La Alianza Sindical Independiente acusa el gobierno de irrespetar la Constitución tras la detención de Aida Martínez
–Por Comunicación CSA-TUCA
El último 23 de abril, la policía venezolana detuvo en la ciudad de Maracay a la sindicalista Aida Martínez, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Economía No Dependiente (ASOTRACEN).
Aida participaba del movimiento de resistencia a la expropiación de un terreno comprado por el colectivo de trabajadores hace más de siete años, y que sería destinado a un programa sindical de construcción de viviendas sociales para los afiliados y miembros de la comunidad local. Alrededor de 200 familias serán beneficiadas por el proyecto.
Según Carlos Navarro, secretario-general de la Alianza Sindical Independiente (ASI), en los siete años en que están de pose del terreno, los trabajadores y trabajadoras organizados en la ASOTRACEN han realizado una serie de mejorías. Poco a poco se fueron instalando los servicios de luz elétrica, agua, gas y teléfono. También construyeron una vivienda-tipo de las que van a ser viabilizadas en el local.
“Siete años después y cancelados los planos del proyecto, realizados los movimientos de tierra correspondientes, cubiertos los estudios de suelos, impactos ambientales y todos los permisos obligatorios para su construcción, todo con los propios recursos de los trabajadores y trabajadoras, el terreno y su proyecto se revalorizaron significativamente”, explica Carlos Navarro.
El secretario-general de la ASI no sabe por qué razón el gobernador de Maracay, Rafael Vicea, quiso expropiar el terreno, pero dice que los trabajadores y trabajadoras resistieron a la llegada de la policía. Y, por ello, la dirigente Aida Martínez fue detenida. Hasta el momento, el sindicato ha sido victoriso en mantenerse de pose del terreno. Sin embargo, desde el 23 abril, Aida Martínez se encuentra en el Retén de Mujeres Comando del Cuartelito.
“Se le acusa de desorden público, de crear inestabilidad en el país y hasta de fraude”, explica Carlos Navarro. “Intereses políticos y mercantiles y la manipulación del poder judicial se conjugaron para detenerla, violando todos sus derechos y fundamentalmente los contenidos en el artículo 49 de la Constitución Nacional“, según la cual “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”.
