Provea señala que la crisis de alimentos se inició hace dos años | Foto: Raúl Romero/Archivo
Rafael Uzcátegui dijo que el gobierno no puede argumentar guerra económica y violar derechos ciudadanos
16 de enero 2015 - 12:01 am
La situación del
desabastecimiento y escasez era previsible y “es grave la omisión del
Estado en garantizar el derecho a la alimentación”, señaló el
coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui. Indicó que la crisis
comenzó hace dos años en las regiones del país y ahora se ha agravado
porque alcanzó a los caraqueños “en grado de intensidad”.
Lamentó
que el gobierno no haya actuado para generar políticas consensuadas y
claras con los productores de alimentos. Cuestionó la difusión de
mensajes oficialistas que, en su opinión, son contradictorios.
“El
gobierno debe tomar medidas con reglas concretas a corto, mediano y
largo plazo. Se han desarrollado políticas erradas como por ejemplo la
del derecho a la tierra, la superficie cosechada en el país no ha
aumentado. No se puede seguir con el argumento de la guerra económica e
incumplir los derechos constitucionales de los ciudadanos. Debe
detenerse la política de expropiación a las empresas, que ha sido
ineficaz, y asumir decisiones estructurales. Rechazamos que se use a la
Fuerza Armada Bolivariana para prohibir manifestaciones pacíficas por
el acceso a los alimentos, esto incrementa la violencia, pero sí deben
resguardar a los ciudadanos, se han reportado atracos en las colas”,
indicó.
El vocero de la ONG repudió
la persecución por ejercer el derecho a la protesta, la toma de
fotografías y los decretos de algunos gobernadores que impiden la
realización de colas durante la noche porque considera que eso agravará
el problema. Cree que con las medidas el gobierno busca disminuir el
efecto de la campaña negativa.
Provea
registró las denuncias de que 2 de los 14 detenidos en Caracas durante
protestas por la escasez, habrían sido maltratados con electricidad. Se
denunció que los presos fueron agredidos en Cotiza. Este es uno de los
casos que denunciarán ante el defensor del pueblo en la reunión del 22
de enero.
Derechos.
El coordinador de Provea exigió al gobierno cumplir con la Constitución
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ONU) del cual forma parte. Provea recordó, en su cuenta de Twitter, que
según los estándares internacionales no se pueden adoptar medidas de
ningún tipo que tengan por resultado impedir el acceso a los alimentos y
deben realizarse actividades para fortalecer el acceso y la utilización
por la gente de medios que aseguren su calidad de vida, incluyendo la
seguridad alimentaria.
El Pacto
también establece la promoción de medidas “para que empresas o
particulares no priven a personas del acceso a una alimentación
adecuada”. Se indica que “cuando los individuos sean incapaces por causa
mayor de disfrutar el derecho de los medios a su alcance, los Estados
tienen la obligación de realizar ese derecho directamente”.
Maltrato con electricidad
El
abogado Nizar El Fakih, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB,
señaló que 2 de los 14 detenidos en San Bernardino y Santa Fe el 10 de
enero denunciaron tortura y tratos crueles en la GNB de Cotiza. El
tribunal 36 de Control no se pronunció sobre la solicitud para una
revisión médica exhaustiva a los jóvenes de 23 y 24 años. “Denunciaron
que recibieron una descarga eléctrica, en un caso fue en el brazo y en
el otro en la cabeza”, señaló.
Añadió
que algunas de las aprehensiones fueron por protestar por las colas
para comprar alimentos y otras por tomar fotos. Dijo que hubo
detenciones arbitrarias, se violó el debido proceso y los detenidos
fueron golpeados y aislados; hasta la audiencia de presentación no
pudieron ser vistos por abogados y familiares. Reconoció el trabajo del
defensor delegado al informar sobre los nombres de los detenidos.
