REYES THEIS | EL UNIVERSAL
viernes 30 de diciembre de 2011 12:00 AM
Informe de académicos indica que 50% de jueces no son titulares.
La aprobación de algunos instrumentos legales ha contribuido a menoscabar la independencia judicial en Venezuela, de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
En el documento, que resume las más importantes violaciones a principios que afectan tal independencia cometidas en los últimos cuatro años, la ONG señala que el Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos "pone en peligro la función judicial al someterla a un control disciplinario con amplios poderes discrecionales y sancionatorios y permitir la inhabilitación judicial, incluso, sin que estén claras las causales".
Explica que dicho Código prevé el régimen disciplinario de los jueces y crea un Tribunal Disciplinario y una Corte Disciplinaria Judicial, que conoce en apelación de las causas de aquel y sus jueces son designados por un Consejo Electoral Judicial integrado mayoritariamente por delegados de los consejos comunales, "quienes son apéndices del Poder Ejecutivo".
También se hace referencia a la Ley de Sistema de Justicia y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre la primera, señala el documento que crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia controlada por el Poder Ejecutivo y que tiene competencias muy amplias para formular, hacer seguimiento y ejecutar las políticas judiciales, supervisar la gestión del Tribunal Supremo de Justicia y revisar y aprobar su presupuesto.
En cuanto a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el informe indica que da competencia a la Sala Plena para nombrar a los jueces y no hace referencia al concurso de oposición público consagrado en la Constitución.
Además, se establece que los consejos comunales pueden participar en la formulación de las políticas del TSJ, así como controlar su gestión, con lo que se "abre la puerta a una gran interferencia del Poder Ejecutivo, en virtud de su control sobre aquellos".
Cuestiona además que la Ley da competencia a la Sala Constitucional del máximo Tribunal para cambiar sentencias, de oficio o a petición de parte, incluso las definitivamente firmes o de otras salas del TSJ.
La ONG añade que el instrumento legal "transforma al juez constitucional en un legislador" y "al darle potestades para conocer casos de oficio, da pie a la judicialización de asuntos políticos".
También la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es cuestionada. Asegura Acceso a la Justicia que la misma da "gran discrecionalidad al juez contencioso administrativo en materia de medidas cautelares", cuando por ejemplo, en su artículo 104 señala que el juez para acordar una medida preventiva debe ponderar "los intereses público generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego".
El documento destaca que se ha producido la "captura de la profesión de abogado" y recuerda que la sala Constitucional por una acción de amparo dictó sentencia en 2008 en la que designó la representación gremial del Colegio de Abogados de Caracas, sin que ello fuera solicitado.
Añade que el Gobierno creó en la Universidad Bolivariana la carrera de Derecho, con un pénsum relacionado con el conflicto y la sociedad, mientras los estudios jurídicos son materias electivas.
Indica que en 2010 el presidente Chávez declaró que los puestos públicos serían ocupados solo por "abogados bolivarianos" y cuando el primer grupo se graduó ingresaron al Poder Judicial, por orden del mandatario, más de 700 abogados.
Además, el informe señala la falta de estabilidad de los jueces como uno de los principales asuntos que atenta contra la independencia del Poder Judicial en Venezuela.
Dice el documento que producto de las cuatro reestructuraciones que ha impulsado el Gobierno de Hugo Chávez al Poder Judicial, actualmente aproximadamente el 50% de los jueces no son titulares.
La ONG autora del informe está constituida por investigadores y profesores de la Universidad Metropolitana en el área de Estudios Jurídicos y Políticos. El grupo está dirigido por Laura Louza Scognamiglio y actúan como asesores Rogelio Pérez Perdomo, Carmen Luisa Roche, Roberto Briceño y Humberto Njaim.
