad se desarrollan en los tribunales penales caraqueños están en riesgo de ver como sus procesos son anulados y deben repetirse, por la decisión de la Corte de Apelaciones de la capital de ordenar la rotación de todos los jueces de primera instancia.
La denuncia la formuló el abogado penalista y miembro de la organización Justicia y Proceso, José Luis Tamayo, quien ayer acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para interponer una demanda por intereses colectivos, con la cual espera que la medida sea dejada sin efecto.
"El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece ciertamente que los jueces deben rotar anualmente, pero las rotaciones no pueden hacerse causando perjuicio a los procesados y este caso se van a causar", afirmó, al tiempo que agregó: "Los jueces que comenzaron un juicio ahora van a tener que pasar otro tribunal sin terminar el proceso que iniciaron. El Código obliga a que el juez que inicia un juicio sea el que lo termine, pues de lo contrario se debe repetir".
Tamayo también denunció que la rotación, la cual se puso en marcha el lunes, según la información que maneja, está viciada, por cuanto en algunos casos los árbitros simplemente se cambiaron de un despacho a otro similar.
"Estos procedimientos fueron establecidos en Venezuela para la capacitación de los jueces de primera instancia, porque ellos tienen funciones de Juicio, Control y Ejecución, pero resulta aquí que las rotaciones se hacen de manera selectiva. Se ha enviado a un juez de Juicio a otro de Juicio y eso no es una rotación, eso es una movilización", dijo y remató: "Se están rotando a miembros de las salas de la Corte de Apelaciones, lo cual no está previsto en la ley".
Para el penalista esta medida provocará nuevas protestas en las ya conflictivas cárceles, debido a que retrasará aún más sus procesos judiciales; y por ello llamó tanto al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a tomar cartas en el asunto.
"Cuando se interrumpe un juicio hay que repetir todas y cada una de las audiencias y esto representa un costo económico, material y humano muy importante para el Estado", concluyó.
