El Nacional.
Diputados del bloque democrático, encabezados por Eduardo Gómez Sigala, presentaron un recurso de nulidad contra la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que fue dictada en junio por el presidente Hugo Chávez mediante Ley Habilitante.
Esta es la tercera solicitud presentada ante la Sala Constitucional en la que los accionantes piden que se declare la nulidad de la norma alegando razones de inconstitucionalidad. En el TSJ también está el recurso que introdujo el abogado José Luis Tamayo y el que presentó el ex juez Ángel Zerpa.
En su escrito los parlamentarios critican la eliminación de la figura de los escabinos de los juicios penales.
"Ahora los jueces, que en su mayoría son temporales y por tanto subordinados en buena medida al Ejecutivo nacional, podrán decidir solos si condenan a un acusado", advirtió Sigala.
Los diputados también advierten, entre otros aspectos, que la norma permite la confiscación de los bienes de las personas acusadas antes de que se establezca si son culpables.
"Si la misma Constitución prohíbe la confiscación de bienes, mal podría una reforma del COPP, dictada además mediante una cuestionada Ley Habilitante, permitir que se tomen los bienes de los ciudadanos cuando no haya sentencia firme en su contra", indicó.
Retroceso
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz divulgó un comunicado en el que denuncia que el COPP que reformó el Ejecutivo nacional mediante Ley Habilitante es regresivo y contrario al principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en la Constitución.
Advierte que la norma eliminó la posibilidad de que las víctimas acudan a organizaciones dedicadas a dar protección y ayuda. "Sólo podrán delegar sus derechos en la Defensoría del Pueblo o en el Ministerio Público", señala el comunicado.
Denuncia además que la reforma elimina la posibilidad de que las organizaciones sociales presenten querellas en casos de violación de derechos humanos.
"Desde la promulgación del COPP en 1998 la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha atendido y representado a más de 1.100 familias víctimas de abusos policiales y violaciones de derechos humanos, que a partir del próximo año se verán imposibilitadas en su derecho de delegar la representación de sus derechos e intereses en una organización de atención a víctimas", advierte.
