Por primera vez censuran a un funcionario público de rango medio
Por primera vez censuran a un funcionario público de rango medioPor considerar que actuó "contrariando los parámetros éticos que a juicio de la Constitución y la Ley deben regir el ejercicio debido de las potestades públicas", el Consejo Moral Republicano censuró al juez temporal 4° de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas, Ángel Vargas Rodríguez; y le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lo destituya de su cargo.
Esta es la primera vez que el máximo organismo del Poder Ciudadano toma semejante resolución contra un funcionario público de rango medio, pues hasta el momento sólo había actuado contra un miembro del máximo juzgado del país: el hoy ex magistrado Luis Velásquez Alvaray.
La decisión la adoptaron unánimemente el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al admitir la denuncia que el pasado 9 de julio presentó Lisrayli Correa.
La accionante, quien se desempeñaba como secretaria del Tribunal 4° de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas, acusó a Vargas de haberla despedido con una "actitud irracional, carente de elementos éticos, honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, transparencia y pulcritud".
Denunció que el juez, quien se encuentra supliendo una vacante temporal, no sólo la removió de su cargo sin ningún tipo de justificación, sino que además le ordenó a los alguaciles sacarla de la sede judicial y prohibirle la entrada al edificio José María Vargas, donde se hallan los juzgados civiles de la ciudad capital.
El funcionario denunciado, por su parte, defendió su decisión, alegando que los secretarios son de libre nombramiento y remoción.
Asimismo cuestionó la legitimidad del proceso en su contra, pues, según él, el Consejo Moral sólo puede actuar contra los miembros del TSJ y no contra otros funcionarios de menor jerarquía.
En la resolución, Russián, Ramírez y Ortega desecharon este argumento señalando el Poder Judicial es integrante del Poder Público Nacional y, por tanto, ellos tienen "la facultad exclusiva y excluyente" de "imponer de manera supletoria a las autoridades y a los funcionarios que dependan de la Administración Pública Nacional las sanciones establecidas en la Ley (del Poder Ciudadano, entre las cuales figura la censura)".
Por último, el máximo organismo del Poder Ciudadano concluyó que el juez Vargas con su actuación contra Correa "atentó en contra de una de las virtudes esenciales de un funcionario de administrar justicia, como lo es la de la ética pública".
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
