Con una decisión de alta motivación, distintos sectores merideños salieron este 9 de febrero a la calle, para marchar contra la indisposición del Gobierno de cumplir con los compromisos salariales y reivindicativos, de casi todos los funcionarios que prestan servicios en la administración pública. En el marco de la marcha convocada por el FRENTE AUTONOMO DE TRABAJADORES EN DEFENSA DEL EMPLEO, EL SALARIO Y EL SINDICATO (FADESS) los sindicatos de los trabajadores del sector público y del sector privado marcharon exigiendo respeto a la autonomía sindical, aumentos general de sueldos y salarios y respeto a los derechos Humanos Sindicales.
La Alianza Sindical Independiente (ASI) y el SUONTRAJ participó de este evento, en el cual estuvo presente entre otros sindicalistas, el abogado Francisco Cermeño, Director Nacional de Derechos Humanos de la ASI y Secretario de Cultura y Formación Nacional y Secretario de organización seccional del SUONTRAJ-MÉRIDA, donde solicitaron el REENGANCHE inmediato de los trabajadores despedidos y el cumplimiento de las actas de REENGANCHE y el PAGO DE SALARIOS CAÍDOS para los sindicalistas que tienen Providencias Administrativas a su favor. Igualmente en el marco de propuestas del FRENTE AUTONOMO DE TRABAJADORES EN DEFENSA DEL EMPLEO, EL SALARIO Y EL SINDICATO (FADESS) y la ALIANZA SINDICAL INDEPENDIENTE (ASI) está la de exigir respeto y RECONOCIMIENTO al SUONTRAJ que en los actuales momentos casi todas su directiva nacional se encuentra despedida y se hace caso omiso al cumplimiento del Contrato Colectivo administrado por el sindicato.
Cabe destacar que en el sector judicial hace más de tres (03) años no se discute Convención Colectiva, el salario se ha precarizado, el servicio de Hospitalización Cirugía y Maternidad HCM, que en el sector tribunalicio se denomina FONDO AUTO-ADMINISTRADO DE SALUD DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (FASDEM) ha presentado profundas falencias como la falta de atención de los asegurados por falta de pago a las clínicas por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, retardos en la aprobación de las claves de emergencias, cartas aval y pago de reembolsos de gastos ambulatorios; suspensión del suministro de medicamentos desde diciembre de 2010 para el personal activo, jubilado y pensionado del poder judicial venezolano.
Es increíble que los trabajadores judiciales aún perciban 18 días por concepto de CESTA TICKET cuando en realidad deberían pagar los 30 días que se pagan en el sector público.
