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23 enero 2012

LAS VERDADES DE MIGUEL: SECRETOS DE TRIBUNALES

Ranking judicial 2011. Como todos los años, comenzando este 2012 -año promisorio o de frustraciones, para unos y para otros (pero para el cual deseamos lo mejor a todos- he aquí nuestra humilde opinión sobre las más resaltantes sentencias dictadas en el pasado 2011:

La contraria al Derecho, la del dolo eventual: Y es que este Fallo 490 del 12-4-11, de la Sala Constitucional (que un asistente académicamente calenturiento le hizo a Carrasquero), incumple, nada menos que con los Art. 49.6 de la Constitución y 1 del Código Penal, haciendo que los tribunales y no el legislador, puedan crear delitos que no existen en Código alguno, en este caso el Homicidio por Dolo Eventual. Ello está haciendo que el Ministerio Público, en ese afán ultra punitivo que lo está caracterizando en los últimos años (para quitarse el sambenito de responsable de la inseguridad), a todo aquel que en desgracia haya tenido un accidente de tránsito con muerto o herido, lo mete en el saco del bendito eventual ese, para que pague pena de hasta 20 años. La Sala Constitucional debería, por lo menos, hacer un documental público para que lo pasen en todos los medios, advirtiéndole a la gente lo que le espera por agarrar un volante. Se pasaron.

La que otorga certeza jurídica: Inhibiciones en los Civiles. Bien idónea es la Sentencia 116 del 24-3-11, de la Civil, bajo la pluma de Carlos Oberto Vélez, que impide que el juez sustituto -el que conoce la causa mientras dura la incidencia de inhibición o recusación contra el juez titular- sentencie a fondo, impidiendo con ello la vagabundería de algunos abogados que recusan a los jueces por motivos nimios, solo para que el asunto pase a otros jueces amigos que deciden a su favor, y después tenemos que la recusación era improponible. Felicitaciones.

La evita abusos o cómo deben hacerse las denuncias. Aunque decidida a fines de 2010 se nos había quedado en el tintero reseñarla. Dictó clase la Sala Plena del TSJ, bajo la ponencia del magistrado Fernando Vegas Torrealba, en su decisión 65 del 18-11-10, estableciendo cómo deben hacerse las denuncias penales (no solo frente a los altos funcionarios públicos, como la diputada Machado, si es que la quieren enjuiciar por lo que reclamó).

La que pone a trabajar a las Cortes. No hay desistimiento tácito en las apelaciones. Así lo dijo el magistrado Coronado, de la Penal, en su fallo 139 del 26-4-11, en lo que atañe a las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público. Y es que últimamente, las Cortes de Apelaciones penales del país, habían aceptado la tesis del abandono de las apelaciones por la inacción procesal de los fiscales.
La aborrecible. ¡El delito que no estuvo, pero que está! Muy criticada fue la sentencia 439 del 27-5-11 de la abogada Morales, en la Constitucional, cuando dijo que el delito de apropiación indebida bancaria existió en los primeros tres meses del año pasado, a pesar de que el Art. 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, no lo contenía por "errores" de la Asamblea Nacional, entonces presidida por Cilia Flores. Este fallo, aunado al otro de la yaracuyana, sobre que no existe el delito de invasión a predios agrícolas, dejan muy mal parado al Poder Judicial venezolano. Pena ajena.

La justa. Contra el defenestramiento de jueces. Brillante fue la decisión 1739 del 8-12-11 del magistrado Emiro García, de la Sala Político Administrativa, en el caso de la juez superior de Yaracuy destituida Alicia Figueroa. Es elocuente en muchos aspectos: señala que los únicos entes que pueden sancionar a jueces son los disciplinarios (y por lo tanto, nunca la Comisión Judicial del TSJ) y que "...los órganos disciplinarios no podrán examinar las decisiones de los jueces, sino solo su idoneidad, porque ello constituye una intervención indebida en la actividad judicial". Destellos de buena judicatura en el TSJ.

La abulia se adueño de la Sala de Casación Social, y de la Electoral, en el pasado 2011, siendo que no hay un fallo realmente meritorio que resaltar en su sede: la mayoría de ellos, son ratificación de criterios adoptados anteriormente.

La sancionable. Nos datean fuentes confiables entre los diputados del PSUV que estuvieron allí, en ocasión del rifirrafe que hubo el viernes pasado entre la ingeniero con maestría y doctorado, María Corina Machado, con el comandante, en plena sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Nos dicen que después que ella dijo lo que dijo, y el otro, trastabillando y descompuesto, le respondió lo que le respondió, desde arriba, la presidenta del TSJ, le escribió un mensaje al ex diputado Carlos Escarrá. Le recomendaba se sancionara a la blanca María. Éste se lo susurraría a la diputada León, que intervino después pidiéndolo (diputada ésta, por cierto, y no hay que negarlo, es una honorable luchadora social, y mujer entregada a sus ideas).

La primigenia. Por fin la Corte Disciplinaria Judicial saca una decisión después de tres meses y medio de conformada. Lo hizo el 16 de diciembre pasado y ya empezó con mal pie: sus magistrados no se pusieron de acuerdo, y uno le salvó el voto a las otras. Con lo cual los litigantes en esa jurisdicción se preguntan: que si apelan en esos tribunales y no se tramita la apelación, ¿cuentan o no cuentan con el llamado "recurso de hecho"? Por cierto, se comenta que la presidenta de la Sala Política, Evelyn Marrero, más de dos veces por semana acude a dicha Corte Disciplinaria a girar instrucciones y a que le den cuenta de los casos que tienen los jueces allí.

¿Renovación fiscal? Rumores hay que el zodiaco hace de las suyas también en una importante dependencia pública. Ante esa especie, supimos que una destituida alta funcionaria se enteró del asunto y fue a pedirle ayuda a su gran amigo, el "Presidente". Le diría que si salía la jefa de aquella dependencia, que “esta tigresa oriental” estaba a la orden para el cargo. Y nos preguntamos: "¿Con qué se sienta la cucaracha?". Por lo demás, supimos de renovación fiscal en muchos cargos de la estructura del Ministerio Público, pero el mas resaltante es que en Actuaciones Procesales no está ahorita el abogado Alejandro Castillo, ¿será que vuelve por sus fueros y está solamente vacacionando?

Abogado venezolano ¿negocia? con Gobierno gringo. Como se recordará, el 30 de agosto de 2011 la televisora miamense Univisión emitió la información de que un conocido abogado caraqueño había tenido que salir a toda prisa de territorio norteamericano como consecuencia de una investigación por lavado de dinero que involucraba a altos personeros oficialistas. En aquella oportunidad se dijo que al profesional del derecho a quien endilgaban el calificativo de “testaferro” le habían revocado la visa, que le habían incautado varias empresas y cerrado varias cuentas millonarias en dólares. Luego, el pasado 8 de diciembre Nelson Bocaranda publicó en su columna “Runrunes” un desmentido que le habría suministrado el mismo profesional del derecho quien además le informó que estaba demandando por una alta suma de dinero a la cadena Univisión por haber difundido la mencionada versión que calificó de difamatoria y totalmente falsa, que no le habían revocado la visa ni le habían cerrado sus cuentas, y que por el contrario se encontraba viviendo en Miami dedicado a sus negocios.
Ante tan opuestas versiones a muchos periodistas les ha dado por profundizar en el tema ya que resulta inconcebible que una cadena de televisión haya sido tan temeraria en lanzar semejante mentira y de esta investigación se sabe que el abogado regresó a EEUU, que reside en Miami sin problemas, que el 11 de diciembre, a las 3:10 pm (por cierto 3 días después de la nota de Bocaranda) demandó a Univisión reclamando una indemnización de quince mil dólares por haberlo difamado, demanda que cursa por ante la Corte del 11 Circuito Judicial del condado Miami Dade, caso número 11-41781 CA 15. Se trata de una acción judicial menor por ante un tribunal local, y en medios de prensa de Florida corre la versión de que el abogado habría negociado con las autoridades de inteligencia para dar información sobre actividades de venezolanos relacionados con manejos irregulares de dinero, lo cual, de ser cierto, pondría de carreritas a más de uno en este país.

Lupita. Así le dicen a una joven dama casada con un marine norteamericano, que vive en Miami. Regresó a Venezuela con el cuento a su familia del norte que vendría a ayudar a su hermano en los negocios familiares. Pero aquí lo que tenía era un enredo sentimental con personajillo que fue “mister Venezuela” hace unos años. Llegó al extremo la “Lupita” de falsificar documentos para procurarse dinero de las empresas de su hermano, valiéndose de las buenas relaciones en Notarías de su gigoló y un abogado de influencias en el Cicpc. Ya Lupita tiene privativa, y lo de Lupita definitivamente es por Lupita Ferrer. ¡Qué buena actriz!, en la Audiencia de Presentación casi hace llorar a la juez que dictó la medida.