EL UNIVERSAL
domingo 16 de marzo de 2014 12:00 AM
Douglas Jiménez escribió un tuit y le respondieron con plomo. Eso, al menos es lo que cree. Desde su cuenta responsabilizó al gobernador Francisco Ameliach por "los crímenes y torturas" cometidos en Carabobo. Eso fue a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche lo hicieron correr a balazos.
Jiménez es concejal del Municipio San Diego, en Valencia. También es vicepresidente de la Cámara Municipal, estudiante de Derecho y secretario juvenil de Acción Democrática. "El miércoles pasado, 12 de marzo, escribí que Ameliach era responsable de esos grupos de motorizados que salen a la calle a masacrar a la gente", cuenta: "En la noche iba a mi casa en la urbanización Los Sauces, en la avenida Bolívar Norte y me paré a hablar con unos vecinos. Al rato llegaron diez motorizados. Me insultaron a mí y a las personas que estaban conmigo.
Y me dijeron: 'no te sigas metiendo con el gobernador porque te vamos a liquidar'. Vi que iban a sacar las pistolas y corrimos. Empezaron a disparar y me salvé porque logré esconderme".
Eso, que ya es bastante, no fue todo.
"Gracias a Dios nadie resultó herido. Pasó un rato y los motorizados volvieron para recoger las conchas de las balas, esta vez escoltados por la Guardia Nacional", asegura: "Pero no se las llevaron todas. Tengo cinco casquillos de balas en mi poder y los voy a presentar como evidencia ante la Fiscalía junto con los testimonios de los vecinos. A pocos metros de nosotros estaba la Policía de Carabobo y no hicieron nada para proteger nuestras vidas".
Para Jiménez ya esto es parte del riesgo que implica militar en un partido político adverso al Gobierno de Nicolás Maduro: "Eso fue para callarme, para amedrentar, pero no me van a callar ni voy a tener miedo. Vamos a seguir en la calle protestando de manera pacífica".
Acción Democrática ha llevado lo suyo en medio de estas semanas de manifestaciones. El 25 de febrero Laidy Gómez recibió una llamada telefónica: estaban atacando la casa de AD en San Cristóbal. Que la iban a quemar, le dijeron. Durante el trayecto desde su casa en Rubio pensó que encontraría la sede consumida por las llamas. Una desgracia. Al llegar le alivió ver que no hubo incendio. Y que las cinco personas que estaban ahí parecían conversar de forma pacífica con el presidente del Consejo Legislativo, Omar Hernández (Psuv) y con Juan Carlos Palencia, su compañero de partido: Gómez es la secretaria de organización de AD en Táchira.
Al abrir la puerta la cosa cambió: "Entramos, incluyendo a esas personas a quienes no conocía y a quienes no les podía ver bien las caras", cuenta: "Todo estaba roto, destrozaron los cuadros, arrancaron los aires acondicionados, defecaron en la oficina del secretario general y en la mía regaron thinner. Me molesté muchísimo y caí en una discusión con Omar Hernández. Le exigí que me explicara cómo era posible que esa gente hubiera hecho esto si la casa de AD está a menos de 30 metros del Consejo Legislativo, en una zona custodiada por PoliTáchira y la Guardia. El se fue y nos quedamos Palencia, mi asistente y yo evaluando los daños".
Al poco tiempo entraron alrededor de 20 personas: gorras verdes con estrellas rojas, pañuelos rojos en los rostros, capuchas y con armas de fuego. Cortaron la luz de la casa. En su oficina, pistola al frente, le advirtieron: que se fueran ya o los "quemaban" ahí mismo. A Gómez, a su asistente y a Palencia los encañonaron más de una vez. Y a la camioneta de Gómez le pintaron la palabra 'Cuba' con spray rojo. "Decían que nos iban a matar si no nos íbamos".
Al parecer, Omar Hernández vio lo que sucedía y se apuró a interceder: "Les pidió que nos dejaran tranquilos. Debería darle las gracias porque me salvó la vida, pero también puedo decir que esas personas actuaban bajo sus órdenes. Nos dejaron ir porque él les dijo que lo hicieran. Se llevaron todo lo que pudieron. No hemos abierto la casa de AD otra vez. Nos reunimos en otros lugares porque esa gente se concentra ahí cerca, en el Consejo Legislativo, y podrían atacarnos nuevamente".
Carolina Abrusci, sub secretaria juvenil nacional de AD, recuerda que también la casa del partido en Valera fue tomada recientemente. Y militantes en buena parte del país han sido detenidos en el marco de las protestas: "La mayoría jóvenes, en Mérida, Aragua, Nueva Esparta, Caracas, Miranda, Vargas. Muchos han sido amenazados, han sufrido persecución y hostigamiento y a la mayoría de los detenidos les han vulnerado sus derechos fundamentales".
Ir o no ir preso
En San Cristóbal no hay paz. Mucho menos la tiene su alcalde, Daniel Ceballos: "He recibido amenazas de parte de casi todo el Gobierno, empezando por Vielma Mora. El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, me acusa de liderar la conflictividad en Táchira y me ha vinculado con paramilitares, con Uribe y ha dicho que recibí entrenamiento en México".
Ceballos lo resume así: "No es más que la retórica de siempre que usa el Gobierno para responsabilizar a otros por lo que ha ocasionado".
Pero el riesgo, visto lo que ya ha sucedido con otros líderes de Voluntad Popular -Leopoldo López preso, Carlos Vecchio y Antonio Rivero con órdenes de captura- luce probable: "Maduro amenaza con llevarme a la cárcel. Eso es para intimidar pero también demuestra que aquí la justicia está secuestrada".
Andrés Izarra, Diosdado Cabello y hasta Iris Varela quieren verlo encerrado. "Metiendo preso a un alcalde no van a resolver los graves problemas estructurales que aquejan al Táchira. La verdad aquí es que el Gobierno no tiene respuesta para lo que está pasando, no quiere reconocer que existe una cantidad importante de venezolanos descontentos y actúa contra ellos desde el secuestro de los poderes públicos".
Otros elementos entran en la ecuación por eso de estar en una ciudad fronteriza: "La guerrilla colombiana me ha hecho amenazas también".
Y no es, claro, el único de Voluntad Popular en la zona a quien intentan amedrentar: "El concejal José Vicente García recibe amenazas del Gobierno y de los colectivos armados. Francisco Rincón, también concejal, ha sido amenazado por los Tupamaros. Y el concejal José Luis Guerrero también, lo mismo que algunos líderes estudiantiles".
Gabriela Arellano, dirigente de la Universidad de Los Andes, sabe algo de eso: "Siempre tengo un carro del Sebin cerca. Al salir en la mañana de la casa donde me haya quedado, está ahí. El 15 de febrero iba a tomar un vuelo desde Maiquetía a Mérida. Ahí se me acercaron dos personas, muy amables, y me dijeron: 'usted es inteligente, sabe que no puede volar desde este aeropuerto'. Me tuve que devolver".
Lester Poleo se siente como objetivo político. Según este diputado del legislativo zuliano por Voluntad Popular, "todo lo que sucede en las protestas de Maracaibo parece ser culpa mía, es una línea de ataque constante. Y desde hace más de un mes hay una campaña en VTV con videos donde me exponen, me presentan como agente de la CIA, como entrenador de manifestantes violentos y cosas así. Y todo esto sin una sola prueba. El Sebin intentó entrar a mi apartamento en Maracaibo, amenazan a mi esposa, llaman a mi casa. El consejo legislativo me aplicó un veto y según dicen me quitarán la inmunidad".
Poleo es, además, coordinador del partido en Zulia: "Ser miembro de Voluntad Popular parece que ahora se considera delito.
A Lawrence Castro, coordinador en Mérida le sucede lo mismo: "En una campaña de VTV me ponen como autor intelectual del golpe suave". Castro viene del movimiento estudiantil: "Aquí los diputados oficialistas dicen que soy parte de una conspiración, que todo lo que sucede es producto de una supuesta reunión conspirativa llevada a cabo en 2009, cuando era estudiante".
Castro no es optimista: "El Gobierno apuesta a acabar con Voluntad Popular".
Por turno
El 14 de febrero en San Fernando de Apure tres dirigentes juveniles de Primero Justicia fueron golpeados durante una manifestación en el bulevar Paseo Libertador: Yandir Longgodice, José Jiménez y Cristian Molina. "Hicimos una marcha que dio la vuelta hasta llegar al punto de partida", cuenta Wilson Gallardo coordinador del partido en Apure: "Y al volver fuimos atacados y ellos tres, además del periodista Miguel Cardozo, resultaron heridos".
El secretario juvenil de Primero Justicia en Puerto Cabello, Luis Mijares, está detenido desde el 12 de febrero cuando una comisión del Sebin lo buscó directamente en su casa.
"Le acusan porque el día anterior durante unas manifestaciones en Puerto Cabello fue quemado un vehículo de la Alcaldía", explica Ronald González, coordinador de PJ en Carabobo: "No hay ninguna prueba en su contra, pero el alcalde Rafael Lacava decidió aprovechar para involucrarlo. Es tanta la arbitrariedad que una de las abogadas que lo asistió, Marisela Rodríguez, estuvo detenida durante tres días en la comandancia de la policía por reclamar respeto a los derechos de Mijares".
González aclara la instrucción del partido: "Apoyamos las protestas y las marchas, pero no la violencia". Con todo, Primero Justicia suma al menos 14 casos en que militantes y dirigentes han sido detenidos o heridos en el marco de la represión a las manifestaciones.
"Hay que entender algo: para toda la ciudadanía que está protestando será crucial la organización política", advierte Julio Borges, coordinador nacional de PJ: "El ideal del Gobierno es que no haya partidos y por eso es importante fortalecerlos. Hace unos meses el Gobierno arremetió contra PJ con aquello de la 'mafia amarilla'. Hoy lo está viviendo Voluntad Popular y mañana puede ser cualquier otro".
La organización política liderada por Leopoldo López ha difundido un video que se encuentra en Youtube identificado como "Solo en dictadura se persigue a la voluntad popular". El planteamiento central de este documento audiovisual se resume en las líneas con las que inicia: "Desde la dictadura de 1958 un partido político no había sido objeto de tan feroz persecución como la emprendida por Nicolás Maduro contra Voluntad Popular".
La historia recogida comienza con el llamado a "La Salida" hecho el 23 de enero por López, María Corina Machado y otros líderes de la oposición; y la posterior convocatoria a "la calle" que hizo él mismo el 2 de febrero. El video denuncia como primera muestra de la "persecución" contra VP el "secuestro" de los concejales Giuseppe Di Fabio y David Corzo en Nueva Esparta, quienes fueron detenidos por el Sebin a raíz de la protesta frente al hotel Venetur de Margarita.
"Di Fabio ni siquiera estaba ahí", aclaró a El Universal Juan Bautista Mata, coordinador de VP en la región: "El fue a un programa de radio porque yo se lo pedí y lo agarraron al salir de la emisora".
Hoy ambos están libres bajo régimen de presentación y con prohibición de declarar a medios y de participar en reuniones públicas.
Continúa el video con las acusaciones contra Leopoldo López por su supuesta responsabilidad por las muertes ocurridas el 12 de febrero y pasa por el primer allanamiento a la sede del partido, el 13, y la orden de captura expedida contra López. El 17 fue el segundo allanamiento, una irrupción de agentes que no se identificaron y entraron pistola en mano. Ese día intentaron detener al concejal de Sucre, Darío Ramírez: "Un guardia me golpeó, otro me agarró y me metieron en el ascensor. Allí recibí golpes, patadas, amenazas".
El 18 de entregó López y el 20 se confirmó la orden de captura contra Carlos Vecchio y previamente ya Antonio Rivero había pasado a la clandestinidad. ¿Quiénes serán los próximos? Todos están en la mira.
