En el TSJ prometen que ahora sí acabarán con los "cánceres" que hay en los juzgados
El 15 de febrero, nada más conocer que la mayoría de los venezolanos derribaron la barrera que le impedía postularse a la reelección las veces que quisiera, el presidente Hugo Chávez prometió que su gobierno ahora sí se iba a dedicar "con más intensidad y esfuerzo; y sobre todo con más resultados" a combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción.
Durante el discurso que ofreció la noche electoral desde el palacio de Miraflores, el primer mandatario también lanzó la siguiente advertencia: "La República nueva necesita instituciones verdaderamente nuevas, con hombres y mujeres verdaderamente nuevos, honestos, entregados al servicio público".
Estas palabras se producían luego de que el domingo 8 de febrero, en la recta final de la campaña y en entrevista concedida a Venevisión, fustigara el funcionamiento del sistema de Justicia. "En el Gobierno, la Fiscalía, el sistema judicial, los tribunales, los jueces, todavía tenemos ahí entramados que son débiles ante la arremetida de la corrupción. Todavía tenemos muchas tuercas que ajustar", dijo.
El miércoles pasado, un mes después de los pronunciamientos presidenciales, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió iniciar una "reestructuración integral del Poder Judicial" para combatir "a fondo la corrupción, la inseguridad y la impunidad". Sólo la magistrada Blanca Mármol de León (Sala Penal) objetó la medida.
De sacudida en sacudida
La iniciativa no es novedosa, pues los tribunales han sido sometidos al menos a tres grandes depuraciones y revisiones desde 1999, cuando la Constituyente decretó la llamada Emergencia Judicial, que lideró Manuel Quijada y gracias a la cual unos 491 jueces dejaron sus cargos (ver infografía anexa). El proceso no estuvo exento de denuncias de abusos, pero no funcionó porque en mayo de 2001, la plenaria del TSJ decretó una reforma judicial y en 2005, con la llegada a la Presidencia del máximo juzgado de Omar Mora Díaz, se inició el Plan de Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial (Premius), cuyo objetivo era depurar el sistema judicial y acabar con uno de sus principales cuestionamientos: La provisionalidad de los jueces, la cual para la época rondaba el 80%.
Al año de su aplicación, 1.140 árbitros superaron los concursos de oposición y se hicieron con un juzgado, según cifras del TSJ, no pudiendo ser removidos sin ser sometidos a un proceso disciplinario. Sin embargo, el nuevo proceso de revisión pone de manifiesto que algo falló con éste también.
Uno de los protagonistas de la Emergencia Judicial, el abogado René Molina, quien para el momento ocupaba la Inspectoría General de Tribunales, al ser consultado sobre la iniciativa auguró que tampoco dará buenos resultados.
"La razón del fracaso es que nunca ha habido el compromiso político para estructurar un Poder Judicial independiente. Lo que se buscó y se sigue buscando es un poder conformado por funcionarios y no por jueces. Lo que buscan es gente que esté dispuesta a recibir instrucciones de la jerarquía del Ejecutivo y a convertir a los tribunales en una herramienta de persecución política", afirmó.
Molina recordó que el motivo por el cual él renunció, a mediados de 2000, a la instancia que debía sustanciar los expedientes contra los jueces sospechosos de estar incursos en irregularidades fue precisamente porque no quiso permitir que en los tribunales se sustituyeran unas tribus por otras.
Por su parte, el ex presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, Elio Gómez Grillo, otro partícipe de las reformas iniciadas en 1999, rechazó tildar de fracaso las revisiones hechas en los tribunales, aunque reconoció que "todavía hay politización, nombramientos indebidos y deficiencia en la formación de los jueces".
Asimismo consideró que la resolución aprobada el miércoles por el TSJ no es más que la continuación del camino iniciado por la Constituyente. "No es la tercera ni la cuarta reestructuración, sino la misma iniciada en 1999, lo que cambia es quienes la llevan adelante", agregó.
Pronostican purga
Molina auguró que esta nueva reestructuración "no será más que una caída y mesa limpia" y para sustentar su afirmación echó mano de la resolución que la decreta, la cual autoriza a la Comisión Judicial del máximo juzgado del país a "suspender, con o sin goce de sueldo, a los jueces y personal administrativo que no aprueben la evaluación institucional". "No se menciona nada del debido proceso que se debe seguir para cualquier procedimiento disciplinario", señaló, al tiempo que mostró su preocupación por el hecho de que en el decreto del TSJ no se establezcan los parámetros para revisar a los árbitros y demás empleados.
Desde el máximo juzgado salieron al paso a estos señalamientos y dos magistrados consultados aseguraron que la Inspectoría de Tribunales elaborará un baremo para determinar quién se queda y quién se va.
Respecto a los ítems que contendría dicho instrumento, uno de los informantes indicó: "Se tomarán en cuenta el número de denuncias que tenga el juez, uno muy denunciado deberá salir, pues cuando el río suena piedras trae. También se tomará en cuenta los resultados de las inspecciones que se hagan a su despacho: Si tiene expedientes retrasados, si respeta el horario, etc. Y, por último, estamos estudiando solicitarle a la Contraloría ayuda para verificar su patrimonio y ver si se corresponde con su salario".
Por último, uno de los magistrado defendió la depuración, señalando: "Tenemos que sacar a una cantidad de cánceres que tenemos en los tribunales. Cosas como las ocurridas en Anzoátegui con el caso de la Mitsubishi, donde la empresa metió dos amparos en dos tribunales civiles y esos jueces, en lugar de inhibirse y remitir el caso a un juez laboral, ordenaron a la policía desalojar a los trabajadores apostados en la fábrica, provocando un incidente donde murieron dos personas, no pueden volver a ocurrir. Allí seguramente hubo un pago. Ahora sí vamos a acabar con la corrupción y el retraso".
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
